Con Mariano uno ya no está seguro de nada. Al menos sin dinero en los bolsillos, sin mucho dinero. Si queremos seguridad social y seguridad personal, o lo que es lo mismo, un retiro dorado y vivir en paz, nuestro ‘caballero de hierro’ quiere que pasemos por caja. Es la bolsa o la vida. Don Mariano se ha propuesto no solo desmantelar el Estado de bienestar sino el Estado sin más. Mientras Cataluña, de la maquiavélica mano del fabulador virrey Artur, inicia su larga (y quimérica) marcha hacia la creación de un Estado propio, don Mariano sigue, cual martillo pilón, reduciendo el Estado español a su mínima expresión. Rajoy, perdido en el callejón del gato liberal, se ve reflejado en los deformantes espejos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y considera que el Estado no es la solución, es el problema. Por eso, está abriendo las puertas públicas de par en par a la iniciativa privada para que entren a saco en sectores en los que hasta ahora tenía restringido el acceso, como la educación, la sanidad, las pensiones y hasta la seguridad, convirtiéndolos en golosas oportunidades de negocio.

Un paso en este sentido ha sido la aprobación el viernes por el Senado de la reforma pergeñada por el Gobierno de Rajoy que desvincula la revalorización de las pensiones del IPC. Si hay déficit, las pensiones subirán solo el 0,25%; en los años de bonanza aumentarán un máximo del IPC más el 0,5%. De esta forma, los pensionistas irán perdiendo poder adquisitivo a medida que envejecen. Por ende, solo los afortunados que se puedan permitir complementar la magra paga pública con un plan de pensiones privado llegarán sin apuros a final de mes hasta el final de sus días.

Otro paso en la misma dirección es la Ley de Seguridad Privada que recibió el pasado martes el visto bueno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Este proyecto legislativo permite a los vigilantes privados patrullar las calles, identificar, cachear y hasta detener en la vía pública. Es más, podrán ser contratados por el propio Estado para custodiar el exterior de las cárceles y de algunos edificios públicos. Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles han puesto el grito en el cielo porque consideran que eso supone “una privatización encubierta” de la seguridad pública y habilita a “policías baratos” y menos formados. En definitiva, como dice el diputado Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, “solo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello”.

Estas normas contribuyen a afianzar el ‘apartheid social’ del que les hablaba la semana pasada, a segregar la población según su cuenta corriente, incluso físicamente, pues, cada vez más, el dinero va por barrios, en unos corre a raudales y en otros escasea. No veo lejos un futuro en el que los ricos vivirán encastillados en urbanizaciones-fortaleza celosamente custodiadas por cámaras de seguridad y guardias armados, mientras que los pobres se hacinarán en suburbios de casas de cartón piedra. En no pocos sitios esto ya es una apocalíptica realidad.

Avanzamos hacia una sociedad distópica en la que derechos que considerábamos fundamentales e inalienables, como a la vida, la educación, la sanidad, la libertad de expresión, manifestación y reunión…, pasarán a ser patrimonio solo de quien los pueda pagar.

(Publicado en el diario HOY el 15/12/2013)