Un trabajador de limpieza junto a la oficina comarcal del Sexpe.

Hay muchas ocasiones en las que la aprobación de una Ley tendrá tanta repercusión en nuestras vidas que merecería un poco de debate y reflexión ciudadana pero, por alguna razón, no solemos ser conscientes de ello.

Para quien metido en plenas vacaciones de Navidad se perdiera los titulares de prensa, a finales de diciembre del año pasado, casi para despedirlo, se aprobó una importante norma dirigida a la reforma de la administración local.

Así dicho, el tema parece aburrido y destinado a los profesionales, técnicos y autoridades del mundo municipal pero nada puede estar más lejos de la realidad. Como prueba de que lo inicialmente aburrido es transcendente, acuérdense de que también sonó equivocadamente aburrida la noticia del lejano verano del año 2011 en que se aprobó, por vía exprés, consenso de los dos grandes partidos y metidos como estábamos en el sopor del estío, la reforma del artículo 135 de la Constitución.

La verdadera lectura de aquella importante reforma constitucional y también la de la normativa local ha de hacerse en clave que nos es duramente próxima, en la de los recortes y rigores presupuestarios que acaban afectando a los servicios públicos esenciales y a las ayudas que reciben los más, y los no tan, necesitados.

Desde entonces y hasta ahora –con otras muchas normas asociadas al dominio del saneamiento de las cuentas públicas– la administración ha seguido un camino que en síntesis puede resumirse como la obligación legal de podar todo aquello que no sea económica y financieramente sostenible a corto, medio y largo plazo, con abstracción total de los efectos que cause la poda, por agresiva que sea.

Este tema sí nos suena y está presente en nuestras conversaciones diarias y es del que trata la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo objetivo es reestructurar la administración local (municipios, mancomunidades, diputaciones provinciales y demás entes dependientes) con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria y limitar la deuda pública local al cumplimiento de los compromisos europeos.

Anteayer tuvimos en Garrigues la oportunidad de compartir con más de doscientas personas venidas desde toda Extremadura, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, una mañana de reflexión sobre esta reforma, organizada de la mano de la Diputación Provincial de Cáceres.

Y la conclusión primera que, desde un punto de vista estrictamente personal, extraigo de toda la jornada de trabajo, en la que nos acompañaron alcaldes, secretarios, técnicos, representantes del Ministerio y profesores de universidad, además de autoridades, es la de la incertidumbre.

Y la indefinición es peligrosa cuando:

• Se afecta directamente a la estructura de la administración local y condicionará su papel en la sociedad y en su evolución en el presente y para las próximas generaciones.
• La reforma es de calado y no pasará inadvertida si llega a cumplirse completamente, como así debería ser tratándose de una norma en vigor.

Pocos aciertan hoy a ver cómo se andará el estricto vía crucis presupuestario que impone la Ley y qué efectos tendrá sobre los ciudadanos; la frase más repetida por los asistentes a la jornada de reflexión fue algo así como “ya veremos cómo acaba esto”, duda peligrosa por definición.

No debemos despreciar que nuestro contacto más directo con la administración se produce precisamente con la local, con los servicios municipales, mancomunados o no, y con los provinciales. Son éstos los que nos suministran el agua que bebemos, los que tratan nuestros residuos, los que limpian y mantienen nuestras calles, los que las iluminan, los que regulan nuestro tránsito por ellas, los que autorizan y supervisan nuestras obras, nuestros mercados, los que atienden a veces a nuestros mayores y a nuestros hijos, etc.

Tantos y tantos servicios que, gestionados de muy diferentes maneras en cada realidad territorial, y muchas veces considerados como conquistas seguras, ahora se van a ver inevitablemente afectados por el contenido de una reforma que afecta de lleno y directamente a los entes que los prestan.

El Ministerio tendrá que aportar claridad al proceso de reforma y los demás, incluidos los ciudadanos, la racionalidad no económica que pueda en su caso faltar a la Ley.