Al cierre del año pasado, los ayuntamientos extremeños tenían pendiente con los bancos una deuda de 230 millones de euros. Con respecto al año anterior se ha reducido en 21,3 millones, un 8,5%. Y si se compara con finales de 2013, cuando se alcanzó el mayor nivel de deuda (323,5 millones), la caída ha sido de un 28,9% en tan sólo cuatro años. Gracias a ello, los ayuntamientos extremeños cerraron 2017 con la cifra más baja de la última década, que es el periodo en el que Hacienda viene publicando datos detallados.

Como resultado, son ya 196 los consistorios extremeños que carecen de deuda bancaria (190) o deben menos de 500 euros (6), en contraste con los 110 que había en 2008. Es curioso ver que hay 67 municipios, todos ellos de pequeño tamaño, que llevan al menos diez años sin endeudarse o cerrando cada año sin deuda.

Entrando en detalle, la clasificación de los ayuntamientos extremeños con mayor volumen de deuda bancaria está encabezada, como en años anteriores, por Mérida (41,4 millones), Plasencia (37,2 millones), Cáceres (23,3), Almendralejo (21,5) y Badajoz (16,6). Junto a Don Benito (3 millones), son las ciudades con mayor población de Extremadura.

Sin embargo, si se pone en relación el nivel de deuda con el tamaño del municipio, la clasificación es bien distinta. De acuerdo con este cálculo, el municipio extremeño con mayor deuda por habitante es Hinojosa del Valle, con casi 6.700 euros, seguido por Santa Marta de Magasca (3.178), Plasenzuela (2.671), Madroñera (1.815) y Villamesías (1.440).

Lejos de estas cifras, y analizados en conjunto, los ayuntamientos extremeños deben una media de 212,95 euros por habitante, menos de la mitad que la media nacional, que se ha situado en 509,54 euros. La de aquí es la sexta cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas, en contraste con los 852,41 euros de Madrid o los 821,34 de Aragón, que son las regiones en cabeza. Es decir, los consistorios extremeños presentan un nivel medio de deuda bastante aceptable dentro del panorama nacional.

Hay que tener en cuenta también que el volumen de deuda municipal queda muy lejos del que presentan las comunidades autónomas (aunque en ello tiene mucho que ver el diferente reparto de competencias). Los 230 millones de deuda bancaria de los ayuntamientos extremeños apenas equivalen al 5,2% de los 4.401 millones que debía la administración autonómica a finales del año pasado (4.075 euros por habitante).

Es muy probable que a finales de este año se consiga otra notable reducción de la deuda local, puesto que ayuntamientos como Badajoz o Mérida han aprobado recientemente destinar importantes partidas a amortizar préstamos bancarios.

Es verdad que esta buena evolución de la deuda municipal viene forzada por los exigentes objetivos y requisitos de estabilidad presupuestaria impuestos a los ayuntamientos, que desde 2013 están obligados a no incurrir en déficit y a destinar el superávit a reducir su nivel de endeudamiento o, como mucho, a desarrollar inversiones financieramente sostenibles. Pero no por ello hay que restar mérito a los ayuntamientos, puesto que ajustar los gastos a los menores ingresos que ha dejado la crisis (aunque ya se recuperen), minimizando el impacto en los servicios públicos, supone un esfuerzo que ha de ser reconocido. Si ello ha servido para poner fin al derroche y a las grandes obras sin sentido e insostenibles realizadas por algunos municipios, hemos salido ganando.

A menudo, los ciudadanos no somos conscientes de que la deuda pública es dinero prestado que habrá que devolver y que, por tanto, se traducirá en impuestos más adelante. Cuanto más crezca la deuda, más impuestos habrá que exigir en el futuro para amortizarla y pagar sus correspondientes intereses, y menos capacidad habrá para destinar el gasto a otros asuntos. De ahí que atajar el déficit sea tan necesario, no sólo en los ayuntamientos, sino en todas las administraciones públicas.

De ese superávit presupuestario no financiero, equivalente al 0,6% del PIB regional, 68,4 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y los 26 millones restantes a las dos diputaciones provinciales.

La existencia de superávit presupuestario (sin ajustes de Contabilidad Nacional) significa que los ingresos no financieros (es decir, los derechos reconocidos por impuestos, tasas y transferencias) fueron superiores a los gastos no financieros (por simplificar, todos los gastos salvo las amortizaciones de deuda). En concreto, las entidades locales extremeñas gastaron un 8,07% menos que lo ingresado.

Junto al dato global del superávit hay que destacar que solo 118 de los 385 ayuntamientos extremeños (es decir, el 30,6%) presentaron déficit. O, por decirlo de otra manera, siete de cada diez ayuntamientos consiguieron superávit presupuestario. Aún faltan 12 consistorios por comunicar sus cifras, pero son municipios de muy pequeño tamaño que no tendrán una incidencia significativa sobre el total.

Estas cifras son más llamativas si se tiene en cuenta que en 2011 fueron 193 (el 50%) los ayuntamientos extremeños que tuvieron déficit presupuestario. Eso supone que el año pasado se produjo una reducción del 38,9%, nada más y nada menos.

En volumen, los mayores superávits se registraron en Cáceres (18,3 millones), Badajoz (16,8 millones), Don Benito (5,2), Villanueva de la Serena (4,9) y Plasencia (2), mientras que los mayores déficits se alcanzaron en Almendralejo (3,2 millones) [VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL], Navalvillar de Pela (1,9 millones), Moraleja (1,3), Cañaveral (1,3) y Santa Amalia (1).

En euros por habitante, por tomar una referencia comparativa más razonable, los mayores superávits se localizan en Romangordo (1.126,82 euros per cápita), Casas de Reina (865,07), Casas de Miravete (575,57), Talarrubias (450,21) y Alange (327,08). Por el contrario, Cañaveral (1.052,27), Helechosa de los Montes (541,91), Ruanes (527,79), Berrocalejo (527,20) y Cristina (526,67) son los ayuntamientos que finalizaron el año con más déficit por habitante.

Los datos del Ministerio de Hacienda también revelan cuáles son los ayuntamientos que más gastan. En este punto, Romangordo se coloca también como el municipio con mayor gasto total por habitante, con 5.829,30 euros, seguido a mucha distancia por Ruanes (3.502,71 euros), Capilla (3.336,72), Valdecañas de Tajo (3.286,81) y Toril (2.808,31). En el lado opuesto, los ayuntamientos con menos gasto per cápita son Acedera (500,67 euros por habitante), La Coronada (516,53), Casar de Palomero (523,90), Puebla de Obando (534,45) y Calamonte (537,53).

Otro dato curioso: ¿cuáles son los que más gastan en personal? Esta clasificación la encabeza Hinojosa del Valle, que emplea el 79,1% de sus ingresos a pagar gastos de personal. Por detrás están Berrocalejo, con el 75,2% de sus ingresos, y Valverde de Llerena, con el 70,6%. La media es del 35,9%. En el otro extremo, Robledillo de Gata solo dedica el 10,7% de sus ingresos a las nóminas del personal, seguido por Torrecilla de los Ángeles (12,3%) y Robledillo de Trujillo (15%).

Una cifra también importante es la de la carga financiera, que consiste en la suma de los gastos en amortizaciones de deuda (los préstamos que se devuelven a los bancos) y los intereses de esos préstamos. Es significativo porque revela qué parte de los gastos ‘se comen’ la deuda arrastrada y sus intereses. En este caso, Calera de León es el ayuntamiento con mayor carga: el 24,2% de sus gastos (casi uno de cada cuatro euros) tiene que ver con la deuda. Le siguen Cáceres (21,6%), Santa Marta de Magasca (21,1%), Baterno (16,8%) y Plasenzuela (16,3%). La media es del 6,72%, pero hay que resaltar que 39 municipios no gastan ni un céntimo en esa deuda o sus intereses y que otros 160 emplean menos del 2% de sus gastos.

Y un último detalle. El hecho de que el conjunto de los ayuntamientos extremeños haya presentado superávit no impide que la deuda municipal haya crecido en el último año. La variación de los pasivos financieros refleja un aumento de la deuda local de 46 millones de euros, que se aproxima mucho a la subida del endeudamiento municipal en 49,1 millones que ya dio a conocer el Ministerio hace unos meses (la diferencia se debe a criterios técnicos de contabilización).

En el siguiente gráfico interactivo puede consultar la cifra de déficit o superávit de su ayuntamiento. Basta con introducir el nombre del municipio en el campo de búsqueda situado en la parte inferior.

NOTA ACLARATORIA

El concepto utilizado en esta información como superávit o déficit presupuestario es el resultado de la diferencia entre los ingresos no financieros (derechos reconocidos netos por los capítulos 1 a 7) y los gastos no financieros (obligaciones reconocidas netas por los capítulos 1 al 7). Así se recoge en los manuales de Hacienda Pública y así mismo lo emplea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en sus informes mensuales de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Véase, como ejemplo, la página 14 del último informe disponible. Este indicador se utiliza para analizar la capacidad o necesidad de financiación de una administración para hacer frente a sus gastos corrientes (funcionamiento ordinario y prestación de servicios) y de capital (inversiones); en otras palabras, y por simplificar, se aprecia si necesita endeudarse o no.

No obstante, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha manifestado disconforme con los datos recogidos en este blog, por considerar que inducen a error y no reflejan de manera acertada la gestión presupuestaria municipal. En su lugar, el Consistorio almendralejense señala que debería recogerse el dato de ‘resultado presupuestario ajustado’, que se obtiene de la diferencia entre ingresos y gastos totales (capítulos 1 al 9) y de diversos ajustes contables debidos a gastos con financiación afectada y remanentes de tesorería. La cifra que se obtiene es un resultado presupuestario ajustado positivo de 9,7 millones de euros, que contrasta con el déficit presupuestario de 3,2 millones citado en este blog. El informe de intervención que refleja ese resultado puede descargarse aquí.

Hecha la referencia, solo queda por aclarar que el indicador utilizado en este blog (el mismo que en los informes mensuales del Ministerio) es distinto del que plantea el Ayuntamiento de Almendralejo, pero ambos son acertados y ninguno es mejor que otro, sino que sirven para valorar cosas distintas. Existe un tercer indicador que sería el “saldo presupuestario”, que incluye las variaciones netas de deuda (pasivos financieros), que podría ser igual de válido, pero aportaría un punto de vista diferente y, de hecho, no se suele emplear porque un saldo positivo podría deberse solamente a un aumento de la deuda.

Si en el blog no hemos utilizado el criterio de “resultado presupuestario” es porque las tablas publicadas por el Ministerio no permiten operar para obtener esa cifra. Si fuera posible, es bastante probable que los datos de muchos ayuntamientos cambiaran de manera notable, a favor, pero también en contra. Lo importante es que se utiliza el mismo criterio para todos los ayuntamientos. Es verdad que los datos concretos de un ayuntamiento en un solo año, sin ponerlos en perspectiva o sin más explicacones, pueden resultar poco representativos de su trayectoria, pero realizar esa tarea pueblo a pueblo escapa de las capacidades de quien escribe. Lo sustancial es que el conjunto de los ayuntamientos está progresando en el control de sus cuentas y que, aunque ahora no lo parezca, ello terminará redundando en beneficio de todos.

El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

De enero a junio, por operaciones no financieras (corrientes y de capital) se han reconocido unos derechos (ingresos) de 1.626.952.267,60 euros y unas obligaciones (gastos) de 1.778.853.460,99 euros. El resultado de estas operaciones no financieras arroja un déficit presupuestario de 151.901.193,39 euros. La cifra es alta, pero representa apenas un tercio del déficit no financiero previsto para todo el ejercicio (443 millones), es decir, el mismo nivel que la ejecución presupuestaria.

Esos casi 152 millones de euros serán la base que tomará la Intervención General del Estado para calcular, aplicando determinados ajustes, el déficit en términos de Contabilidad Nacional, que es la cifra oficial de referencia y se dará a conocer en septiembre. En el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Hacienda, Extremadura registró un déficit de 40 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB.

Si al déficit presupuestario no financiero se las variaciones de activos y pasivos financieros (estas últimas son las de endeudamiento), se obtiene un saldo presupuestario negativo de 110,2 millones de euros.

En cuanto a las operaciones relacionadas con la tesorería, en el primer semestre del año se ha registrado un déficit de caja no financiero de 11.860.383,39 euros. Sumadas las operaciones financieras, el saldo de caja es positivo en 34,3 millones de euros.

Si a ese resultado se le suman las variaciones de activos financieros, se obtiene otra magnitud presupuestaria significativa, la capacidad o necesidad de financiación, que también muestra un resultado positivo de 43.225.833,33 euros.

En cuanto al saldo presupuestario total, que añade a la cifra anterior las variaciones de pasivos financieros (operaciones relacionadas con el endeudamiento), el superávit es de 83.225.833,33 euros.

Desde el punto de vista de las operaciones de caja (lo que entra y sale de la tesorería durante el periodo, al margen del ejercicio al que correspondan), en los tres primeros meses de 2012 se ha obtenido un superávit de caja no financiero de 111.539.123,98 euros.

Hay que señalar, no obstante, que el primer trimestre del año suele ser un periodo de baja ejecución presupuestaria. De hecho, tan sólo se ha ejecutado el 17,27% de los ingresos y el 15,59% de los gastos. Por eso,  estos datos no sirven para pronosticar cómo acabará el año, pero sí establecen un punto de partida, que siempre será mejor si es positivo, como ha ocurrido en 2012.