En medio de un ambiente cada vez más caliente por el enfrentamiento entre independentistas y no independentistas, más de 124.000 extremeños de nacimiento y residentes en Cataluña están llamados a participar en estas elecciones, en las que tendrán que decidir si se inclinan por las siglas de una u otra opción.

Según los datos provisionales del padrón del INE a 1 de enero de 2015, en Cataluña residen 124.744 personas nacidas en Extremadura, de las que apenas un 0,5% son menores de edad. Los extremeños representan el 1,66% del total de la población y son el tercer colectivo más numeroso, por detrás de los andaluces (606.487, el 8,08%) y los castellanoleoneses (125.812, el 1,68%).

Cataluña es la segunda comunidad con mayor número de extremeños. Siguen siendo muchos, pero la cifra se ha reducido en más de 24.000 personas en la última década, un 16,3%, que es la bajada proporcionalmente más alta de las que se han producido en casi todas las comunidades de destino.

En ‘Extremadura en Datos’ hemos hecho, por primera vez, un estudio detallado de los extremeños residentes en Cataluña por municipios, con los últimos datos oficiales disponibles, que corresponden al padrón a 1 de enero de 2014.

Este análisis confirma la idea general de que los extremeños se asientan sobre todo en Barcelona y sus municipios de alrededor y también en las poblaciones de costa. Pero también revela que los extremeños están presentes en muchos más municipios de los que pudiera pensarse. En concreto, se encuentran en cuatro de cada cinco poblaciones (763 de las 947 que hay en Cataluña), como se aprecia en este mapa interactivo que permite conocer el detalle de cuántos extremeños hay en cada municipio:

De acuerdo con estos mismos datos, Barcelona es la ciudad con mayor número de extremeños, con 16.112, seguida por L’Hospitales de Llobregat, Mataró, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Reus y El Prat de Llobregat.

Si en lugar de tomar las cifras absolutas analizamos la proporción de extremeños sobre el total de la población, vemos que destaca un pequeño pueblo de Girona, Palau de Santa Eulàlia. De sus 98 habitantes, 22 son originarios de Extremadura, lo que representa el 22,45%. Descontando los municipios de menos de 100 habitantes, Montmeló se coloca como la localidad con mayor proporción de extremeños, con un 8,77% del total de su población. Por detrás están otros municipios barceloneses como Canovelles, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Llinars del Vallès y Òdena. En los siguientes gráficos se muestran los datos en detalle:

La cifra puede chocar, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se habla mucho de la emigración por culpa de la crisis. ¿Cómo es esto posible si el saldo migratorio de extremeños es negativo? La respuesta es fácil de deducir: si emigración de extremeños superó al retorno en 1.898 personas durante 2011, la única posibilidad es que esa mayor salida de extremeños se contrarreste con el movimiento natural de los propios emigrantes, es decir, por las defunciones. No hay que olvidar que la ola migratoria extremeña comenzó en la segunda mitad de los años cincuenta y que muchos de aquellos emigrantes, hoy de edad avanzada, no han retornado a su tierra por haber echado raíces familiares en sus regiones de acogida, y es allí donde fallecen.

Comparando la foto fija de los emigrantes extremeños a 1-1-2012 con la del año anterior, vemos que la única comunidad autónoma en la que aumenta el número de extremeños es Canarias, aunque solo sea un pequeño avance: suma 12 extremeños, un 0,24%, y alcanza un total de 5.030. Por el lado contrario, el mayor descenso, en porcentaje, se ha registrado en Asturias, con un 1,8% menos.

No obstante, los descensos de mayor cuantía en el número de extremeños se han localizado en las regiones tradicionales de la emigración: hay 2.577 extremeños menos en Madrid, 2.210 menos en Cataluña, 825 menos en Andalucía y 818 menos en el País Vasco.

Analizando los cambios de la última década para tener más perspectiva, tenemos que el número de extremeños en el exterior se ha reducido de media un 10,2%. En este periodo, hay seis regiones donde crece y diez donde baja (a las que se suman Ceuta y Melilla). El mayor crecimiento, con diferencia, es el de Castilla-La Mancha, que suma un 13%, 3.200 extremeños más. Sin duda, este hecho está muy relacionado con el aumento poblacional que Toledo y Guadalajara han experimentado durante esos diez años al calor de la actividad económica desarrollada en estas dos provincias limítrofes con Madrid. A Castilla-La Mancha le siguen Murcia, Galicia, Cantabria y, a más distancia, Castilla y León y La Rioja.

Entre las bajadas hay que destacar los casos de País Vasco (-15,9%), Cataluña (-14,7%) y, también por encima de la media, Madrid (-11,7%), que fueron los tres principales focos de la emigración extremeña durante los años sesenta y setenta. En Madrid, la razón fundamental de la caída tiene que estar, como hemos dicho, en el movimiento natural de la población, pero también en que probablemente un buen número de extremeños residentes en esta comunidad se hayan trasladado en los últimos años a Toledo y Guadalajara.

En el caso de las provincias vascas y catalanas, el descenso del número de extremeños viene motivado no sólo por el propio movimiento natural de la población, sino también por el hecho de que en la última década el retorno de extremeños ha superado a la emigración.

Si a estos datos del padrón municipal le sumamos el número de personas residentes en otros países e inscritas en Extremadura que aparecen en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, la población total de extremeños en el exterior a 1 de enero de 2012 asciende a 618.162 personas. Esta cifra se rebaja hasta 607.685 personas si nos limitamos a los estrictamente nacidos en Extremadura.

Como entonces lo que estaba de moda era bajar impuestos, ninguna región echó mano de ese nuevo margen para obtener más recursos. Pero en esto llega el recrudecimiento de la crisis y, como a la fuerza ahorcan, empiezan a cambiar las tornas. Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las primeras en incrementar al máximo el impuesto desde 2012. Luego se han ido sumando Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y, desde el pasado viernes, Cantabria.

Y la próxima comunidad será Extremadura , una vez que, como el presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha acordado con el líder regional de IU, Pedro Escobar, los populares acepten en la Asamblea la enmienda de la coalición que exige agotar el margen normativo del ‘céntimo sanitario’. El Gobierno regional pretendía igualar el gasóleo con la gasolina, subiéndolo hasta 2,4 céntimos por litro, pero la necesidad de contar con los votos de IU para sacar adelante las medidas del plan de reequilibrio ha obligado al Ejecutivo admitir esta exigencia fiscal que permitirá suavizar los nuevos planes de recorte sobre los salarios de los funcionarios. Así pues, Extremadura, que implantó el tramo por primera vez en 2011, será la séptima comunidad que elevará al máximo el ‘céntimo sanitario’.

No será tampoco el último cambio. Navarra, que no había implantado el tramo autonómico, ya ha presentado un proyecto de ley para gravar los combustibles con 2,4 céntimos adicionales. Cuanto estas novedades entren en vigor en las próximas semanas, el cuadro autonómico quedará así:

Las únicas que se resisten, al menos por el momento, son Aragón, Canarias, La Rioja y País Vasco.

De todas formas, no hay que olvidar que el ‘céntimo sanitario’ tampoco es la panacea. De hecho, Castilla y León ha reconocido ya que estudiará la continuidad del impuesto a la vista de la caída de la recaudación que está experimentando en los primeros meses (justo lo contrario de lo que se pretendía). El efecto probablemente se notará más en aquellas provincias limítrofes o más cercanas a La Rioja y País Vasco, pues los conductores que transiten por esta zona notarán diferencias de casi cinco céntimos por litro.

Y un detalle aparentemente sin importancia. El impuesto, como hemos dicho, se creó como un recurso adicional para financiar la sanidad, y así lo han ido reconociendo prácticamente todas las comunidades autónomas, que han fijado una afectación para estos ingresos, de tal manera que obligatoriamente deben destinarse a financiar servicios sanitarios. En cambio, en Extremadura no se ha hecho, ni en la Ley 19/2010 que lo estableció por primera vez, ni tampoco en el proyecto de ley que acaba de aprobar el Gobierno regional. Es decir, que la Junta tendrá manos libres para destinar estos recursos a lo que estime más oportuno, no necesariamente la sanidad extremeña, de modo que en Extremadura tendrá poco sentido hablar de ‘céntimo sanitario’, pues ninguna norma obliga a hacer efectiva esa denominación. Se admiten sugerencias para darle un nuevo bautizo.

Precisamente este problema fue uno de los argumentos esgrimidos en su día por los directivos de Caja Badajoz y Caja Extremadura para descartar una fusión de las entidades extremeñas, asunto que incluso fue estudiado por una comisión de la Asamblea de Extremadura. Pero ahora el transcurso de los acontecimientos va camino de forzar esa unión.

Políticos como el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, se oponen a la fusión por las repercusiones negativas que el cierre de oficinas tendrá para el empleo en la región. Para valorarlo, nada mejor que pasar de las palabras a los números. Y en un estudio somero se constata que la fusión podría afectar a 46 localidades extremeñas en las que existen oficinas de ambas cajas. En total, 174 sucursales tienen su futuro en el aire, 96 de Caja Extremadura y 78 de Caja Badajoz.

La peor parte se la lleva la provincia de Badajoz, puesto que Caja Extremadura, de origen cacereño, había establecido una amplia red de sucursales en la otra provincia, pero la caja pacense se había introducido menos en Cáceres. Así pues, hay 36 municipios pacense que podría ver reducido el número de oficinas. De ellos, ocho tienen más de una sucursal de caja entidad. En concreto, Badajoz acumula 34, Mérida suma 9, Almendralejo tiene 6, Don Benito 5, Villanueva de la Serena 4, Zafra 4, Villafranca de los Barros 3 y Jerez de los Caballeros 3.

En cambio, en Cáceres los solapamientos afectan solamente a diez localidades, cuatro de ellas con más de dos oficinas: Cáceres suma 22, Plasencia 11, Navalmoral 4 y Coria 3.

No obstante, el problema no se acaba dentro de los límites administrativos de Extremadura. Tanto Caja Badajoz como Caja Extremadura tienen oficinas en otras provincias, y en ellas también se producen duplicidades en diez ciudades. Salamanca, Córdoba y Sevilla tienen muchas papeletas para que les toque algún cierre de oficinas:

La tarea que tienen por delante los directivos, si la fusión supera todos los trámites, es analizar caso por caso y determinar si el volumen de negocio en cada una de estas poblaciones es suficiente como para mantener el número actual de oficinas y personal.

Y en esos cálculos no sólo entrarán las oficinas de las dos cajas extremeñas, sino también las de sus socias. Ibercaja, por ejemplo, tiene sendas oficinas en Cáceres y Badajoz. Además, la caja aragonesa tiene una presencia muy importante en Cataluña y Madrid, lo cual pone en el aire el futuro de las sucursales extremeñas en esas comunidades.

El problema del solapamiento de oficinas hacía parecer poco recomendable la fusión de Caja3, Ibercaja y Liberbank, pero otras combinaciones tampoco son fáciles. Si Caja3 o Liberbank hubieran apostado por fusionarse con Unicaja, surgiría otro enorme inconveniente con el más de medio centenar de oficinas de Caja España-Duero en Extremadura, muchas de las cuales se encuentran en localidades pequeñas de la provincia de Cáceres, lo cual tendría un impacto aún más negativo para el entorno rural de la región.

De todas formas, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones para concretar la fusión.