En concreto, el número de habitantes empadronados en la capital autonómica a principios de 2013 subió hasta los 59.049, que son 885 más que los del año anterior. Le sigue Badajoz, que al descontar a Guadiana del Caudillo tras la independencia de esta antigua entidad local menor se queda en 150.621 habitantes, 875 más que a principios de 2012.

La clasificación de los 10 municipios con mayor crecimiento de población se completa con Almendralejo, que sumó 407 habitantes; Rosalejo, que en un solo año ha crecido en 261 vecinos; Cáceres, con 257 habitantes más; Don Benito, con 101; Villanueva de la Serena, con 86; Fuente de Cantos, con 77; Santa Cruz de Paniagua, con un sorprendente aumento de 60 vecinos que en un solo año eleva la población a 361 habitantes; Almaraz, con 56, e Ibarhernando, con 51.

Es normal que las mayores localidades estén en cabeza de los aumentos si se toma como referencia la variación absoluta del número de habitantes, pero si se toma el aumento en porcentaje el ránking cambia notablemente. En este caso lo encabeza Santa Cruz de Paniagua, que con esos 60 habitantes más que ya he apuntado consigue un crecimiento del 20,6%. Le sigue Rosalejo, que también suma un 20,3%. A más distancia están Pedroso de Acim (12,7%), Alcollarín (11,6%), Santa Cruz de la Sierra (10,2%), Ibahernando (9,7%), Torrejón el Rubio (8,3%), Alagón del Río (5,7%), Almaraz (3,6%) y Talaván (3,4%).

En el lado contrario, la clasificación de municipios con mayores pérdidas de población está encabezada por Trujillo, que en 2012 perdió 561 habitantes, hasta situarse en 9.085. Tal vez parte de este descenso esté relacionado con los notables aumentos de los localidades próximas ya citadas, como Santa Cruz de la Sierra e Ibahernando. Después de Trujillo se colocan Azuaga, con 246 habitantes menos; Jerez de los Caballeros, que baja en 151 vecinos; Aceuchal, con 136 menos; Navalmoral de la Mata, con 127 menos; La Garrovilla, con 120 menos; Madroñera, que baja en 111; Castuera, que pierde 98, y Arroyomolinos, con 93 menos.

Si medimos las variaciones en porcentaje, los mayores descensos de población se registraron en Campillo de Deleitosa (-17,6%), Villamiel (-12,8%), Pozuelo de Zarzón (-11%), Salvatierra de Santiago (-10,2%), Oliva de Plasencia (-10,2%), Arroyomolinos (-9,8%), Aldeacentenera (-9,3%), Descargamaría (-9,1%), Casares de las Hurdes (-9%) y Botija (-9%).

En el gráfico interactivo de más abajo se puede consultar la clasificación, con el número total de habitantes. En la parte inferior hay un buscador para facilitar la búsqueda del municipio deseado.

EXTREMADURA PERDIÓ POBLACIÓN, PERO MENOS DE LA ESTIMADA

Más allá de la curiosidad de los datos por municipios, es preciso analizar los datos más globales. Así, vemos que solo 73 de los 386 municipios extremeños ganaron población en 2012 y cuatro (Feria, Rena, Gargantilla y El Gordo) se mantuvieron sin cambios. De los 308 que vieron reducir el número de empadronados, más de dos tercios (en concreto, 211) registraron un descenso de más de 10 habitantes.

En total, Extremadura perdió en 2012 un total de 4.126 habitantes, un 0,37%, hasta quedarse en 1.104.004 personas. Es el segundo año consecutivo con descenso del número de habitantes en la región. Y como viene siendo habitual, la provincia de Cáceres experimentó un peor comportamiento, con un descenso de 3.322 habitantantes (0,8%), frente a los 804 que bajó la provincia de Badajoz (0,1%). A 1-1-2013 se situaron en 410.275 y 693.729 habitantes, respectivamente.

Con respecto a la pérdida de población de Extremadura, hay que apuntar que el descenso definitivo se ha quedado casi en la mitad del inicialmente estimado cuando en abril se publicó el avance del padrón. Entonces el INE calculó que la región había menguado en 7.991 habitantes. Sin embargo, en este blog (“¿Por qué perdemos población en Extremadura?”) ya expresé que aquellos datos no cuadraban con las variaciones que se mostraban en las estadísticas sobre migraciones y sobre movimiento natural de la población: “Las tendencias históricas y el cruce de datos con otras estadísticas conduce a conclusiones no muy coherentes o, incluso, contradictorias”. Ha vuelto a ocurrir lo mismo que el año anterior, pues la pérdida de población en el año 2012 también se quedó prácticamente en la mitad de la estimada en el avance.

¿Y a qué se debe esa pérdida de 4.000 habitantes? Pues como ya he expliqué hace seis meses (“Las claves de la pérdida de población en Extremadura en 2012”), la mayor parte del descenso de población se debe al saldo vegetativo negativo, es decir, a que hay más muertes que nacimientos. En concreto, los datos definitivos dicen que las defunciones superaron en 1.924 personas a los nacimientos. En cuanto a las migraciones, Extremadura perdió 1.451 habitantes, 61 con respecto al extranjero y 1.390 con respecto al resto de España.

De ese superávit presupuestario no financiero, equivalente al 0,6% del PIB regional, 68,4 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y los 26 millones restantes a las dos diputaciones provinciales.

La existencia de superávit presupuestario (sin ajustes de Contabilidad Nacional) significa que los ingresos no financieros (es decir, los derechos reconocidos por impuestos, tasas y transferencias) fueron superiores a los gastos no financieros (por simplificar, todos los gastos salvo las amortizaciones de deuda). En concreto, las entidades locales extremeñas gastaron un 8,07% menos que lo ingresado.

Junto al dato global del superávit hay que destacar que solo 118 de los 385 ayuntamientos extremeños (es decir, el 30,6%) presentaron déficit. O, por decirlo de otra manera, siete de cada diez ayuntamientos consiguieron superávit presupuestario. Aún faltan 12 consistorios por comunicar sus cifras, pero son municipios de muy pequeño tamaño que no tendrán una incidencia significativa sobre el total.

Estas cifras son más llamativas si se tiene en cuenta que en 2011 fueron 193 (el 50%) los ayuntamientos extremeños que tuvieron déficit presupuestario. Eso supone que el año pasado se produjo una reducción del 38,9%, nada más y nada menos.

En volumen, los mayores superávits se registraron en Cáceres (18,3 millones), Badajoz (16,8 millones), Don Benito (5,2), Villanueva de la Serena (4,9) y Plasencia (2), mientras que los mayores déficits se alcanzaron en Almendralejo (3,2 millones) [VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL], Navalvillar de Pela (1,9 millones), Moraleja (1,3), Cañaveral (1,3) y Santa Amalia (1).

En euros por habitante, por tomar una referencia comparativa más razonable, los mayores superávits se localizan en Romangordo (1.126,82 euros per cápita), Casas de Reina (865,07), Casas de Miravete (575,57), Talarrubias (450,21) y Alange (327,08). Por el contrario, Cañaveral (1.052,27), Helechosa de los Montes (541,91), Ruanes (527,79), Berrocalejo (527,20) y Cristina (526,67) son los ayuntamientos que finalizaron el año con más déficit por habitante.

Los datos del Ministerio de Hacienda también revelan cuáles son los ayuntamientos que más gastan. En este punto, Romangordo se coloca también como el municipio con mayor gasto total por habitante, con 5.829,30 euros, seguido a mucha distancia por Ruanes (3.502,71 euros), Capilla (3.336,72), Valdecañas de Tajo (3.286,81) y Toril (2.808,31). En el lado opuesto, los ayuntamientos con menos gasto per cápita son Acedera (500,67 euros por habitante), La Coronada (516,53), Casar de Palomero (523,90), Puebla de Obando (534,45) y Calamonte (537,53).

Otro dato curioso: ¿cuáles son los que más gastan en personal? Esta clasificación la encabeza Hinojosa del Valle, que emplea el 79,1% de sus ingresos a pagar gastos de personal. Por detrás están Berrocalejo, con el 75,2% de sus ingresos, y Valverde de Llerena, con el 70,6%. La media es del 35,9%. En el otro extremo, Robledillo de Gata solo dedica el 10,7% de sus ingresos a las nóminas del personal, seguido por Torrecilla de los Ángeles (12,3%) y Robledillo de Trujillo (15%).

Una cifra también importante es la de la carga financiera, que consiste en la suma de los gastos en amortizaciones de deuda (los préstamos que se devuelven a los bancos) y los intereses de esos préstamos. Es significativo porque revela qué parte de los gastos ‘se comen’ la deuda arrastrada y sus intereses. En este caso, Calera de León es el ayuntamiento con mayor carga: el 24,2% de sus gastos (casi uno de cada cuatro euros) tiene que ver con la deuda. Le siguen Cáceres (21,6%), Santa Marta de Magasca (21,1%), Baterno (16,8%) y Plasenzuela (16,3%). La media es del 6,72%, pero hay que resaltar que 39 municipios no gastan ni un céntimo en esa deuda o sus intereses y que otros 160 emplean menos del 2% de sus gastos.

Y un último detalle. El hecho de que el conjunto de los ayuntamientos extremeños haya presentado superávit no impide que la deuda municipal haya crecido en el último año. La variación de los pasivos financieros refleja un aumento de la deuda local de 46 millones de euros, que se aproxima mucho a la subida del endeudamiento municipal en 49,1 millones que ya dio a conocer el Ministerio hace unos meses (la diferencia se debe a criterios técnicos de contabilización).

En el siguiente gráfico interactivo puede consultar la cifra de déficit o superávit de su ayuntamiento. Basta con introducir el nombre del municipio en el campo de búsqueda situado en la parte inferior.

NOTA ACLARATORIA

El concepto utilizado en esta información como superávit o déficit presupuestario es el resultado de la diferencia entre los ingresos no financieros (derechos reconocidos netos por los capítulos 1 a 7) y los gastos no financieros (obligaciones reconocidas netas por los capítulos 1 al 7). Así se recoge en los manuales de Hacienda Pública y así mismo lo emplea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en sus informes mensuales de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Véase, como ejemplo, la página 14 del último informe disponible. Este indicador se utiliza para analizar la capacidad o necesidad de financiación de una administración para hacer frente a sus gastos corrientes (funcionamiento ordinario y prestación de servicios) y de capital (inversiones); en otras palabras, y por simplificar, se aprecia si necesita endeudarse o no.

No obstante, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha manifestado disconforme con los datos recogidos en este blog, por considerar que inducen a error y no reflejan de manera acertada la gestión presupuestaria municipal. En su lugar, el Consistorio almendralejense señala que debería recogerse el dato de ‘resultado presupuestario ajustado’, que se obtiene de la diferencia entre ingresos y gastos totales (capítulos 1 al 9) y de diversos ajustes contables debidos a gastos con financiación afectada y remanentes de tesorería. La cifra que se obtiene es un resultado presupuestario ajustado positivo de 9,7 millones de euros, que contrasta con el déficit presupuestario de 3,2 millones citado en este blog. El informe de intervención que refleja ese resultado puede descargarse aquí.

Hecha la referencia, solo queda por aclarar que el indicador utilizado en este blog (el mismo que en los informes mensuales del Ministerio) es distinto del que plantea el Ayuntamiento de Almendralejo, pero ambos son acertados y ninguno es mejor que otro, sino que sirven para valorar cosas distintas. Existe un tercer indicador que sería el “saldo presupuestario”, que incluye las variaciones netas de deuda (pasivos financieros), que podría ser igual de válido, pero aportaría un punto de vista diferente y, de hecho, no se suele emplear porque un saldo positivo podría deberse solamente a un aumento de la deuda.

Si en el blog no hemos utilizado el criterio de “resultado presupuestario” es porque las tablas publicadas por el Ministerio no permiten operar para obtener esa cifra. Si fuera posible, es bastante probable que los datos de muchos ayuntamientos cambiaran de manera notable, a favor, pero también en contra. Lo importante es que se utiliza el mismo criterio para todos los ayuntamientos. Es verdad que los datos concretos de un ayuntamiento en un solo año, sin ponerlos en perspectiva o sin más explicacones, pueden resultar poco representativos de su trayectoria, pero realizar esa tarea pueblo a pueblo escapa de las capacidades de quien escribe. Lo sustancial es que el conjunto de los ayuntamientos está progresando en el control de sus cuentas y que, aunque ahora no lo parezca, ello terminará redundando en beneficio de todos.

A comienzos del año, Extremadura tenía 1.100.139 habitantes empadronados, 7.991 personas menos (un 0,72%) que justo un año antes. Si en diciembre -cuando se den a conocer los datos definitivos y oficiales- se confirmaran estas cifras, será el mayor descenso de población en la región al menos desde 1998, año en que comenzó la revisión y publicación anual del padrón. Además, será el segundo año consecutivo en descenso, tras reducirse en 1.237 el número de empadronados a lo largo de 2011.

En línea con la tendencia de los últimos años, la provincia de Cáceres donde más baja la población: 5.625 personas, un 1,36%, frente a los 2.366 de Badajoz, el 0,34%.

Por lugar de nacimiento, los nacidos en la región se reducen en la misma propoción que el total, un 0,7%. Baja con más fuerza el número de personas nacidas en el extranjero, un 1,85% (esta cifra casi se duplica si se toma como referencia la nacionalidad). En cambio, las personas nacidas en otros puntos de España y residentes en Extremadura solo descienden en un 0,1% (en la provincia de Badajoz, incluso, suben).

Toda esta bajada, como digo, era fácil de prever a la vista de las estimaciones que íbamos conociendo. Lo que no lo era tanto es el número tan abultado de personas que han desaparecido de los padrones municipales extremeños. ¿Cómo es posible que Extremadura pierda, de golpe, tantos habitantes? ¿Puede ser que algo no cuadre?

Para empezar, hay que señalar que estos datos que ha publicado el INE son provisionales, porque aún están pendientes de revisión y depuración. El proceso, como siempre, acaba en diciembre, cuando las cifras definitivas pasan por el Consejo de Ministros y son declaradas oficiales. El año pasado, el avance del padrón a 1-1-2012 decía que la población de Extremadura había bajado en 2.662 personas, pero tras la revisión esa pérdida se quedó en solo 1.237 habitantes. Es decir, se corrigió hasta dejarla en menos de la mitad. Sin poner en duda el excelente trabajo del INE, no me extrañaría que este año se produjera también una corrección notable. Pero para eso hay que esperar muchos meses.

¿Por qué creo que es probable esa corrección? Pues porque las tendencias históricas y el cruce de datos con otras estadísticas conduce a conclusiones no muy coherentes o, incluso, contradictorias. Veámoslo.

De los 7.991 habitantes que ya no figuran en el padrón, 1.300 se corresponden con personas de nacionalidad extranjera y el resto, 6.691, españoles. El dato de los extranjeros no resulta extraño porque ya se sabe que hay bastantes inmigrantes que han decidido regresar a su país por culpa de la crisis.

Cambiando el criterio de la nacionalidad por el de nacimiento, vemos que el número de personas nacidas en Extremadura (940.335) se ha reducido en 6.928 en un año. De ellas, una parte se debe al movimiento natural de la población, es decir, a que hay más muertes que defunciones. Pongamos, haciendo un cálculo grosso modo, que el saldo negativo ronde las 1.000 o 1.200 personas por la caída de la natalidad, lo que nos dejaría a cerca de 6.000 personas como resultado de los saldos migratorios, una cifra que supera con creces la media de la última década, que es bastante estable. Hay algo, por tanto, que se sale de lo normal.

¿Será que ha aumentado tanto la emigración? Pues resulta difícil de creer, porque el número de personas nacidas en Extremadura y residentes en otras comunidades se ha reducido en 8.063 personas. Para que esta cifra fuera coherente con un crecimiento importante de la emigración, tendría que haberse producido al mismo tiempo un enorme incremento de fallecimientos de extremeños que viven en otras regiones, circunstancia altamente improbable. En la actualidad hay 584.271 extremeños en otros puntos de España.

¿Será que se han ido al extranjero? Pues parece que tampoco, porque como vimos hace solo unas semanas en este blog, el número de extremeños residentes en otros países ha crecido, pero no por la emigración, sino por el reconocimiento de la nacionalidad española a muchos extranjeros descendientes de extremeños (como de otros muchos españoles).

En definitiva, y más allá de cuestiones técnicas, hay algo ciertamente extraño en la elevada reducción de la población extremeña, porque no resulta coherente ni con la tendencia del movimiento natural de la población, ni con la variación de los extremeños que viven fuera de al región. El padrón, como hemos dicho otras veces, es una foto fija sobre los habitantes del país que no informa sobre los motivos que hay detrás de su evolución temporal. Como mucho, podemos intuir qué ha podido pasar, pero en este caso las cifras son poco claras. Eso sí, entre lo poco que parece más o menos fuera de duda a partir de esos datos es, una vez más, que no existe una emigración masiva, o que, de producirse, no se está reflejando en los registros públicos.

El principal factor que explica esa mejora es la subida del IVA que entró en vigor el 1 de septiembre. Hasta entonces, la recaudación de este impuesto arrastraba todavía una fuerte caída por cuestiones relacionadas con las devoluciones, aunque la evolución había ido mejorando con el paso de los meses. Pero la clave de la remontada, como ya comentamos en este blog, fue el aumento de tipos del IVA, pues gracias a ello la recaudación de septiembre a diciembre de 2012 dio un salto de 103,5 millones, frente a los 45,4 millones del mismo periodo de 2011. Si hasta septiembre bajaban un 11,7%, al final los ingresos por IVA en las ventanillas de la Agencia Tributaria en Extremadura crecieron un 19,8% con respecto al año anterior, con un total de 240,7 millones de euros, muy por encima, incluso, del 2,4% de subida nacional.

A la vista de estos datos, podemos concluir que la subida de tipos del IVA ha tenido, desde el punto de vista recaudatorio, más efectos positivos que negativos. Uno de los grandes temores de las Administraciones Públicas era que ese incremento acabara produciendo un hundimiento del consumo por el aumento de precios, hasta el punto de que la caída de las ventas anulara la mayor cuota tributaria. Sin embargo, tanto los datos tributarios como las cifras de evolución del comercio descartan ese efecto. Según los datos del INE, las ventas del comercio minorista (a precios corrientes) en el último trimestre del año se redujeron un 2,7% en Extremadura con respecto al mismo trimestre de 2011, mientras que la recaudación por IVA subió un 9,9% en ese mismo periodo. Es verdad, por tanto, que tras la subida el consumo ha bajado (habría que ver también qué parte es por el agravamiento de la crisis en general y qué parte como consecuencia de la suspensión de la paga extra de diciembre de los funcionarios), pero no lo ha hecho de manera desmesurada, por lo que no ha impedido que suban los ingresos por IVA.

Por lo demás, también experimentó una notable mejora la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que alcanzó un total de 101,5 millones, un 6,2% más que en 2011 (un 29% más en el total del país).

En cuanto al IRPF, que es el impuesto que genera los mayores ingresos en la región, cerró el año con 596,8 millones de euros, un 5% menos que en 2011, un descenso que se ha ido suavizando ligeramente en el segundo semestre del año. El total nacional, sin embargo, subió un 1,2%, gracias a las medidas de consolidación fiscal. Según la Agencia Tributaria, sin esas medidas los ingresos por el Impuesto sobre la Renta habrían disminuido un 3,9%, similar a la bajada de las rentas brutas de los hogares.

El hecho de que la recaudación total de impuestos estatales haya crecido con respecto a 2011 supone un alivio no solo para las arcas del Estado, sino también para las haciendas autonómicas, pues se ha conseguido cumplir el objetivo presupuestario de ingresos para 2012. ¿Qué quiere eso decir? Pues que si se alcanzan las previsiones de ingresos del Estado no habrá que hacer ajustes negativos (o, al menos, de cierta importancia) cuando se liquiden los ingresos del sistema de financiación autonómica, dentro de dos años. En caso contrario, ocurriría como hace un par de años: como en 2008 y 2009 las cantidades entregadas a las comunidades estuvieron muy por encima de la recaudación final, las liquidaciones realizadas en 2010 y 2011 dieron como resultado grandes devoluciones a favor del Estado, que perjudicaron a las ya maltrechas cuentas autonómicas.

Y un último apunte: que se haya recaudado casi un 20% de IVA en Extremadura no quiere decir que en la Hacienda extremeña haya entrado esos 40 millones más que el año anterior. El IVA no se reparte según la ventanilla donde se paga, sino según el índice de consumo de cada comunidad autónoma. Para recibir más, lo que importa es que, primero, la recaudación por IVA suba en el total nacional y, en segundo lugar, que el consumo en Extremadura evolucione igual o mejor que la media, porque así ‘tocamos a más’.

¿A qué se deben estos bandazos? Para entender la explicación, primero hay que saber que el Índice de Producción Industrial (IPI) es, como señala el INE, “un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción”. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 13.200 establecimientos de todo el país. Una vez obtenidos los datos de estas empresas, el INE construye un índice que permite conocer el comportamiento del sector industrial. Para elaborar ese índice global, se otorga una determinada ponderación a cada uno de las ramas o subsectores industriales, en proporción a su peso real sobre el total de la industria. Este mismo procedimiento se realiza para obtener el dato de cada comunidad autónoma. Ahora bien, como la industria no tiene el mismo perfil en todas las regiones, hay que ajustar la ponderación de cada subsector al peso que cada uno tiene, no sobre el total del país, sino sobre la industria de cada comunidad. Por eso, un mismo sector puede tener una trascendencia muy diferente en dos regiones distintas.

El distinto peso de los subsectores industriales en cada comunidad es, precisamente, la clave que explica esos ‘dientes de sierra’ del IPI extremeño. Y, por concretar más, el sector energético. En el índice general de España, la energía representa un 13% del total. Pero en Extremadura su peso se eleva hasta casi el 47%. Eso quiere decir que las variaciones del sector energético tienen en Extremadura una repercusión casi cuatro veces mayor que en el total del país. En principio, este protagonismo de la energía beneficia a la región, porque es un sector que está viviendo una gran expansión en los últimos años. Pero, aun con ese crecimiento, la mayor parte de la producción energética extremeña procede de la Central Nuclear de Almaraz, que periódicamente tiene que someterse a paradas para proceder a la recarga de combustible nuclear. Y he aquí la segunda clave: la incidencia de estas paradas en la producción energética de la región y, en última instancia, en la producción industrial total de Extremadura.

Cada vez que la Central Nuclear de Almaraz para la producción de alguna de sus dos unidades, el índice de la rama energética de Extremadura experimenta un fuerte descenso que arrastra a la baja al índice general, debido, como hemos dicho, a su repercusión sobre el total. Si estas recargas se produjeran siempre en los mismos meses del año, las repentinas variaciones no producirían grandes oscilaciones, porque se compararían entre sí meses con baja producción energética o, en otros momentos, meses con una producción normal. El problema es que las recargas no siempre se producen en los mismos meses. De hecho, cada una de las unidades se somete a una renovación del combustible cada año y medio, aproximadamente. Esto supone que hay ocasiones en las que se comparan meses de baja producción energética con otros de alta, o viceversa. Por eso, la variación interanual del índice energético y del IPI general se dispara unas veces y se hunde otras, como se ve en los siguientes gráficos:

En este segundo gráfico se ve que la producción industrial se ha hundido en Extremadura en diciembre (un 34,8% interanual) porque en el mes de diciembre de 2011 no hubo ninguna parada en Almaraz y, por tanto, entonces la producción energética era normal.

¿Qué dato del IPI se debería analizar para reducir el efecto causado por las paradas de Almaraz? Desde el punto de vista del análisis económico, lo más riguroso es hacer medias trimestrales o, como hace el INE, medias de lo que va de año. En diciembre, esa media coincide con la media anual. Su comparación con respecto a la media de 2011 indica que la producción industrial de Extremadura bajó un 7,7% (no el 34,8% que dicen algunos teletipos, que confunden la variación interanual de diciembre con la variación del año), frente al 5,8% de la media. Hasta noviembre, la media de lo que va de año había ido mejor en Extremadura que la media, pero el mal dato de diciembre ha perjudicado al dato anual.

Otra fórmula es fijarse en el índice no energético. En diciembre, la variación interanual reflejaba una caída del 23,3% (11,5 puntos menos con respecto al índice global), frente al 10,3% de retroceso del total del país. En media anual, la producción industrial no energética de Extremadura ha bajado en 2012 el 7,6%, solo seis décimas más que la media del país (7%).

En resumen, a la hora de valorar la evolución de la producción industrial extremeña hay que tener en cuenta las distorsiones introducidas por las paradas de Almaraz. Y, por supuesto, no confundir nunca la variación interanual de un mes, un dato más sometido a ‘dientes de sierra’, con la variación de la media acumulada, que es un dato de evolución más estable y refleja mejor la tendencia del sector industrial.

La cifra puede chocar, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se habla mucho de la emigración por culpa de la crisis. ¿Cómo es esto posible si el saldo migratorio de extremeños es negativo? La respuesta es fácil de deducir: si emigración de extremeños superó al retorno en 1.898 personas durante 2011, la única posibilidad es que esa mayor salida de extremeños se contrarreste con el movimiento natural de los propios emigrantes, es decir, por las defunciones. No hay que olvidar que la ola migratoria extremeña comenzó en la segunda mitad de los años cincuenta y que muchos de aquellos emigrantes, hoy de edad avanzada, no han retornado a su tierra por haber echado raíces familiares en sus regiones de acogida, y es allí donde fallecen.

Comparando la foto fija de los emigrantes extremeños a 1-1-2012 con la del año anterior, vemos que la única comunidad autónoma en la que aumenta el número de extremeños es Canarias, aunque solo sea un pequeño avance: suma 12 extremeños, un 0,24%, y alcanza un total de 5.030. Por el lado contrario, el mayor descenso, en porcentaje, se ha registrado en Asturias, con un 1,8% menos.

No obstante, los descensos de mayor cuantía en el número de extremeños se han localizado en las regiones tradicionales de la emigración: hay 2.577 extremeños menos en Madrid, 2.210 menos en Cataluña, 825 menos en Andalucía y 818 menos en el País Vasco.

Analizando los cambios de la última década para tener más perspectiva, tenemos que el número de extremeños en el exterior se ha reducido de media un 10,2%. En este periodo, hay seis regiones donde crece y diez donde baja (a las que se suman Ceuta y Melilla). El mayor crecimiento, con diferencia, es el de Castilla-La Mancha, que suma un 13%, 3.200 extremeños más. Sin duda, este hecho está muy relacionado con el aumento poblacional que Toledo y Guadalajara han experimentado durante esos diez años al calor de la actividad económica desarrollada en estas dos provincias limítrofes con Madrid. A Castilla-La Mancha le siguen Murcia, Galicia, Cantabria y, a más distancia, Castilla y León y La Rioja.

Entre las bajadas hay que destacar los casos de País Vasco (-15,9%), Cataluña (-14,7%) y, también por encima de la media, Madrid (-11,7%), que fueron los tres principales focos de la emigración extremeña durante los años sesenta y setenta. En Madrid, la razón fundamental de la caída tiene que estar, como hemos dicho, en el movimiento natural de la población, pero también en que probablemente un buen número de extremeños residentes en esta comunidad se hayan trasladado en los últimos años a Toledo y Guadalajara.

En el caso de las provincias vascas y catalanas, el descenso del número de extremeños viene motivado no sólo por el propio movimiento natural de la población, sino también por el hecho de que en la última década el retorno de extremeños ha superado a la emigración.

Si a estos datos del padrón municipal le sumamos el número de personas residentes en otros países e inscritas en Extremadura que aparecen en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, la población total de extremeños en el exterior a 1 de enero de 2012 asciende a 618.162 personas. Esta cifra se rebaja hasta 607.685 personas si nos limitamos a los estrictamente nacidos en Extremadura.

La clave de esta remontada está en el IVA. Hasta agosto arrastraba un descenso del 25,9%, que se moderó hasta el 11,7% en septiembre por los primeros efectos de la subida de tipos. Pero en octubre, mes en el que la gran mayoría de las empresas ingresan lo cobrado por IVA durante el tercer trimestre, la recaudación dio un salto de casi 82 millones de euros, frente a los 67,6 millones del mismo mes del año anterior, es decir, un 21% más. Con ello, los ingresos acumulados por la Agencia Tributaria en concepto de IVA en Extremadura se sitúan en 219,1 millones, solo un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2011.

Esta variación supone que, al menos hasta el momento, no se ha producido un hundimiento del consumo que contrarreste los positivos efectos recaudatorios de la subida del IVA. Ese era uno de los grandes temores de las Administraciones Públicas. Pero los datos tributarios lo descartan, al igual que las cifras sobre evolución del comercio que elabora el INE. Es cierto, según esta estadística (a precios corrientes), que el comercio extremeño registró en septiembre una caída del 5,9% en comparación con el mismo mes de 2011. Sin embargo, el volumen medio de negocio acumulado hasta septiembre solo retrocede un 0,7%. Y en octubre mejoran, pues las ventas subieron un 0,1% interanual, según los datos publicados hoy por el INE.

En octubre también se ha notado una mejora de la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que suma 86,4 millones, un 11,1% menos que un año antes. En cuanto al IRPF, la principal fuente tributaria, con 511,5 millones de euros, sigue manteniendo una caída más o menos estable, que en octubre se sitúa en el 5,7%.

¿Continuará la mejora general de aquí a final de año? Ojalá, porque eso significaría que la gente sigue gastando, con lo que eso supone de impulso de la economía, y porque lo agradecerán las arcas públicas.

El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

Esta desaceleración supone un cierto alivio frente a los malos augurios de principios de año, si bien habrá que esperar a ver en el último trimestre el comportamiento del IVA tras la subida de tipos del pasado mes de septiembre. Pero por el momento la evolución es positiva y ello se traduce en que Extremadura vuelve a mejorar posiciones con respecto a otras comunidades autónomas: ahora es la quinta región con mayor caída, por detrás de Cantabria (-23%), Asturias (-16,6%), Castilla y León (-13,2%) y Murcia (-12,2%).

Del total recaudado por la Agencia Tributaria en Extremadura, 489,1 millones de euros corresponden a impuestos directos, 134 millones a indirectos y 11 millones a tasas y precios públicos.

La mejora de la recaudación extremeña se debe, fundamentalmente, a la notable recuperación del IVA. Hasta junio acumulaba un descenso del 29,5%, pero en el tercer trimestre se limita al 11,7% (la media estatal es del 5,3%), con un total de 137,2 millones de euros. Buena parte de este cambio de rumbo se explica por la subida del impuesto, que animó el adelanto de compras al mes de agosto. No obstante, el verdadero efecto recaudatorio de la subida se constatará en lo que queda del año. En este sentido, la fuerte caída del comercio minorista registrada en septiembre (10% en Extremadura, 12,6% de media estatal) no invita al optimismo, a pesar de que el Gobierno confía en que el incremento del IVA tendrá resultados recaudatorios positivos.

Por su parte, el IRPF, que es la partida de mayor peso, mejora ligeramente y se sitúa en 427,6 millones, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2011, frente al aumento del 1,6% del total del país.

Todos estos datos corresponden exclusivamente a lo recaudado por la Agencia Tributaria estatal, no por la Junta. A este respecto, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de agosto, señalan que la caída interanual de la recaudación por impuestos cedidos es también muy notable: un 9,59% en el caso de Sucesiones y Donaciones y un 19,28% en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. No hay, sin embargo, datos detallados sobre la evolución de los tributos propios regionales.

El INE calcula que, a 1 de octubre de 2012, Extremadura tiene 1.081.322 habitantes (no hay que olvidar que esta estadística siempre da cifras inferiores a las del Padrón). En comparación con el inicio del año, la región ha perdido 1.745 personas, un 0,16%. En esta reducción pesa más la peor evolución de la provincia de Cáceres, que se deja 1.580 habitantes (-0,39%), frente a los 165 menos de la provincia de Badajoz (-0,02%).

Uno de los factores que explican esta desfavorable tendencia es el movimiento natural de la población. La diferencia entre nacimientos y defunciones en los tres primeros trimestres del año arroja un saldo negativo de 629 habitantes. Si se tiene en cuenta que el saldo de todo 2011 fue de 711 personas menos, parece razonable pensar que el saldo vegetativo va a ser más negativo en 2012. Y en este asunto la clave está en la provincia de Cáceres, que en lo que va de año ha perdido 754 habitantes, mientras que Badajoz ha ganado 124.

Pero la razón principal del retroceso de la población extremeña está en las migraciones, tanto las interiores como las exteriores. Por lo que se refiere a las producidas dentro del país, y según estas estimaciones del INE, Extremadura venía registrando saldos interautonómicos positivos hasta 2010. Pero en 2011 se invirtió la tendencia, puesto que las salidas a otras regiones superaron en 610 personas a las entradas. Y en los tres primeros trimestres de 2012 ya se ha llegado a las 664 personas menos.

Por el lado de las migraciones exteriores, el INE confirma lo que apuntaba el trimestre anterior: que Extremadura está registrando en 2012 un saldo negativo, fundamentalmente por los extranjeros. Si en 2011 la región ganó 1.510 extranjeros, entre enero y septiembre de este año ya ha perdido 257. Es decir, que este año se marchan a otros países más inmigrantes que los que llegan. Ello es fruto tanto de la mayor emigración como de la menor inmigración de extranjeros.

El saldo de españoles también es negativo en este periodo, en 195 personas, pero la cifra podría quedar la final por debajo de los 382 del año anterior. Este dato rompe con la idea generalizada de que hay una emigración masiva de extremeños -como el resto de los españoles- al extranjero. En general, el saldo negativo total por salidas al extranjero, de 452 habitantes menos, es uno de los más bajos del país.

Los datos aquí expuestos proceden, como se ha apuntado, de los saldos migratorios, es decir, de la diferencia entre emigraciones e inmigraciones. Este aspecto es importante, porque mirar solo una parte de la estadística puede conducir -y conduce, de hecho- a conclusiones erróneas. Por ejemplo, con motivo de la publicación de estos datos, numerosos medios de comunicación han alertado de que 420.150 españoles se han marchado del país en lo que va de año, como una consecuencia lógica de la crisis. Y aquí hay dos errores. El primero está en que de esos emigrantes, solo 54.912 son españoles. Y el segundo error consiste en no restar las más de 282.000 personas que han llegado a España en ese mismo periodo. En rigor, habría que decir que el país ha perdido 137.628 habitantes por las migraciones al extranjero. Y de ellos solo 25.539 son españoles. Son cifras importantes, sí, pero menos alarmistas y más cercanas a la realidad.