Tenemos una Administración desproporcionada, elefantiásica y duplicada, imposible de mantenerla económicamente.

Todo empieza con el desarrollo constitucional del Estado de las Autonomías, con una descentralización de ciertas competencias del Gobierno Central a los Autonómicos, que sirvieran para mejorar y acercar los servicios y atención al ciudadano. Evitando con ello la duplicidad de funciones y optimizando los servicios.

Pero no ha sido así. Cada autonomía, ha creado un gobierno paralelo al central, duplicando los servicios y multiplicando el gasto público.

Hemos llegado a un punto en el que el presupuesto español no es suficiente para hacer frente a este desmesurado gasto público y obliga a mantener un déficit crónico, solo por no racionalizar el gasto y poner un poco de orden en el mismo.

Tenemos repetidos, diecisiete gobiernos miméticos al central, pues, casi todas las autonomías tienen transferidas la totalidad de competencias con el agravante de que cada una legisla para ella.

Cómo es posible que tengamos, 17 Leyes de Educación, con programas y contenidos distintos y algunos fuertemente ideologizados, llámese Cataluña, Vascongadas, Galicia, Islas Baleares y Valencia, por poner un ejemplo… Unión Europea, Sanidad, ministerio,  parlamento, Cortes, diputados,  Europa,

Estamos creando diecisiete modelos educativos diferentes, con el daño que se está produciendo para el futuro de nuestros jóvenes. Para muestra tenemos el estudio elaborado por la Unión Europea, donde deja mostrado el nivel mínimo de nuestra enseñanza y el bajo nivel de la formación de nuestros estudiantes en sus diferentes niveles académicos.

Y qué me dicen de  la Sanidad, también con diecisiete modelos diferentes con sus diecisiete tarjetas sanitarias no compatibles dentro del territorio nacional. Es decir, como si viajáramos a Alemania. Tienen que tener firmados convenios para ser atendidos en otra comunidad dentro de la misma nación. Además manteniendo un Ministerio de Sanidad, en el Gobierno Central, sin competencias actualmente, pero sí gastando y creando en el ciudadano un desconsuelo y temor, por si le pasa algo al encontrarse en otra comunidad autónoma, aunque seamos todos españoles. Qué paradoja verdad, solo se da en la nación más antigua de Europa.

Todo ello como pueden ver, no deja de ser un despropósito el seguir manteniendo y consintiendo desde el Gobierno central, que tiene la misión constitucional, de la Alta Inspección y que no se está haciendo nada, para solucionarlo.

Pero no solo tenemos que pagar todos los españoles, estos desaguisados descentralizadores, sino  que además mantenemos la división administrativa de un estado centralizado. Me estoy refiriendo a las Provincias y Diputaciones, dándole un barniz de necesidad orgánica, que no es otro que el mantener la  clientela partidista colocada y enchufada.

De esta manera los Partidos, tienen enchufados a ese ejercito clientelar que forman la casta política y que por supuesto no quieren reducir el gasto público, que ellos mismos generan.

Si las autonomías tienen todas las competencias para la gestión de sus territorios, por qué mantienen las Provincias y Diputaciones como división administrativa y circunscripción electoral. No sería más rentable económica y electoralmente, el tener dentro de la autonomía una división por Distritos, que acercase más al territorio la descentralización administrativa y los diputados fuesen más cercanos al cuerpo electoral que los ha elegido.

Con ello se reduciría el gasto público y se acercaría el político a la ciudadanía, que es al que representa en las Cortes Generales y en los Parlamentos Autonómicos.

La crisis económica, nos está desvelando una profunda crisis política. Como toda crisis, tenemos que salir de ella, produciendo cambios importantes en nuestra estructuras políticas, si no volveremos a caer, y además, darnos cuenta que aun con la presión fiscal que tenemos actualmente no podemos mantener a una casta política sobredimensionada, incrustada en todas las administraciones y que superan los 450.000 políticos activos, gastando de los presupuestos y manteniendo tres administraciones activas y gastando a la vez: nacional, autonómica y local. Esta última además con Diputaciones y Mancomunidades.

Con este gasto público y esta administración elefantiásica, es imposible resolver la crisis económica y política.

Los españoles, tenemos que decidir si racionalizamos todo esto o si seguimos camino del precipicio. Porque la casta política, con esta dictadura de los partidos principalmente del PP, PSOE, CIU y PNV, no les interesa cambiar, están muy bien con este momio.

El nuevo Palacio de Justicia de la Capital placentina, estará terminado en el año 2013, en él, deberán tener cabida no solo los distintos juzgados que tiene asignados su partido pudicial, sino  algún juzgado de Instrucción más, de acuerdo con las necesidades actuales.

Además, deberá acoger, una vez aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial, las nuevas demarcaciones que ha propuesto el CGPJ, al Ministerio de Justicia y que en  nuestra región, quedarán reducidas a siete demarcaciones, siendo una de ellas la de Plasencia.

Esta reestructuración territorial, lleva consigo una reducción de partidos judiciales en todo el territorio nacional, todo ello motivado por la situación económica de nuestro país y a una reducción del gasto público, en la parte que afecta a la Justicia.

Por otro lado, mejorar la calidad del trabajo de los jueces y la atención a sus guardias; caballo de batalla en aquellos partidos judiciales con uno o dos jueces solamente. Su calidad de vida se ve mermada y la atención a la familia también se ve disminuída, al pasar mucho tiempo cubriendo las guardias.

Si estas, se consiguen distanciarlas a 10 ó 15 días, la mejora a su calidad de vida, tanto profesional como familiar, se vería  acrecentada sustancialmente.

Profesionalmente, se verán mejor atendidos, al disponer de todos los servicios de apoyo necesarios en un mismo lugar. Por otra parte, la Fiscalía, se vería favorecida al no tener que destacar/comisionar,  a otros juzgados fuera de su lugar de residencia, como está ocurriendo en la actualidad.

Efectivamente, todo ello, conllevará  un ahorro sustancial, que en los momentos actuales dada la situación económica de nuestra nación, es necesario realizar.

También es verdad, que la población que deberá atender el Palacio de Justicia de Plasencia, con la nueva reestructuración territorial, será de unos 215.000 habitantes, el más grande por  población de Extremadura, superior incluso al de Badajoz con unos 208.000 habitantes.

También será el único de nuestra región que tendrá comunicación por autovía con sus tres poblaciones con mayor número de habitantes de su partido judicial.

El criterio del Consejo General del Poder Judicial, es que cada partido judicial, atienda a una población mínima de 100.000 habitantes.

Esta redistribución, ayudaría a racionalizar el trabajo, hacer más llevaderos los tiempos de guardias, concentrar medios y posibilitar la especialización. Con ello se prestaría al ciudadano, servicios judiciales, de calidad y eficiencia.

Llegados a este punto de reorganización de la Planta Judicial en el territorio nacional, quiero llamar la atención en esta singular singladura judicial, a quien corresponda y en ello el Ayuntamiento de la capital placentina, debería empeñarse, junto con los Colegios Profesionales de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores, el que se cubriese en nuevo Palacio de Justicia, con un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con Jurisdicción al Norte del Tajo, al igual que el de lo Penal, con ello se descargaría la súper saturación de los de Cáceres.

También sería aconsejable el traslado de una Sección de la Sala2ª de la Audiencia Provincial, a nuestra ciudad, para descargar de trabajo a la provincial.

Y finalmente, dotar también de un Juzgado de Menores y Juzgado de Familia. Todo ello, en beneficio de la ciudadanía residente en esta demarcación.

Esto, no supone aumento del gasto público, sino  reubicarlos, en atención a la ciudadanía a la que dan servicio, dado que la mayoría de los asuntos provienen de la población residente en el Norte de Extremadura.

Toda esta reducción de partidos judiciales, no será solo en Justicia, sino en otras áreas ministeriales como Sanidad y Educación. Es necesaria una reorganización para poder hacer frente a su dilatado presupuesto y que el gobierno central tendrá que acometer si quiere reducir el gasto público.

La actual descentralización, ha llevado a un gasto público imposible  seguir manteniendo con tanta duplicación de aparatos administrativos.