En Extremadura en Datos hemos recopilado todos los datos en la siguiente aplicación interactiva, con el fin de poder consultar las grandes cifras agregadas de estas cuentas con sus principales detalles, incluso con la posibilidad de separar fuentes de financiación, para saber cómo se financiarán y en qué se gastarán los Presupuestos de la comunidad autónoma:

En comparación con las dotaciones previstas para 2015, la inversión real del Estado en la región se reducirá en 4,74 millones de euros, un 1,29%. No obstante, el descenso medio de la inversión regionalizada en todo el país será del 2,03%, hasta situarsen en 11.052,63 millones (la inversión total, incluida la que no se puede repartir por regiones, apenas sube el 0,9%). País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña encabezan los crecimientos de la inversión para el próximo año.

Si se toma como referencia la inversión por habitante, Extremadura se mantiene un año más como la cuarta comunidad con mayor dotación, con 331 euros por persona, muy por encima de los 236 euros de la media nacional.

Entre las principales inversiones destaca de nuevo la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, a la que se destinarán 200,74 millones de euros, de los que 103,28 corresponden a la provincia de Cáceres y 97,46 a la de Badajoz.

En materia de carreteras, los PGE 2016 prevén invertir en Extremadura 43,4 millones de euros. Del total, 28,18 millones irán a conservación de las vías. Entre los proyectos de obras nuevas hay que mencionar los 7,66 millones para la N-110 entre Navaconcejo y Tornavacas, los 4 millones para la duplicación del acceso a Badajoz por la N-432 y los 3,3 millones para el viaducto de la A-81 en Castilblanco.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente gastará en la región 71,4 millones de euros, fundamentalmente destinados a obras hidráulicas. En este apartado destacan los 9 millones para la modernización del abastecimiento a Cáceres y su entorno o los 5 millones para la modernización de las zonas regables de Orellana.

En el terreno cultural, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte prevé invertir 4 millones de euros en la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano. En cambio, el proyecto del Museo Visigodo de Mérida vuelve a retrasarse y solo recoge gastos a partir de 2017. También continuarán las obras de restauración en el Monasterio de Guadalupe, la Catedral de Plasencia y la muralla de Jerez de los Caballeros.

En cuanto a otras partidas del Estado para la región, hay que resaltar que en el proyecto de PGE 2016 no se ha previsto ninguna nueva entrega a cuenta de la deuda histórica.

En el siguiente gráfico interactivo se puede consultar el detalle de los proyectos de inversión previstos en los PGE 2016 para Extremadura:

De ese superávit presupuestario no financiero, equivalente al 0,6% del PIB regional, 68,4 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y los 26 millones restantes a las dos diputaciones provinciales.

La existencia de superávit presupuestario (sin ajustes de Contabilidad Nacional) significa que los ingresos no financieros (es decir, los derechos reconocidos por impuestos, tasas y transferencias) fueron superiores a los gastos no financieros (por simplificar, todos los gastos salvo las amortizaciones de deuda). En concreto, las entidades locales extremeñas gastaron un 8,07% menos que lo ingresado.

Junto al dato global del superávit hay que destacar que solo 118 de los 385 ayuntamientos extremeños (es decir, el 30,6%) presentaron déficit. O, por decirlo de otra manera, siete de cada diez ayuntamientos consiguieron superávit presupuestario. Aún faltan 12 consistorios por comunicar sus cifras, pero son municipios de muy pequeño tamaño que no tendrán una incidencia significativa sobre el total.

Estas cifras son más llamativas si se tiene en cuenta que en 2011 fueron 193 (el 50%) los ayuntamientos extremeños que tuvieron déficit presupuestario. Eso supone que el año pasado se produjo una reducción del 38,9%, nada más y nada menos.

En volumen, los mayores superávits se registraron en Cáceres (18,3 millones), Badajoz (16,8 millones), Don Benito (5,2), Villanueva de la Serena (4,9) y Plasencia (2), mientras que los mayores déficits se alcanzaron en Almendralejo (3,2 millones) [VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL], Navalvillar de Pela (1,9 millones), Moraleja (1,3), Cañaveral (1,3) y Santa Amalia (1).

En euros por habitante, por tomar una referencia comparativa más razonable, los mayores superávits se localizan en Romangordo (1.126,82 euros per cápita), Casas de Reina (865,07), Casas de Miravete (575,57), Talarrubias (450,21) y Alange (327,08). Por el contrario, Cañaveral (1.052,27), Helechosa de los Montes (541,91), Ruanes (527,79), Berrocalejo (527,20) y Cristina (526,67) son los ayuntamientos que finalizaron el año con más déficit por habitante.

Los datos del Ministerio de Hacienda también revelan cuáles son los ayuntamientos que más gastan. En este punto, Romangordo se coloca también como el municipio con mayor gasto total por habitante, con 5.829,30 euros, seguido a mucha distancia por Ruanes (3.502,71 euros), Capilla (3.336,72), Valdecañas de Tajo (3.286,81) y Toril (2.808,31). En el lado opuesto, los ayuntamientos con menos gasto per cápita son Acedera (500,67 euros por habitante), La Coronada (516,53), Casar de Palomero (523,90), Puebla de Obando (534,45) y Calamonte (537,53).

Otro dato curioso: ¿cuáles son los que más gastan en personal? Esta clasificación la encabeza Hinojosa del Valle, que emplea el 79,1% de sus ingresos a pagar gastos de personal. Por detrás están Berrocalejo, con el 75,2% de sus ingresos, y Valverde de Llerena, con el 70,6%. La media es del 35,9%. En el otro extremo, Robledillo de Gata solo dedica el 10,7% de sus ingresos a las nóminas del personal, seguido por Torrecilla de los Ángeles (12,3%) y Robledillo de Trujillo (15%).

Una cifra también importante es la de la carga financiera, que consiste en la suma de los gastos en amortizaciones de deuda (los préstamos que se devuelven a los bancos) y los intereses de esos préstamos. Es significativo porque revela qué parte de los gastos ‘se comen’ la deuda arrastrada y sus intereses. En este caso, Calera de León es el ayuntamiento con mayor carga: el 24,2% de sus gastos (casi uno de cada cuatro euros) tiene que ver con la deuda. Le siguen Cáceres (21,6%), Santa Marta de Magasca (21,1%), Baterno (16,8%) y Plasenzuela (16,3%). La media es del 6,72%, pero hay que resaltar que 39 municipios no gastan ni un céntimo en esa deuda o sus intereses y que otros 160 emplean menos del 2% de sus gastos.

Y un último detalle. El hecho de que el conjunto de los ayuntamientos extremeños haya presentado superávit no impide que la deuda municipal haya crecido en el último año. La variación de los pasivos financieros refleja un aumento de la deuda local de 46 millones de euros, que se aproxima mucho a la subida del endeudamiento municipal en 49,1 millones que ya dio a conocer el Ministerio hace unos meses (la diferencia se debe a criterios técnicos de contabilización).

En el siguiente gráfico interactivo puede consultar la cifra de déficit o superávit de su ayuntamiento. Basta con introducir el nombre del municipio en el campo de búsqueda situado en la parte inferior.

NOTA ACLARATORIA

El concepto utilizado en esta información como superávit o déficit presupuestario es el resultado de la diferencia entre los ingresos no financieros (derechos reconocidos netos por los capítulos 1 a 7) y los gastos no financieros (obligaciones reconocidas netas por los capítulos 1 al 7). Así se recoge en los manuales de Hacienda Pública y así mismo lo emplea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en sus informes mensuales de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Véase, como ejemplo, la página 14 del último informe disponible. Este indicador se utiliza para analizar la capacidad o necesidad de financiación de una administración para hacer frente a sus gastos corrientes (funcionamiento ordinario y prestación de servicios) y de capital (inversiones); en otras palabras, y por simplificar, se aprecia si necesita endeudarse o no.

No obstante, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha manifestado disconforme con los datos recogidos en este blog, por considerar que inducen a error y no reflejan de manera acertada la gestión presupuestaria municipal. En su lugar, el Consistorio almendralejense señala que debería recogerse el dato de ‘resultado presupuestario ajustado’, que se obtiene de la diferencia entre ingresos y gastos totales (capítulos 1 al 9) y de diversos ajustes contables debidos a gastos con financiación afectada y remanentes de tesorería. La cifra que se obtiene es un resultado presupuestario ajustado positivo de 9,7 millones de euros, que contrasta con el déficit presupuestario de 3,2 millones citado en este blog. El informe de intervención que refleja ese resultado puede descargarse aquí.

Hecha la referencia, solo queda por aclarar que el indicador utilizado en este blog (el mismo que en los informes mensuales del Ministerio) es distinto del que plantea el Ayuntamiento de Almendralejo, pero ambos son acertados y ninguno es mejor que otro, sino que sirven para valorar cosas distintas. Existe un tercer indicador que sería el “saldo presupuestario”, que incluye las variaciones netas de deuda (pasivos financieros), que podría ser igual de válido, pero aportaría un punto de vista diferente y, de hecho, no se suele emplear porque un saldo positivo podría deberse solamente a un aumento de la deuda.

Si en el blog no hemos utilizado el criterio de “resultado presupuestario” es porque las tablas publicadas por el Ministerio no permiten operar para obtener esa cifra. Si fuera posible, es bastante probable que los datos de muchos ayuntamientos cambiaran de manera notable, a favor, pero también en contra. Lo importante es que se utiliza el mismo criterio para todos los ayuntamientos. Es verdad que los datos concretos de un ayuntamiento en un solo año, sin ponerlos en perspectiva o sin más explicacones, pueden resultar poco representativos de su trayectoria, pero realizar esa tarea pueblo a pueblo escapa de las capacidades de quien escribe. Lo sustancial es que el conjunto de los ayuntamientos está progresando en el control de sus cuentas y que, aunque ahora no lo parezca, ello terminará redundando en beneficio de todos.

¿Por qué es constitucional el impuesto bancario extremeño?

1.- No existe coincidencia con el IVA. Uno de los motivos esgrimidos por la Abogacía del Estado en el recurso era la supuesta equivalencia del impuesto bancario con el IVA. Sin embargo, el TC lo descarta. En primer lugar, porque difieren en los hechos imponibles: “El IDEC [siglas del impuesto bancario] no grava las transacciones económicas, ni tampoco la prestación de servicios por las entidades financieras, operaciones que sí forman sin embargo parte del hecho imponible del IVA”. En segundo lugar, tampoco coinciden sus bases imponibles: “La del IDEC es el volumen de captación de fondos, mientras que el IVA toma como base imponible la contraprestación pactada por las operaciones sujetas”.

2.- No existe coincidencia con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El abogado del Estado argumento que el impuesto bancario también se solapaba con el IAE. Pero según el TC, “si bien desde una perspectiva formal la configuración de los hechos imponibles del IAE y del IDEC puede parecer parcialmente coincidente, la comparación de todos los elementos esenciales de ambos tributos, y en particular de los criterios de cuantificación de su deuda tributaria, demuestra que se trata de impuestos sustancialmente diferentes, cuyos hechos imponibles son también distintos”.

Así, el IAE grava la mera actividad económica con independencia de su resultado, esto es, en el caso de las entidades financieras, se capten o no depósitos y con independencia de su cuantía, pues la actividad económica se tiene en cuenta en abstracto, prescindiendo de sus resultados concretos y, por tanto, con independencia de que se perciba o no renta alguna. En cambio, lo que el impuesto bancario sujeta a gravamen “no es la mera actividad de captación o el mero ejercicio de una actividad crediticia, sino su resultado, de manera que se gravan los depósitos como elemento del pasivo bancario susceptible de generar riqueza”.

3.-No grava bienes o actos fuera de la Comunidad Autónoma. El TC señala que el impuesto bancario grava únicamente los depósitos bancarios constituidos y captados por las sucursales bancarias radicadas en el territorio de Extremadura, “con lo que se garantiza, frente al criterio de la demanda, que el impuesto despliegue efectos principalmente en el territorio de la Comunidad”. No importa que los fondos depositados en las entidades “puedan eventualmente proceder de personas, físicas o jurídicas, que no residan en la Comunidad Autónoma, pues como ha quedado expuesto el impuesto no grava transacciones económicas sino su resultado, por lo que el depositante es ajeno a la relación jurídico-tributaria del impuesto”.

4.- No afecta a la libre circulación de capitales ni supone una fragmentación del mercado. El TC insiste en que se trata de un impuesto “que no grava transacciones, sino el volumen de los depósitos captados por los sujetos pasivos del impuesto, de manera que no es una medida susceptible de afectar a la circulación de capitales”. Además, no establece diferencias de trato entre entidades residentes o no residentes en la Comunidad. El Tribunal también rechaza el argumento de que el sistema de deducciones pueda afectar a la libre circulación de capitales o incida sobre la ubicación de las entidades afectadas por ella.

El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

De enero a junio, por operaciones no financieras (corrientes y de capital) se han reconocido unos derechos (ingresos) de 1.626.952.267,60 euros y unas obligaciones (gastos) de 1.778.853.460,99 euros. El resultado de estas operaciones no financieras arroja un déficit presupuestario de 151.901.193,39 euros. La cifra es alta, pero representa apenas un tercio del déficit no financiero previsto para todo el ejercicio (443 millones), es decir, el mismo nivel que la ejecución presupuestaria.

Esos casi 152 millones de euros serán la base que tomará la Intervención General del Estado para calcular, aplicando determinados ajustes, el déficit en términos de Contabilidad Nacional, que es la cifra oficial de referencia y se dará a conocer en septiembre. En el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Hacienda, Extremadura registró un déficit de 40 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB.

Si al déficit presupuestario no financiero se las variaciones de activos y pasivos financieros (estas últimas son las de endeudamiento), se obtiene un saldo presupuestario negativo de 110,2 millones de euros.

En cuanto a las operaciones relacionadas con la tesorería, en el primer semestre del año se ha registrado un déficit de caja no financiero de 11.860.383,39 euros. Sumadas las operaciones financieras, el saldo de caja es positivo en 34,3 millones de euros.

Por lo que se refiere a Extremadura, la liquidación del ejercicio 2010 le concede el derecho a cobrar 190,1 millones de euros, de los que 92,7 millones están pendientes de pago por parte del Estado, puesto que el resto ya lo ha recibido la Administración extremeña en distintos anticipos.

Estas liquidaciones positivas indican que el dinero adelantado por el Estado a las comunidades autónomas en 2010 ha sido finalmente inferior a la suma de los rendimientos tributarios definitivos y de los fondos de convergencia correspondientes a ese ejercicio. En 2008 y 2009, ocurrió lo contrario, de tal manera que a Extremadura (como al resto de comunidades) le resultó a devolver 252,3 y 764,4 millones, respectivamente.

En general, el sistema de financiación autonómica generó en 2010 para Extremadura unos recursos totales de 3.100,6 millones de euros, con el siguiente desglose:

* Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Tasas por servicios transferidos, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Como entonces lo que estaba de moda era bajar impuestos, ninguna región echó mano de ese nuevo margen para obtener más recursos. Pero en esto llega el recrudecimiento de la crisis y, como a la fuerza ahorcan, empiezan a cambiar las tornas. Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las primeras en incrementar al máximo el impuesto desde 2012. Luego se han ido sumando Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y, desde el pasado viernes, Cantabria.

Y la próxima comunidad será Extremadura , una vez que, como el presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha acordado con el líder regional de IU, Pedro Escobar, los populares acepten en la Asamblea la enmienda de la coalición que exige agotar el margen normativo del ‘céntimo sanitario’. El Gobierno regional pretendía igualar el gasóleo con la gasolina, subiéndolo hasta 2,4 céntimos por litro, pero la necesidad de contar con los votos de IU para sacar adelante las medidas del plan de reequilibrio ha obligado al Ejecutivo admitir esta exigencia fiscal que permitirá suavizar los nuevos planes de recorte sobre los salarios de los funcionarios. Así pues, Extremadura, que implantó el tramo por primera vez en 2011, será la séptima comunidad que elevará al máximo el ‘céntimo sanitario’.

No será tampoco el último cambio. Navarra, que no había implantado el tramo autonómico, ya ha presentado un proyecto de ley para gravar los combustibles con 2,4 céntimos adicionales. Cuanto estas novedades entren en vigor en las próximas semanas, el cuadro autonómico quedará así:

Las únicas que se resisten, al menos por el momento, son Aragón, Canarias, La Rioja y País Vasco.

De todas formas, no hay que olvidar que el ‘céntimo sanitario’ tampoco es la panacea. De hecho, Castilla y León ha reconocido ya que estudiará la continuidad del impuesto a la vista de la caída de la recaudación que está experimentando en los primeros meses (justo lo contrario de lo que se pretendía). El efecto probablemente se notará más en aquellas provincias limítrofes o más cercanas a La Rioja y País Vasco, pues los conductores que transiten por esta zona notarán diferencias de casi cinco céntimos por litro.

Y un detalle aparentemente sin importancia. El impuesto, como hemos dicho, se creó como un recurso adicional para financiar la sanidad, y así lo han ido reconociendo prácticamente todas las comunidades autónomas, que han fijado una afectación para estos ingresos, de tal manera que obligatoriamente deben destinarse a financiar servicios sanitarios. En cambio, en Extremadura no se ha hecho, ni en la Ley 19/2010 que lo estableció por primera vez, ni tampoco en el proyecto de ley que acaba de aprobar el Gobierno regional. Es decir, que la Junta tendrá manos libres para destinar estos recursos a lo que estime más oportuno, no necesariamente la sanidad extremeña, de modo que en Extremadura tendrá poco sentido hablar de ‘céntimo sanitario’, pues ninguna norma obliga a hacer efectiva esa denominación. Se admiten sugerencias para darle un nuevo bautizo.

Si a ese resultado se le suman las variaciones de activos financieros, se obtiene otra magnitud presupuestaria significativa, la capacidad o necesidad de financiación, que también muestra un resultado positivo de 43.225.833,33 euros.

En cuanto al saldo presupuestario total, que añade a la cifra anterior las variaciones de pasivos financieros (operaciones relacionadas con el endeudamiento), el superávit es de 83.225.833,33 euros.

Desde el punto de vista de las operaciones de caja (lo que entra y sale de la tesorería durante el periodo, al margen del ejercicio al que correspondan), en los tres primeros meses de 2012 se ha obtenido un superávit de caja no financiero de 111.539.123,98 euros.

Hay que señalar, no obstante, que el primer trimestre del año suele ser un periodo de baja ejecución presupuestaria. De hecho, tan sólo se ha ejecutado el 17,27% de los ingresos y el 15,59% de los gastos. Por eso,  estos datos no sirven para pronosticar cómo acabará el año, pero sí establecen un punto de partida, que siempre será mejor si es positivo, como ha ocurrido en 2012.

Hasta el propio Gobierno regional ha reconocido que tenía “expectativas muy superiores a lo que se nos ha dotado” en el capítulo de infraestructuras. Ciertamente, el Ejecutivo de José Antonio Monago esperaba que, a pesar de los recortes justificados por la austeridad, los primeros PGE firmados por Mariano Rajoy premiaran con dinero el éxito electoral que el PP extremeño obtuvo en mayo del año pasado. Pero a la vista de lo incluido en el proyecto, parece bastante claro que Rajoy no se casa con nadie, puesto que Extremadura forma parte del grupo de las regiones más castigadas, en contraposición a Galicia, la tierra natal del presidente del Gobierno, que ve aumentar sus inversiones casi un 10%. La Junta dice que “no renuncia” a la posibilidad de conseguir mejoras en las inversiones a través de enmiendas parciales, pero sabe que es un objetivo difícil porque las cuentas dan poco margen para los cambios, y menos si son muy sustanciales. En época de vacas gordas, Extremadura llegó a conseguir un aumento de unos 50 millones de euros gracias al trámite parlamentario de los Presupuestos, pero ese volumen se antoja hoy imposible en unas cuentas en cuya elaboración se ha mirado con lupa todos y cada uno de los proyectos de gasto.

El análisis global de las cifras de inversión regional de los PGE 2012 nos deja unas cuantas certezas:

– Positivas:

• La inversión en Extremadura será de 332 euros por habitante, frente a los 269 euros de la media.
• El peso de la inversión en Extremadura, el 2,9% del total, está por encima del peso de la región en población (2,35%) y PIB (1,63%).

– Negativas:

• Extremadura recibía en 2011 un 34,6% más que la media, pero en 2012 baja a un 23,4% más.
• La región baja del cuarto al sexto puesto en la clasificación de comunidades con mayor inversión por habitante.
• La inversión en el AVE cae con fuerza y su finalización se retrasa, por lo menos, hasta 2016.
• No se afrontan nuevos proyectos de inversión y los que siguen se alargan en el tiempo.

La duda que nos dejan los PGE 2012 se refiere a la cuestión de los 20 millones de euros que figuran como transferencia de capital a la comunidad dentro de la Sección 32 (“Otras relaciones financieras con entes territoriales“). La Junta de Extremadura ha asegurado que se trata de un anticipo de la deuda histórica recogida en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía. Pero esa explicación no aparece en ningún sitio: ni en el concepto del proyecto de gasto (literalmente señala que es “para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Extremadura”), ni en la memoria de objetivos del programa 941O al que pertenece, ni en las disposiciones adicionales o transitorias del texto articulado. ¿Por qué esos 20 millones se consideran como anticipo de la deuda histórica (disposición adicional primera del Estatuto) y no como parte de las inversiones adicionales extraordinarias (disposición adicional segunda del Estatuto? Parece lógico que si fuera un adelanto de lo que Gobierno y Junta tienen que pactar como pago de deuda histórica (antes de agosto, cuando vence el plazo de 18 meses fijado en el Estatuto), este concepto figurara en algún lado para darle respaldo jurídico, pero no ha ocurrido tal cosa.

Si se da por buena la interpretación del Ejecutivo extremeño, esta aclaración pondría en evidencia un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Según su disposición adicional segunda, “con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará, cada año y por un período de siete, inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional”. Pero el Gobierno ha decidido saltarse este año todas las exigencias sobre inversiones establecidas en varios estatutos autonómicos reformados en los últimos años, entre ellos el extremeño, y ha evitado cumplir los porcentajes mínimos de inversión señalados en cada caso. Al contrario de lo que venía ocurriendo con los PGE anteriores, esta vez no se dice en ningún sitio que se hayan fijado inversiones adicionales para dar cumplimiento a la disposición estatutaria. Si pensáramos que los 20 millones de euros antes mencionados corresponden a este concepto, sería una cuantía irrisoria, pues la cláusula estatutaria exige unas inversiones adicionales del entorno de los 180 millones de euros.

No obstante, y llegados a este punto, habría que preguntar a los diputados y senadores que retocaron y aprobaron el texto definitivo de la reforma del Estatuto extremeño qué es eso de “inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional”. ¿Complementarias a qué? ¿Cuál es la referencia que hay que tomar para añadir el 1% del PIB o para saber si se está cumpliendo lo establecido?

De todas formas, todas estas cifras no son más que, como su propio nombre indican, presupuestos del Estado, que luego habrá que ir viendo si se ejecutan realmente. Muchos proyectos de inversión se retrasan, pero también se llevan a cabo otros nuevos que pueden compensar las previsiones. Dentro de no mucho tiempo, el Estado publicará los datos de ejecución de las inversiones reales correspondientes al ejercicio 2011. Comprobaremos entonces qué tal le fue a la región con las inversiones estatales del año pasado.

P.D.: Se me olvidaba señalar, al respecto del AVE, que no habrá línea de alta velocidad, como poco, hasta 2016, y no sólo porque la programación plurianual alargue la previsión hasta esa fecha. La inversión prevista para el AVE este año en Castilla-La Mancha sólo llega para finalizar la redacción de los proyectos de obra. Es decir, 2012 acabará sin que se haya producido ni un solo movimiento de tierras para la vía en la provincia de Toledo y en cuatro años (de enero de 2013 a diciembre de 2016) es imposible que se construya la infraestructura completa (plataforma, vía y electrificación), más aún cuando el paso por Talavera de la Reina es subterráneo. De poco sirve entonces que la construcción del AVE en Extremadura vaya más rápida, porque al tramo toledano le quedan muchos años por delante. A menos, claro, que aprovechemos la espera para poner unas lanzaderas que nos permitan ir de Navalmoral o Plasencia a Badajoz en poco más de una hora para darnos un paseo por El Corte Inglés o Leroy Merlin.