Por ejemplo, el análisis pormenorizado de diversos indicadores publicados en las últimas semanas pone de relieve que el comercio (incluido tanto el minorista, como el mayorista y el apartado de venta y reparación de vehículos) no es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de la economía extremeña. Y eso es motivo de preocupación para un sector que genera el 15% del Producto Interior Bruto y también el 15% del empleo en la región.

En primer lugar, los datos del INE reflejan que el número de empresas activas en el comercio volvió a reducirse el año pasado en Extremadura. En concreto, 2017 se cerró con 19.072 empresas, 52 menos que el año anterior. Es un descenso del 0,3%, que contrasta con una subida del 1,6% del total de empresas activas en la región. Si miramos sólo el comercio minorista, la evolución es aún peor, porque había 86 empresas menos. Llaman la atención dos detalles más: uno, que el comercio es uno de los cuatro únicos subsectores que perdieron empresas el año pasado; y, dos, que ya arrastra tres años consecutivos de bajada, cada vez más lejos de los niveles previos a la crisis (hay ahora casi 1.500 empresas menos que entonces).

Tampoco los datos de empleo son muy halagüeños, porque se viene observando un claro freno en el ritmo de crecimiento interanual. La afiliación media a la Seguridad Social en el comercio extremeño durante el segundo trimestre del año ha sido de 59.149 personas, apenas un 0,1% (40 cotizantes) más que el mismo periodo del año anterior, un punto por debajo de la subida registrada por el conjunto regional. Es verdad que en julio ha habido un repunte, pero habrá que esperar para ver si se mantiene a lo largo del tercer trimestre.

En cuanto a las ventas, las últimas cifras publicadas por el INE indican que el volumen medio de ventas del comercio minorista, a precios corrientes, ha crecido en el segundo trimestre de este año un 1,7% con respecto a un año antes, el tercer menor aumento del país, frente a una media del 2,5%. Pero si se calcula a precios constantes, para eliminar así el efecto de las variaciones de precios, resulta que las ventas en la región se han quedado estancadas en comparación con los mismos meses del año pasado. Tras un 2017 negativo en el que las ventas medias se redujeron un 2,3% en la región, el primer trimestre supuso un cierto alivio (1,8% más), pero la buena racha no ha cuajado. Y eso que en estos dos últimos años han estado anuladas las seis aperturas adicionales en festivo en Badajoz, Cáceres y Mérida, una medida que se justificó con que protegería a los pequeños comerciantes.

En definitiva, el comercio extremeño sigue sin coger el ritmo que necesita. Las razones son difíciles de determinar. Probablemente la principal sea el débil consumo interno: el año pasado el gasto medio por extremeño bajó un 0,2% con respecto a 2016, en contraste con una subida del 3,7% de la media nacional, y puede que este año no vaya mucho mejor. Pero seguro que también tiene que ver la falta de adaptación a las nuevas tendencias de consumo, sobre todo a través de internet. Y también, cómo no, el factor demográfico: cada vez quedamos menos extremeños.

Al cierre del año pasado, los ayuntamientos extremeños tenían pendiente con los bancos una deuda de 230 millones de euros. Con respecto al año anterior se ha reducido en 21,3 millones, un 8,5%. Y si se compara con finales de 2013, cuando se alcanzó el mayor nivel de deuda (323,5 millones), la caída ha sido de un 28,9% en tan sólo cuatro años. Gracias a ello, los ayuntamientos extremeños cerraron 2017 con la cifra más baja de la última década, que es el periodo en el que Hacienda viene publicando datos detallados.

Como resultado, son ya 196 los consistorios extremeños que carecen de deuda bancaria (190) o deben menos de 500 euros (6), en contraste con los 110 que había en 2008. Es curioso ver que hay 67 municipios, todos ellos de pequeño tamaño, que llevan al menos diez años sin endeudarse o cerrando cada año sin deuda.

Entrando en detalle, la clasificación de los ayuntamientos extremeños con mayor volumen de deuda bancaria está encabezada, como en años anteriores, por Mérida (41,4 millones), Plasencia (37,2 millones), Cáceres (23,3), Almendralejo (21,5) y Badajoz (16,6). Junto a Don Benito (3 millones), son las ciudades con mayor población de Extremadura.

Sin embargo, si se pone en relación el nivel de deuda con el tamaño del municipio, la clasificación es bien distinta. De acuerdo con este cálculo, el municipio extremeño con mayor deuda por habitante es Hinojosa del Valle, con casi 6.700 euros, seguido por Santa Marta de Magasca (3.178), Plasenzuela (2.671), Madroñera (1.815) y Villamesías (1.440).

Lejos de estas cifras, y analizados en conjunto, los ayuntamientos extremeños deben una media de 212,95 euros por habitante, menos de la mitad que la media nacional, que se ha situado en 509,54 euros. La de aquí es la sexta cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas, en contraste con los 852,41 euros de Madrid o los 821,34 de Aragón, que son las regiones en cabeza. Es decir, los consistorios extremeños presentan un nivel medio de deuda bastante aceptable dentro del panorama nacional.

Hay que tener en cuenta también que el volumen de deuda municipal queda muy lejos del que presentan las comunidades autónomas (aunque en ello tiene mucho que ver el diferente reparto de competencias). Los 230 millones de deuda bancaria de los ayuntamientos extremeños apenas equivalen al 5,2% de los 4.401 millones que debía la administración autonómica a finales del año pasado (4.075 euros por habitante).

Es muy probable que a finales de este año se consiga otra notable reducción de la deuda local, puesto que ayuntamientos como Badajoz o Mérida han aprobado recientemente destinar importantes partidas a amortizar préstamos bancarios.

Es verdad que esta buena evolución de la deuda municipal viene forzada por los exigentes objetivos y requisitos de estabilidad presupuestaria impuestos a los ayuntamientos, que desde 2013 están obligados a no incurrir en déficit y a destinar el superávit a reducir su nivel de endeudamiento o, como mucho, a desarrollar inversiones financieramente sostenibles. Pero no por ello hay que restar mérito a los ayuntamientos, puesto que ajustar los gastos a los menores ingresos que ha dejado la crisis (aunque ya se recuperen), minimizando el impacto en los servicios públicos, supone un esfuerzo que ha de ser reconocido. Si ello ha servido para poner fin al derroche y a las grandes obras sin sentido e insostenibles realizadas por algunos municipios, hemos salido ganando.

A menudo, los ciudadanos no somos conscientes de que la deuda pública es dinero prestado que habrá que devolver y que, por tanto, se traducirá en impuestos más adelante. Cuanto más crezca la deuda, más impuestos habrá que exigir en el futuro para amortizarla y pagar sus correspondientes intereses, y menos capacidad habrá para destinar el gasto a otros asuntos. De ahí que atajar el déficit sea tan necesario, no sólo en los ayuntamientos, sino en todas las administraciones públicas.

Pues volvemos a tener un ejemplo reciente. Ayer mismo, la agencia Randstad publicó una nota de prensa con el siguiente titular: “Los trabajadores de Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón son los que más emigran por motivos laborales”. El contenido toma como base las cifras del Boletín trimestral de datos básicos de movilidad que publica el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), correspondiente al primer trimestre de 2014, en el que se recogen todos aquellos contratos que implican que el trabajador consigue un empleo en una provincia distinta a la de residencia.

Pero la agencia (o quienes preparan el informe por encargo) mete la pata al convertir el número de contratos con movilidad en trabajadores emigrantes. Y el problema es que, con la confianza de que ese informe lo ha elaborado alguien experto, casi ningún medio se para a comprobar los datos y se hace eco sin más contemplaciones. Empiezan las agencias (por ejemplo, Efe: “La tasa de movilidad laboral en España se sitúo en el 12,48% durante el primer trimestre“), que luego crean una nota en cada comunidad autónoma con sus respectivos datos (en Extremadura, “Casi 6.000 trabajadores emigraron de la región en el primer trimestre“), y hasta se hacen grandes reportajes incluso en la prensa económica, que debería ser la entendida en estas cuestiones (Cinco Días: “Obligados a cambiar de provincia“). De este modo, la equivocación va en cadena sin que nadie la detenga.

Veamos cuáles son los principales errores de interpretación de la supuesta noticia:

1.- Los datos de movilidad laboral solo reflejan número de contratos, no personas. El hecho de que en España se hayan firmado más de 440.000 contratos que implican movilidad provincia no significa que 440.000 trabajadores hayan encontrado empleo en otras provincias. Hay trabajadores, por ejemplo en el sector agrario, que en un periodo firman varios contratos de corta duración. Es el mismo error que si se dijera que, puesto que en julio se firmaron 58.256 contratos en Extremadura, hubo 58.256 trabajadores que encontraron empleo. Por tanto, el número de contratos no puede interpretarse como número de trabajadores.

2.- La suma de los saldos provinciales no es  igual al saldo autonómico total. Los datos que facilita el SEPE son a exclusivamente a escala provincial y contabilizan contratos que implican salida o entrada del trabajador en la provincia. De la diferencia entre esas dos cifras se obtiene el saldo, que puede ser positivo (hay más contratos de entrada) o negativo (más contratos de salida). Lo que no se puede hacer es sumar los saldos de cada provincia para hallar el saldo autonómico, puesto que en las cifras de cada provincia se incluyen aquellos contratos que suponen entrada o salida con respecto a otras provincias de la misma comunidad.

Si Badajoz tiene un saldo de -3.720 y Cáceres tiene -2.243, el saldo autonómico de Extremadura no puede ser -5.943, puesto que se están contabilizando contratos que implican movimientos entre ambas provincias. Este problema crece cuantas más provincias tenga la comunidad autónoma en cuestión. En conclusión, los saldos autonómicos calculados por Randstad están inflados. ¿Cuál sería la cifra real? Todavía no podemos saberlo, porque los datos publicados trimestralmente no detallan el cruce provincial. El informe exhaustivo del SEPE se publica con carácter anual y con cierto retraso, pues el último disponible corresponde al año 2012.

3.- Encontrar un trabajo en otra provincia no supone ser un emigrante. Con mucha frecuencia, la gente se desplaza a otra provincia a trabajar sin cambiar su domicilio real. Es el caso de cientos de funcionarios que cada día viajan de Cáceres a Mérida para trabajar en el Gobierno regional. Yo mismo hago ese trayecto a diario. Siguiendo el criterio de Randstad, todos seríamos emigrantes, pero es obvio que esto no es así. De hecho, las provincias limítrofes son las que más contratos mueven en una y otra dirección, lo que demuestra que son mayoritariamente desplazamientos laborales, no emigraciones.

En definitiva, estamos ante una noticia plagada de errores que anulan su validez. Puede parecer una tontería, pero es demasiado frecuente ver en los medios de comunicación ciertas informaciones que se basan en cifras mal calculadas o en errores de interpretación propios de quien se lanza a manejar datos sin antes conocer a fondo el significado real, el alcance y la metodología de las estadísticas que maneja. Éticamente, esto debería ser un fraude para cualquier periodista.

Y para terminar, retomo algo de lo que ya advertí en este blog hace un año: “Nunca os fiéis de una estadística manejada por una empresa de trabajo temporal, sea Randstad o Adecco, que las carga el diablo”.

¿A qué se deben estos bandazos? Para entender la explicación, primero hay que saber que el Índice de Producción Industrial (IPI) es, como señala el INE, “un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción”. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 13.200 establecimientos de todo el país. Una vez obtenidos los datos de estas empresas, el INE construye un índice que permite conocer el comportamiento del sector industrial. Para elaborar ese índice global, se otorga una determinada ponderación a cada uno de las ramas o subsectores industriales, en proporción a su peso real sobre el total de la industria. Este mismo procedimiento se realiza para obtener el dato de cada comunidad autónoma. Ahora bien, como la industria no tiene el mismo perfil en todas las regiones, hay que ajustar la ponderación de cada subsector al peso que cada uno tiene, no sobre el total del país, sino sobre la industria de cada comunidad. Por eso, un mismo sector puede tener una trascendencia muy diferente en dos regiones distintas.

El distinto peso de los subsectores industriales en cada comunidad es, precisamente, la clave que explica esos ‘dientes de sierra’ del IPI extremeño. Y, por concretar más, el sector energético. En el índice general de España, la energía representa un 13% del total. Pero en Extremadura su peso se eleva hasta casi el 47%. Eso quiere decir que las variaciones del sector energético tienen en Extremadura una repercusión casi cuatro veces mayor que en el total del país. En principio, este protagonismo de la energía beneficia a la región, porque es un sector que está viviendo una gran expansión en los últimos años. Pero, aun con ese crecimiento, la mayor parte de la producción energética extremeña procede de la Central Nuclear de Almaraz, que periódicamente tiene que someterse a paradas para proceder a la recarga de combustible nuclear. Y he aquí la segunda clave: la incidencia de estas paradas en la producción energética de la región y, en última instancia, en la producción industrial total de Extremadura.

Cada vez que la Central Nuclear de Almaraz para la producción de alguna de sus dos unidades, el índice de la rama energética de Extremadura experimenta un fuerte descenso que arrastra a la baja al índice general, debido, como hemos dicho, a su repercusión sobre el total. Si estas recargas se produjeran siempre en los mismos meses del año, las repentinas variaciones no producirían grandes oscilaciones, porque se compararían entre sí meses con baja producción energética o, en otros momentos, meses con una producción normal. El problema es que las recargas no siempre se producen en los mismos meses. De hecho, cada una de las unidades se somete a una renovación del combustible cada año y medio, aproximadamente. Esto supone que hay ocasiones en las que se comparan meses de baja producción energética con otros de alta, o viceversa. Por eso, la variación interanual del índice energético y del IPI general se dispara unas veces y se hunde otras, como se ve en los siguientes gráficos:

En este segundo gráfico se ve que la producción industrial se ha hundido en Extremadura en diciembre (un 34,8% interanual) porque en el mes de diciembre de 2011 no hubo ninguna parada en Almaraz y, por tanto, entonces la producción energética era normal.

¿Qué dato del IPI se debería analizar para reducir el efecto causado por las paradas de Almaraz? Desde el punto de vista del análisis económico, lo más riguroso es hacer medias trimestrales o, como hace el INE, medias de lo que va de año. En diciembre, esa media coincide con la media anual. Su comparación con respecto a la media de 2011 indica que la producción industrial de Extremadura bajó un 7,7% (no el 34,8% que dicen algunos teletipos, que confunden la variación interanual de diciembre con la variación del año), frente al 5,8% de la media. Hasta noviembre, la media de lo que va de año había ido mejor en Extremadura que la media, pero el mal dato de diciembre ha perjudicado al dato anual.

Otra fórmula es fijarse en el índice no energético. En diciembre, la variación interanual reflejaba una caída del 23,3% (11,5 puntos menos con respecto al índice global), frente al 10,3% de retroceso del total del país. En media anual, la producción industrial no energética de Extremadura ha bajado en 2012 el 7,6%, solo seis décimas más que la media del país (7%).

En resumen, a la hora de valorar la evolución de la producción industrial extremeña hay que tener en cuenta las distorsiones introducidas por las paradas de Almaraz. Y, por supuesto, no confundir nunca la variación interanual de un mes, un dato más sometido a ‘dientes de sierra’, con la variación de la media acumulada, que es un dato de evolución más estable y refleja mejor la tendencia del sector industrial.

El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

Con respecto a junio de 2011, la deuda pública extremeña ha crecido un 2%, frente a un incremento del 8,7% de la media autonómica, de modo que la región se sitúa como la cuarta con menor avance en los últimos doce meses.

El grueso de la deuda pública extremeña corresponde a la Administración regional, que alcanza los 2.053,1 millones de euros. Es solo un 0,4% más que trimestre anterior, un crecimiento siete veces menor que la media. En el último año sube un 1,8%, frente al 11% de la media nacional. Esta deuda representa el 11,8% del PIB extremeño, 2,4 puntos inferior a la media.

Mejor evolución presenta en el segundo trimestre el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas, que cae un 5,4%, hasta los 25,5 millones de euros, mientras que el total nacional se mantuvo sin cambios. Con respecto al PIB, la deuda de las empresas públicas extremeñas baja al 0,1%, frente al 1,2% de la media autonómica.

Extremadura se mantiene como la región con menor deuda pública total por habitante, con 1.878 euros, muy lejos de los 3.463 euros de la media nacional. En el otro extremo se encuentra Cataluña, con 6.651 euros, más del triple de la extremeña.

Si se analiza con detalle la estructura de la deuda pública de la Administración extremeña, de los 2.053 millones de euros, solo 185 millones, es decir, el 9%, son préstamos a corto plazo (con vencimiento inferior a un año) con las instituciones financieras.

Por lo que se refiere a Extremadura, la liquidación del ejercicio 2010 le concede el derecho a cobrar 190,1 millones de euros, de los que 92,7 millones están pendientes de pago por parte del Estado, puesto que el resto ya lo ha recibido la Administración extremeña en distintos anticipos.

Estas liquidaciones positivas indican que el dinero adelantado por el Estado a las comunidades autónomas en 2010 ha sido finalmente inferior a la suma de los rendimientos tributarios definitivos y de los fondos de convergencia correspondientes a ese ejercicio. En 2008 y 2009, ocurrió lo contrario, de tal manera que a Extremadura (como al resto de comunidades) le resultó a devolver 252,3 y 764,4 millones, respectivamente.

En general, el sistema de financiación autonómica generó en 2010 para Extremadura unos recursos totales de 3.100,6 millones de euros, con el siguiente desglose:

* Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Tasas por servicios transferidos, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Con respecto al último trimestre de 2011, el PIB regional ha descendido un 0,4%, una décima más que la media del país.

El único sector que está tirando de la economía extremeña es el agroganadero. A pesar de que ha retrocedido un 0,1% intertrimestral, en los últimos doce meses acumula un avance del 3,1%, casi cuatro veces más que la agricultura nacional. Entre los sectores que retroceden, la industria baja un 0,2% interanual, un dato relativamente positivo si se compara con la caída del 3% de la industria nacional. La construcción, que es el sector con peor evolución, desciende un 4,9%, cuatro décimas menos que la media del país. El sector decisivo en la abultada caída interanual de la economía es el de los servicios, pues pierde un 2,3%, que contrasta con la subida del 0,8% de la media nacional. Los positivos datos del turismo y el comercio exterior no parecen suficientes para amortiguar este duro retroceso del sector con más peso de la economía extremeña.

El IEEX no ofrece previsiones oficiales para los siguientes trimestres, pero, si se dan por buenas las estimaciones de la Fundación Caja Extremadura, cabe esperar que la caída del PIB extremeño se vaya aminorando a medida que avanza 2012, en una tendencia inversa a la media nacional, de tal forma que Extremadura podría cerrar el año con una caída interanual de ‘sólo’ el 0,7%, frente a un retroceso del 3,5% de la economía española.

A 31 de marzo de 2012, los extremeños (incluidos particulares, empresas y administraciones públicas) mantienen créditos por valor de 21.993,7 millones de euros, un 3,6% menos que el trimestre anterior y un 5,4% menos que un año antes. La media nacional es de -0,9% y -3,3%, respectivamente. Entrando en más detalle, se constata que las administraciones públicas extremeñas siguen tomando más dinero prestado de las entidades de crédito, hasta un total de 1.979,5 millones de euros, un 4,8% más en los últimos doce meses. En cambio, ciudadanos y empresas (técnicamente, “otros sectores residentes”) aumentan con fuerza el ritmo de reducción de créditos, pues recortan más de 800 millones, un 4% en el último trimestre y un 6,3% interanual, hasta situarse en 20.014,2 millones de euros. Este esfuerzo parece ir encaminado a la necesaria rebaja del endeudamiento privado que señalan algunos economistas como un requisito imprescindible para corregir los desequilibrios de fondo de la economía española.

En cuando a los depósitos, los extremeños tenían en marzo en sus cuentas un total de 16.863 millones de euros, un 2,5% menos que el trimestre anterior y un 5,3% menos que un año antes. En España, los depósitos totales crecieron un 0,5% en el último trimestre, pero bajaron un 3,8% interanual. En el caso de las administraciones públicas extremeñas, sus depósitos se han reducido de manera muy notable, un 10,2% en el trimestre y casi un 39% en el último año, hasta situarse en 547,6 millones de euros. En comparación con los créditos, las administraciones extremeñas deben 1.432 millones de euros más que lo que tienen en depósitos.

Por lo que se refiere a los depósitos de ciudadanos y empresas, éstos han bajado hasta los 16.315,3 millones de euros, lo que supone un 2,3% menos en el último trimestre y un 3,5% menos en el último año. La diferencia con los créditos arroja un saldo deudor de casi 3.700 millones de euros. Ello supone una reducción de en torno a un 40% con respecto a la brecha máxima, alcanzada a mediados de 2008, y una vuelta a niveles más moderados del año 2006.

Del total de depósitos, los extremeños tienen casi el 52% en depósitos a plazo fijo, el 35% en depósitos de ahorro y el 13% en cuentas a la vista.

Por lo que se refiere a Extremadura, el endeudamiento de la Administración regional se sitúa en el primer trimestre del año en 2.044,7 millones de euros, un 1,2% más que el trimestre anterior. Es la sexta región con mejor evolución. La media aumentó el 3,6%. Con respecto al mismo periodo del año anterior, la deuda extremeña ha subido un 12,3%, mientras que la media lo ha hecho en un 15,7%.

La evolución es más negativa en el terreno de las empresas públicas autonómicas. La deuda de las extremeñas sube hasta los 27 millones de euros, un 20,3%, el segundo mayor aumento trimestral, frente a una media que baja el 4,9%. Con respecto al último año, el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas desciende un 2,5%, mientras que la media lo hace en un 12,2%.

Sumando ambas partidas, la deuda pública total de Extremadura asciende ya a 2.071,6 millones de euros, un 1,4% más en el último trimestre (la mitad que la media) y un 12,1% más en el último año (sólo 0,6 puntos menos que la media).

La ratio de deuda total por habitante indica que en Extremadura es de 1.872 euros, frente a los 3.365 euros de la media nacional. La región recupera su posición como comunidad autónoma con menor deuda total por habitante, en una clasificación que encabeza Cataluña con casi 6.400 euros por habitante.

En cuanto al PIB, el endeudamiento total represente al 11,9% del PIB (11,7% por la Administración y 0,2% por las empresas públicas), frente al 14,7% de la media. Extremadura es la octava región en deuda total sobre PIB. No obstante, la diferencia se ha recortado en 0,6 puntos en el primer trimestre del año.

Entrando en el tipo de instrumentos de deuda que utiliza la Administración extremeña, el incremento registrado en el último trimestre se centra en el capítulo de títulos de valores, puesto la deuda extremeña emitida a través de obligaciones ha pasado de 41 a 66 millones tras la emisión del pasado mes de marzo, ya avanzada en este blog. Por su parte, la deuda contraída a través de préstamos ha bajado en un millón de euros. No obstante, dentro de este capítulo se ha producido una reestructuración, con una reducción de la deuda a corto plazo a cambio de un aumento de la deuda a largo plazo.