La Ley de Medidas Tributarias de Impulso a la Actividad Económica de Extremadura prevé reformar y reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sobre empresas.

La Junta de Extremadura acaba de presentar la Ley de Medidas Tributarias de Impulso a la Actividad Económica, que tendrá un impacto de 24 millones de euros en la comunidad, y que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

Este proyecto de ley, revisa el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de Extremadura, y reduce el 95% los tributos por la adquisición de bienes y derechos de una económica o participaciones en empresas por parte de empleados con 10 años de antigüedad en la compañía, y también por parte de dierectivos y gerentes, siempre que mantengan los bienes y la actividad empresarial o profesional durante un mínimo de cinco años.

Lejos del más o menos previsible impacto recaudatorio que pudiera tener la modificación de este impuesto, nos tendríamos que preguntar si realmente dicha modificación se ajusta al título genérico de las medidas tributarias tomadas para “…impulso a la actividad económica en Extremadura”.

Cualquier modificación a este impuesto es retrasar la desaparición del mismo como así ha ocurrido ya en nuestro entorno competitivo.  Cierto que, a expensas de que se concreten porcentajes (límites de exención en la trasmisión mortis causa, porcentaje de adquisición mínimo de sociedades, o porcentaje de exención en la trasmisión inter vivos), la medida es positiva por lo que de dinamizadora tiene.

También es cierto que llega demasiado tarde por dos motivos:  por la elevada mortandaz ya sufrida en el tejido empresarial de nuestra región (salvo sorpresa alto improbable de retroactividad) y  la necesidad “demográfica” de ampliarla.

En Extremadura el peso de la microempresa es mucho más elevado que en otras regiones y, al ser una región con escasa población, también es estadísticamente reducida la posibilidad de que familiares directos pudieran suceder a empresarios. Las probabilidades eran muy reducidas.

Si realmente se quiere impulsar la actividad económica, ¿por qué seguir limitando la trasmisión, sea en el grado que sea? Medidas como éstas, insisto, aunque positivas, se quedan excesivamente cortas, pues el impulso a la actividad económica en nuestra región debe tender a dos factores: la importación de capital de inversión, y la importación de capital humano.

Se echa de menos alguna referencia a propiciar los movimientos entre empresas, tendentes a optimizar el tamaño de las mismas para ganar competitividad en el exterior.

No creo que una mayor ampliación en estos supuestos, represente una merma importante en la recaudación tributaria. Con el acceso al crédito cerrado, la tributación de ese 5% no exento puede constituir un impedimento infranqueable en muchos casos.

Sería bueno, al menos oportuno, pensar en la emisión de deuda especial por parte de la administración para las microempresas, permitiendo la entrada a otros inversores que también pudieran beneficiarse de reducciones fiscales e invertir directamente en el impulso de la región.