Al cierre del año pasado, los ayuntamientos extremeños tenían pendiente con los bancos una deuda de 230 millones de euros. Con respecto al año anterior se ha reducido en 21,3 millones, un 8,5%. Y si se compara con finales de 2013, cuando se alcanzó el mayor nivel de deuda (323,5 millones), la caída ha sido de un 28,9% en tan sólo cuatro años. Gracias a ello, los ayuntamientos extremeños cerraron 2017 con la cifra más baja de la última década, que es el periodo en el que Hacienda viene publicando datos detallados.

Como resultado, son ya 196 los consistorios extremeños que carecen de deuda bancaria (190) o deben menos de 500 euros (6), en contraste con los 110 que había en 2008. Es curioso ver que hay 67 municipios, todos ellos de pequeño tamaño, que llevan al menos diez años sin endeudarse o cerrando cada año sin deuda.

Entrando en detalle, la clasificación de los ayuntamientos extremeños con mayor volumen de deuda bancaria está encabezada, como en años anteriores, por Mérida (41,4 millones), Plasencia (37,2 millones), Cáceres (23,3), Almendralejo (21,5) y Badajoz (16,6). Junto a Don Benito (3 millones), son las ciudades con mayor población de Extremadura.

Sin embargo, si se pone en relación el nivel de deuda con el tamaño del municipio, la clasificación es bien distinta. De acuerdo con este cálculo, el municipio extremeño con mayor deuda por habitante es Hinojosa del Valle, con casi 6.700 euros, seguido por Santa Marta de Magasca (3.178), Plasenzuela (2.671), Madroñera (1.815) y Villamesías (1.440).

Lejos de estas cifras, y analizados en conjunto, los ayuntamientos extremeños deben una media de 212,95 euros por habitante, menos de la mitad que la media nacional, que se ha situado en 509,54 euros. La de aquí es la sexta cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas, en contraste con los 852,41 euros de Madrid o los 821,34 de Aragón, que son las regiones en cabeza. Es decir, los consistorios extremeños presentan un nivel medio de deuda bastante aceptable dentro del panorama nacional.

Hay que tener en cuenta también que el volumen de deuda municipal queda muy lejos del que presentan las comunidades autónomas (aunque en ello tiene mucho que ver el diferente reparto de competencias). Los 230 millones de deuda bancaria de los ayuntamientos extremeños apenas equivalen al 5,2% de los 4.401 millones que debía la administración autonómica a finales del año pasado (4.075 euros por habitante).

Es muy probable que a finales de este año se consiga otra notable reducción de la deuda local, puesto que ayuntamientos como Badajoz o Mérida han aprobado recientemente destinar importantes partidas a amortizar préstamos bancarios.

Es verdad que esta buena evolución de la deuda municipal viene forzada por los exigentes objetivos y requisitos de estabilidad presupuestaria impuestos a los ayuntamientos, que desde 2013 están obligados a no incurrir en déficit y a destinar el superávit a reducir su nivel de endeudamiento o, como mucho, a desarrollar inversiones financieramente sostenibles. Pero no por ello hay que restar mérito a los ayuntamientos, puesto que ajustar los gastos a los menores ingresos que ha dejado la crisis (aunque ya se recuperen), minimizando el impacto en los servicios públicos, supone un esfuerzo que ha de ser reconocido. Si ello ha servido para poner fin al derroche y a las grandes obras sin sentido e insostenibles realizadas por algunos municipios, hemos salido ganando.

A menudo, los ciudadanos no somos conscientes de que la deuda pública es dinero prestado que habrá que devolver y que, por tanto, se traducirá en impuestos más adelante. Cuanto más crezca la deuda, más impuestos habrá que exigir en el futuro para amortizarla y pagar sus correspondientes intereses, y menos capacidad habrá para destinar el gasto a otros asuntos. De ahí que atajar el déficit sea tan necesario, no sólo en los ayuntamientos, sino en todas las administraciones públicas.

De ese superávit presupuestario no financiero, equivalente al 0,6% del PIB regional, 68,4 millones de euros corresponden a los ayuntamientos y los 26 millones restantes a las dos diputaciones provinciales.

La existencia de superávit presupuestario (sin ajustes de Contabilidad Nacional) significa que los ingresos no financieros (es decir, los derechos reconocidos por impuestos, tasas y transferencias) fueron superiores a los gastos no financieros (por simplificar, todos los gastos salvo las amortizaciones de deuda). En concreto, las entidades locales extremeñas gastaron un 8,07% menos que lo ingresado.

Junto al dato global del superávit hay que destacar que solo 118 de los 385 ayuntamientos extremeños (es decir, el 30,6%) presentaron déficit. O, por decirlo de otra manera, siete de cada diez ayuntamientos consiguieron superávit presupuestario. Aún faltan 12 consistorios por comunicar sus cifras, pero son municipios de muy pequeño tamaño que no tendrán una incidencia significativa sobre el total.

Estas cifras son más llamativas si se tiene en cuenta que en 2011 fueron 193 (el 50%) los ayuntamientos extremeños que tuvieron déficit presupuestario. Eso supone que el año pasado se produjo una reducción del 38,9%, nada más y nada menos.

En volumen, los mayores superávits se registraron en Cáceres (18,3 millones), Badajoz (16,8 millones), Don Benito (5,2), Villanueva de la Serena (4,9) y Plasencia (2), mientras que los mayores déficits se alcanzaron en Almendralejo (3,2 millones) [VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL], Navalvillar de Pela (1,9 millones), Moraleja (1,3), Cañaveral (1,3) y Santa Amalia (1).

En euros por habitante, por tomar una referencia comparativa más razonable, los mayores superávits se localizan en Romangordo (1.126,82 euros per cápita), Casas de Reina (865,07), Casas de Miravete (575,57), Talarrubias (450,21) y Alange (327,08). Por el contrario, Cañaveral (1.052,27), Helechosa de los Montes (541,91), Ruanes (527,79), Berrocalejo (527,20) y Cristina (526,67) son los ayuntamientos que finalizaron el año con más déficit por habitante.

Los datos del Ministerio de Hacienda también revelan cuáles son los ayuntamientos que más gastan. En este punto, Romangordo se coloca también como el municipio con mayor gasto total por habitante, con 5.829,30 euros, seguido a mucha distancia por Ruanes (3.502,71 euros), Capilla (3.336,72), Valdecañas de Tajo (3.286,81) y Toril (2.808,31). En el lado opuesto, los ayuntamientos con menos gasto per cápita son Acedera (500,67 euros por habitante), La Coronada (516,53), Casar de Palomero (523,90), Puebla de Obando (534,45) y Calamonte (537,53).

Otro dato curioso: ¿cuáles son los que más gastan en personal? Esta clasificación la encabeza Hinojosa del Valle, que emplea el 79,1% de sus ingresos a pagar gastos de personal. Por detrás están Berrocalejo, con el 75,2% de sus ingresos, y Valverde de Llerena, con el 70,6%. La media es del 35,9%. En el otro extremo, Robledillo de Gata solo dedica el 10,7% de sus ingresos a las nóminas del personal, seguido por Torrecilla de los Ángeles (12,3%) y Robledillo de Trujillo (15%).

Una cifra también importante es la de la carga financiera, que consiste en la suma de los gastos en amortizaciones de deuda (los préstamos que se devuelven a los bancos) y los intereses de esos préstamos. Es significativo porque revela qué parte de los gastos ‘se comen’ la deuda arrastrada y sus intereses. En este caso, Calera de León es el ayuntamiento con mayor carga: el 24,2% de sus gastos (casi uno de cada cuatro euros) tiene que ver con la deuda. Le siguen Cáceres (21,6%), Santa Marta de Magasca (21,1%), Baterno (16,8%) y Plasenzuela (16,3%). La media es del 6,72%, pero hay que resaltar que 39 municipios no gastan ni un céntimo en esa deuda o sus intereses y que otros 160 emplean menos del 2% de sus gastos.

Y un último detalle. El hecho de que el conjunto de los ayuntamientos extremeños haya presentado superávit no impide que la deuda municipal haya crecido en el último año. La variación de los pasivos financieros refleja un aumento de la deuda local de 46 millones de euros, que se aproxima mucho a la subida del endeudamiento municipal en 49,1 millones que ya dio a conocer el Ministerio hace unos meses (la diferencia se debe a criterios técnicos de contabilización).

En el siguiente gráfico interactivo puede consultar la cifra de déficit o superávit de su ayuntamiento. Basta con introducir el nombre del municipio en el campo de búsqueda situado en la parte inferior.

NOTA ACLARATORIA

El concepto utilizado en esta información como superávit o déficit presupuestario es el resultado de la diferencia entre los ingresos no financieros (derechos reconocidos netos por los capítulos 1 a 7) y los gastos no financieros (obligaciones reconocidas netas por los capítulos 1 al 7). Así se recoge en los manuales de Hacienda Pública y así mismo lo emplea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en sus informes mensuales de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Véase, como ejemplo, la página 14 del último informe disponible. Este indicador se utiliza para analizar la capacidad o necesidad de financiación de una administración para hacer frente a sus gastos corrientes (funcionamiento ordinario y prestación de servicios) y de capital (inversiones); en otras palabras, y por simplificar, se aprecia si necesita endeudarse o no.

No obstante, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha manifestado disconforme con los datos recogidos en este blog, por considerar que inducen a error y no reflejan de manera acertada la gestión presupuestaria municipal. En su lugar, el Consistorio almendralejense señala que debería recogerse el dato de ‘resultado presupuestario ajustado’, que se obtiene de la diferencia entre ingresos y gastos totales (capítulos 1 al 9) y de diversos ajustes contables debidos a gastos con financiación afectada y remanentes de tesorería. La cifra que se obtiene es un resultado presupuestario ajustado positivo de 9,7 millones de euros, que contrasta con el déficit presupuestario de 3,2 millones citado en este blog. El informe de intervención que refleja ese resultado puede descargarse aquí.

Hecha la referencia, solo queda por aclarar que el indicador utilizado en este blog (el mismo que en los informes mensuales del Ministerio) es distinto del que plantea el Ayuntamiento de Almendralejo, pero ambos son acertados y ninguno es mejor que otro, sino que sirven para valorar cosas distintas. Existe un tercer indicador que sería el “saldo presupuestario”, que incluye las variaciones netas de deuda (pasivos financieros), que podría ser igual de válido, pero aportaría un punto de vista diferente y, de hecho, no se suele emplear porque un saldo positivo podría deberse solamente a un aumento de la deuda.

Si en el blog no hemos utilizado el criterio de “resultado presupuestario” es porque las tablas publicadas por el Ministerio no permiten operar para obtener esa cifra. Si fuera posible, es bastante probable que los datos de muchos ayuntamientos cambiaran de manera notable, a favor, pero también en contra. Lo importante es que se utiliza el mismo criterio para todos los ayuntamientos. Es verdad que los datos concretos de un ayuntamiento en un solo año, sin ponerlos en perspectiva o sin más explicacones, pueden resultar poco representativos de su trayectoria, pero realizar esa tarea pueblo a pueblo escapa de las capacidades de quien escribe. Lo sustancial es que el conjunto de los ayuntamientos está progresando en el control de sus cuentas y que, aunque ahora no lo parezca, ello terminará redundando en beneficio de todos.

Con respecto a junio de 2011, la deuda pública extremeña ha crecido un 2%, frente a un incremento del 8,7% de la media autonómica, de modo que la región se sitúa como la cuarta con menor avance en los últimos doce meses.

El grueso de la deuda pública extremeña corresponde a la Administración regional, que alcanza los 2.053,1 millones de euros. Es solo un 0,4% más que trimestre anterior, un crecimiento siete veces menor que la media. En el último año sube un 1,8%, frente al 11% de la media nacional. Esta deuda representa el 11,8% del PIB extremeño, 2,4 puntos inferior a la media.

Mejor evolución presenta en el segundo trimestre el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas, que cae un 5,4%, hasta los 25,5 millones de euros, mientras que el total nacional se mantuvo sin cambios. Con respecto al PIB, la deuda de las empresas públicas extremeñas baja al 0,1%, frente al 1,2% de la media autonómica.

Extremadura se mantiene como la región con menor deuda pública total por habitante, con 1.878 euros, muy lejos de los 3.463 euros de la media nacional. En el otro extremo se encuentra Cataluña, con 6.651 euros, más del triple de la extremeña.

Si se analiza con detalle la estructura de la deuda pública de la Administración extremeña, de los 2.053 millones de euros, solo 185 millones, es decir, el 9%, son préstamos a corto plazo (con vencimiento inferior a un año) con las instituciones financieras.

Por lo que se refiere a Extremadura, el endeudamiento de la Administración regional se sitúa en el primer trimestre del año en 2.044,7 millones de euros, un 1,2% más que el trimestre anterior. Es la sexta región con mejor evolución. La media aumentó el 3,6%. Con respecto al mismo periodo del año anterior, la deuda extremeña ha subido un 12,3%, mientras que la media lo ha hecho en un 15,7%.

La evolución es más negativa en el terreno de las empresas públicas autonómicas. La deuda de las extremeñas sube hasta los 27 millones de euros, un 20,3%, el segundo mayor aumento trimestral, frente a una media que baja el 4,9%. Con respecto al último año, el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas desciende un 2,5%, mientras que la media lo hace en un 12,2%.

Sumando ambas partidas, la deuda pública total de Extremadura asciende ya a 2.071,6 millones de euros, un 1,4% más en el último trimestre (la mitad que la media) y un 12,1% más en el último año (sólo 0,6 puntos menos que la media).

La ratio de deuda total por habitante indica que en Extremadura es de 1.872 euros, frente a los 3.365 euros de la media nacional. La región recupera su posición como comunidad autónoma con menor deuda total por habitante, en una clasificación que encabeza Cataluña con casi 6.400 euros por habitante.

En cuanto al PIB, el endeudamiento total represente al 11,9% del PIB (11,7% por la Administración y 0,2% por las empresas públicas), frente al 14,7% de la media. Extremadura es la octava región en deuda total sobre PIB. No obstante, la diferencia se ha recortado en 0,6 puntos en el primer trimestre del año.

Entrando en el tipo de instrumentos de deuda que utiliza la Administración extremeña, el incremento registrado en el último trimestre se centra en el capítulo de títulos de valores, puesto la deuda extremeña emitida a través de obligaciones ha pasado de 41 a 66 millones tras la emisión del pasado mes de marzo, ya avanzada en este blog. Por su parte, la deuda contraída a través de préstamos ha bajado en un millón de euros. No obstante, dentro de este capítulo se ha producido una reestructuración, con una reducción de la deuda a corto plazo a cambio de un aumento de la deuda a largo plazo.

Este diferencial es 0,60 puntos superior al que el Gobierno regional paga por las obligaciones a 12 años emitidas en mayo del año pasado. Parece, por tanto, que la emisión se ha visto afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody’s ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3).

La entidad directora de la operación ha sido Citigroup, que ya se ha encargó hace un año de la colocación privada de otros 25 millones de euros.

Se trata de la primera operación desarrollada conforme a la Orden del pasado 22 de febrero por la que se establecía para 2012 un tope de 446 millones de euros en emisiones de deuda pública. Esta emisión es la primera de la etapa Monago y la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.

Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantienen como las únicas regiones sin títulos en negociación.

La emisión se está cerrando en estos días con la entidad o entidades directoras, puesto que, al igual que el año pasado, consiste en una colocación privada entre determinados inversores y no en una emisión abierta a cualquier particular (los llamados ‘bonos patrióticos’). Los detalles sobre la entidad que desarrolla la operación y los intereses se conocerán como muy tarde el próximo 21 de marzo, puesto que los títulos entrarán a negociación en el Mercado de Deuda Pública el día 22.

Esta operación será la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.

En principio, esta emisión podría verse afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody’s ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3). Sin embargo, esta circunstancia podría verse contrarrestada por la cierta relajación que están mostrando los mercados con la deuda pública española, pues las últimas emisiones del Tesoro se han resuelto con intereses más bajos que en anteriores subastas.

Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantenían hasta septiembre de 2011 (últimos datos del Banco de España) como las únicas regiones sin títulos en negociación.

Estaremos pendientes, porque mañana se conocerán los datos de endeudamiento de las comunidades autónomas a cierre de 2011.