Precisamente este problema fue uno de los argumentos esgrimidos en su día por los directivos de Caja Badajoz y Caja Extremadura para descartar una fusión de las entidades extremeñas, asunto que incluso fue estudiado por una comisión de la Asamblea de Extremadura. Pero ahora el transcurso de los acontecimientos va camino de forzar esa unión.

Políticos como el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, se oponen a la fusión por las repercusiones negativas que el cierre de oficinas tendrá para el empleo en la región. Para valorarlo, nada mejor que pasar de las palabras a los números. Y en un estudio somero se constata que la fusión podría afectar a 46 localidades extremeñas en las que existen oficinas de ambas cajas. En total, 174 sucursales tienen su futuro en el aire, 96 de Caja Extremadura y 78 de Caja Badajoz.

La peor parte se la lleva la provincia de Badajoz, puesto que Caja Extremadura, de origen cacereño, había establecido una amplia red de sucursales en la otra provincia, pero la caja pacense se había introducido menos en Cáceres. Así pues, hay 36 municipios pacense que podría ver reducido el número de oficinas. De ellos, ocho tienen más de una sucursal de caja entidad. En concreto, Badajoz acumula 34, Mérida suma 9, Almendralejo tiene 6, Don Benito 5, Villanueva de la Serena 4, Zafra 4, Villafranca de los Barros 3 y Jerez de los Caballeros 3.

En cambio, en Cáceres los solapamientos afectan solamente a diez localidades, cuatro de ellas con más de dos oficinas: Cáceres suma 22, Plasencia 11, Navalmoral 4 y Coria 3.

No obstante, el problema no se acaba dentro de los límites administrativos de Extremadura. Tanto Caja Badajoz como Caja Extremadura tienen oficinas en otras provincias, y en ellas también se producen duplicidades en diez ciudades. Salamanca, Córdoba y Sevilla tienen muchas papeletas para que les toque algún cierre de oficinas:

La tarea que tienen por delante los directivos, si la fusión supera todos los trámites, es analizar caso por caso y determinar si el volumen de negocio en cada una de estas poblaciones es suficiente como para mantener el número actual de oficinas y personal.

Y en esos cálculos no sólo entrarán las oficinas de las dos cajas extremeñas, sino también las de sus socias. Ibercaja, por ejemplo, tiene sendas oficinas en Cáceres y Badajoz. Además, la caja aragonesa tiene una presencia muy importante en Cataluña y Madrid, lo cual pone en el aire el futuro de las sucursales extremeñas en esas comunidades.

El problema del solapamiento de oficinas hacía parecer poco recomendable la fusión de Caja3, Ibercaja y Liberbank, pero otras combinaciones tampoco son fáciles. Si Caja3 o Liberbank hubieran apostado por fusionarse con Unicaja, surgiría otro enorme inconveniente con el más de medio centenar de oficinas de Caja España-Duero en Extremadura, muchas de las cuales se encuentran en localidades pequeñas de la provincia de Cáceres, lo cual tendría un impacto aún más negativo para el entorno rural de la región.

De todas formas, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones para concretar la fusión.

Según la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, Caja Badajoz (como parte de Banco Grupo Cajatres), Caja Extremadura (integranda en Liberbank), Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Almendralejo han comunicado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera su adhesión voluntaria a este mecanismo que pretende dar facilidades a quienes tienen problemas para pagar la hipoteca de su vivienda.

En el grupo de las 89 entidades financieras que han suscrito el Código está también otra caja con importante presencia en la región, Caja Duero (a través de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria), así como los bancos españoles de mayor peso, como BBVA, Banco Santander, Banesto o Banco Popular. En general, están casi todas las entidades financieras que operan en Extremadura, a excepción de la extremeña Banca Pueyo y el portugués Banco Caixa General (que absorbió al antiguo Banco de Extremadura), aunque tienen la posibilidad de incorporarse más adelante.

El Código de Buenas Prácticas pretende beneficiar a aquellas familias con hipoteca sobre su vivienda habitual que estén dentro del llamado “umbral de exclusión”. En concreto, serán aquellas en las que todos sus miembros carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y de cualquier otro patrimonio distinto a su vivienda habitual. Además, la cuota de la hipoteca deberá ser superior al 60% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar y el valor total de la misma no superará los 150.000 euros, en el caso de Badajoz capital, o los 120.000 euros en las demás localidades extremeñas.

Quienes se encuentren dentro de ese “umbral de exclusión” podrán solicitar a su entidad financiera un plan de reestructuración que consiste en un plazo de carencia de cuatro años, durante el cual sólo se pagará un interés del Euribor + 0,25%, y una ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años. Cuando esta opción no sea viable, la entidad podrá ofrecer una quita parcial del capital pendiente de amortización. En última instancia, el deudor podrá solicitar al banco que acepte la dación en pago, con cancelación definitiva de la deuda, y la posibilidad de permanecer en la vivienda en régimen de alquiler por un plazo de dos años a cambio de una renta.

También se establece que, en todos los contratos hipotecarios en los que el deudor se encuentre en el umbral de exclusión, los intereses moratorios aplicables desde que el deudor acredita su situación serán, como máximo, el resultado de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5% sobre el capital pendiente.

Las entidades que se han sumado al Código tienen la obligación de cumplir estas directrices durante al menos dos años, plazo que luego se irá prorrogando automáticamente con carácter anual, salvo renuncia de la entidad.