El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

Así pues, actualizando el ejercicio de política-ficción ya publicado hace unas semanas en este blog (entonces el cálculo era sobre 26+19, quitando diez diputados fijos a cada provincia), obtenemos que el nuevo criterio de reparto no afectaría a la actual correlación de fuerzas de la Asamblea -en el hipotético caso de que su aplicación fuera inmediata-, puesto que los resultados serían: 22 escaños para el PP, 21 para el PSOE y 2 para IU.

Se constata, por tanto, con respecto a lo que ya se decía en este blog, que el resultado depende de dónde se reducen los diputados, si de la cuota fija o de la proporcional a la población, y en qué cuantía. El PP opta por reducir las dos cuotas, de tal forma que mantengan un peso similar al actual.

De todas formas, en caso de que se aprobara una reforma de la Ley Electoral extremeña, los cambios abrían de aplicarse a la siguiente legislatura -hacerlo ahora probablemente sería imposible desde el punto de vista legal, porque no se puede desposeer a nadie de su escaño así como así-, de tal manera que el nuevo criterio comenzaría a funcionar desde cero y así todos los partidos jugarían con las mismas reglas desde el principio de la partida.

Como entonces lo que estaba de moda era bajar impuestos, ninguna región echó mano de ese nuevo margen para obtener más recursos. Pero en esto llega el recrudecimiento de la crisis y, como a la fuerza ahorcan, empiezan a cambiar las tornas. Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las primeras en incrementar al máximo el impuesto desde 2012. Luego se han ido sumando Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y, desde el pasado viernes, Cantabria.

Y la próxima comunidad será Extremadura , una vez que, como el presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha acordado con el líder regional de IU, Pedro Escobar, los populares acepten en la Asamblea la enmienda de la coalición que exige agotar el margen normativo del ‘céntimo sanitario’. El Gobierno regional pretendía igualar el gasóleo con la gasolina, subiéndolo hasta 2,4 céntimos por litro, pero la necesidad de contar con los votos de IU para sacar adelante las medidas del plan de reequilibrio ha obligado al Ejecutivo admitir esta exigencia fiscal que permitirá suavizar los nuevos planes de recorte sobre los salarios de los funcionarios. Así pues, Extremadura, que implantó el tramo por primera vez en 2011, será la séptima comunidad que elevará al máximo el ‘céntimo sanitario’.

No será tampoco el último cambio. Navarra, que no había implantado el tramo autonómico, ya ha presentado un proyecto de ley para gravar los combustibles con 2,4 céntimos adicionales. Cuanto estas novedades entren en vigor en las próximas semanas, el cuadro autonómico quedará así:

Las únicas que se resisten, al menos por el momento, son Aragón, Canarias, La Rioja y País Vasco.

De todas formas, no hay que olvidar que el ‘céntimo sanitario’ tampoco es la panacea. De hecho, Castilla y León ha reconocido ya que estudiará la continuidad del impuesto a la vista de la caída de la recaudación que está experimentando en los primeros meses (justo lo contrario de lo que se pretendía). El efecto probablemente se notará más en aquellas provincias limítrofes o más cercanas a La Rioja y País Vasco, pues los conductores que transiten por esta zona notarán diferencias de casi cinco céntimos por litro.

Y un detalle aparentemente sin importancia. El impuesto, como hemos dicho, se creó como un recurso adicional para financiar la sanidad, y así lo han ido reconociendo prácticamente todas las comunidades autónomas, que han fijado una afectación para estos ingresos, de tal manera que obligatoriamente deben destinarse a financiar servicios sanitarios. En cambio, en Extremadura no se ha hecho, ni en la Ley 19/2010 que lo estableció por primera vez, ni tampoco en el proyecto de ley que acaba de aprobar el Gobierno regional. Es decir, que la Junta tendrá manos libres para destinar estos recursos a lo que estime más oportuno, no necesariamente la sanidad extremeña, de modo que en Extremadura tendrá poco sentido hablar de ‘céntimo sanitario’, pues ninguna norma obliga a hacer efectiva esa denominación. Se admiten sugerencias para darle un nuevo bautizo.

Ya se han hecho algunos cálculos de qué ahorro económico supondría, pero ¿cómo afectaría una reducción del número de diputados a la representación parlamentaria obtenida por los partidos? Nada mejor que hacer la prueba. Tomemos como base los resultados de las últimas elecciones autonómicas y apliquemos la Ley D’Hont a distintas cifras de diputados totales, siempre impares. La reducción la haremos restando diputados del cupo de 20 parlamentarios fijos que tiene cada provincia, para no distorsionar los 25 diputados que se reparten en proporción al número de habitantes de cada provincia.

Pongamos que eliminamos de golpe diez diputados, cinco de Cáceres y otros tantos de Badajoz. En ese caso, se mantendría la correlación de fuerzas, pues el PP obtendría 27 diputados, pero no alcanzaría la mayoría absoluta, pues el PSOE tendría 25 diputados e IU mantendría los tres actuales.

En cambio, las cosas cambiarían reduciendo 20 diputados, hasta dejarlos en un total de 45. Es la cifra que saldría de aplicar una rebaja del 30% como la sugerida por el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Aplicado el reparto, el PP conseguiría la mayoría absoluta con 23 diputados, frente a los 20 del PSOE y los dos de IU.

Pero no es la única reducción que daría como resultado un cambio de mayoría. Ocurriría también con solo eliminar dos diputados, al igual que si se repartieran 49, 41, 39 o 37 diputados, tal como se ve en el cuadro que aparece a continuación:

Se constata, por tanto, que la correlación de fuerzas puede variar según el número de diputados que se elimine. A medida que la cifra total de parlamentarios baja son más frecuentes los resultados que inclinan la mayoría absoluta del lado del PP.

Otro aspecto importante que hay que subrayar es que la disminución de diputados no afecta en la misma proporción a todos los partidos. Eliminando dos, el único perjudicado sería el PSOE; a partir de cuatro diputados menos, los populares perderían porcentajes similares a los socialistas. En IU los cambios tardan más en producirse, pero son más traumáticos. El primer salto se produce cuando, si se bajara a 51 escaños, IU perdería uno de sus actuales diputados; el siguiente salto, aún más perjudicial, lo vería esta coalición al bajar a 41 diputados, porque se quedaría con un solo parlamentario, como se aprecia en el siguiente cuadro.

¿Habría en este juego de política-ficción alguna reducción que permitiría mantener inalterada la correlación de fuerzas y que afectara en similares proporciones a todos los partidos políticos? La respuesta es afirmativa. Sobre la base de los resultados actuales, la eliminación de 22 diputados, que dejaría la cifra total en 43, mantendría la mayoría relativa del PP y, al mismo tiempo, castigaría a los grupos con una reducción de un tercio de sus escaños.

Pero la eliminación de 22 diputados sólo es un ejercicio teórico adaptado a los últimos resultados electorales. Si hubieran sido diferentes, todos estos cálculos arrojarían otras conclusiones.

Lo mismo ocurriría si lo que cambia no son los resultados, sino el tamaño de la circunscripción electoral. Aplicando una circunscripción única a toda Extremadura, en lugar de la división provincial, la eliminación de 10, 20 o incluso 30 diputados mantendría la actual correlación de fuerzas:

En la modalidad de circunscripción única, la reducción a 43 diputados es la que vuelve a producir un ‘castigo’ similar a todos los partidos.

Ahora bien, el hecho de que sea posible encontrar una cifra de diputados que, siendo menor que la actual, mantenga inalterada la situación en la Asamblea no quiere decir que la eliminación de parlamentarios sea la mejor medida para reducir el gasto en esta institución, ni que sea una solución válida para otros resultados electorales. Si hay alguna característica clara del sistema D’Hont es que refuerza las mayorías y que esa tendencia se acentúa a medida que se reduce el número de escaños por repartir en cada circunscripción. Ello supone que cuanto menor sea la circunscripción y cuantos menos escaños se distribuyan, más difícil para los partidos minoritarios obtener representación parlamentaria, incluso rebajando la barrera de acceso del 5% al 3%, como reclama IU. Por eso los críticos de este sistema denuncian que una eliminación de parlamentarios reduciría la pluralidad del parlamento, lo cual afectaría negativamente al sistema democrático.

En cualquier caso, el asunto está en manos de los propios diputados. De ellos dependerá si se aplica y desde cuándo se haría, si bien lo lógico sería que, en caso de aprobarse una reforma, no entrara en vigor hasta la próxima legislatura, porque resultaría más sencillo aplicar nuevas normas de juego a una futura convocatoria electoral que introducir cambios en mitad del actual mandato.

Hasta el propio Gobierno regional ha reconocido que tenía “expectativas muy superiores a lo que se nos ha dotado” en el capítulo de infraestructuras. Ciertamente, el Ejecutivo de José Antonio Monago esperaba que, a pesar de los recortes justificados por la austeridad, los primeros PGE firmados por Mariano Rajoy premiaran con dinero el éxito electoral que el PP extremeño obtuvo en mayo del año pasado. Pero a la vista de lo incluido en el proyecto, parece bastante claro que Rajoy no se casa con nadie, puesto que Extremadura forma parte del grupo de las regiones más castigadas, en contraposición a Galicia, la tierra natal del presidente del Gobierno, que ve aumentar sus inversiones casi un 10%. La Junta dice que “no renuncia” a la posibilidad de conseguir mejoras en las inversiones a través de enmiendas parciales, pero sabe que es un objetivo difícil porque las cuentas dan poco margen para los cambios, y menos si son muy sustanciales. En época de vacas gordas, Extremadura llegó a conseguir un aumento de unos 50 millones de euros gracias al trámite parlamentario de los Presupuestos, pero ese volumen se antoja hoy imposible en unas cuentas en cuya elaboración se ha mirado con lupa todos y cada uno de los proyectos de gasto.

El análisis global de las cifras de inversión regional de los PGE 2012 nos deja unas cuantas certezas:

– Positivas:

• La inversión en Extremadura será de 332 euros por habitante, frente a los 269 euros de la media.
• El peso de la inversión en Extremadura, el 2,9% del total, está por encima del peso de la región en población (2,35%) y PIB (1,63%).

– Negativas:

• Extremadura recibía en 2011 un 34,6% más que la media, pero en 2012 baja a un 23,4% más.
• La región baja del cuarto al sexto puesto en la clasificación de comunidades con mayor inversión por habitante.
• La inversión en el AVE cae con fuerza y su finalización se retrasa, por lo menos, hasta 2016.
• No se afrontan nuevos proyectos de inversión y los que siguen se alargan en el tiempo.

La duda que nos dejan los PGE 2012 se refiere a la cuestión de los 20 millones de euros que figuran como transferencia de capital a la comunidad dentro de la Sección 32 (“Otras relaciones financieras con entes territoriales“). La Junta de Extremadura ha asegurado que se trata de un anticipo de la deuda histórica recogida en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía. Pero esa explicación no aparece en ningún sitio: ni en el concepto del proyecto de gasto (literalmente señala que es “para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Extremadura”), ni en la memoria de objetivos del programa 941O al que pertenece, ni en las disposiciones adicionales o transitorias del texto articulado. ¿Por qué esos 20 millones se consideran como anticipo de la deuda histórica (disposición adicional primera del Estatuto) y no como parte de las inversiones adicionales extraordinarias (disposición adicional segunda del Estatuto? Parece lógico que si fuera un adelanto de lo que Gobierno y Junta tienen que pactar como pago de deuda histórica (antes de agosto, cuando vence el plazo de 18 meses fijado en el Estatuto), este concepto figurara en algún lado para darle respaldo jurídico, pero no ha ocurrido tal cosa.

Si se da por buena la interpretación del Ejecutivo extremeño, esta aclaración pondría en evidencia un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Según su disposición adicional segunda, “con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará, cada año y por un período de siete, inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional”. Pero el Gobierno ha decidido saltarse este año todas las exigencias sobre inversiones establecidas en varios estatutos autonómicos reformados en los últimos años, entre ellos el extremeño, y ha evitado cumplir los porcentajes mínimos de inversión señalados en cada caso. Al contrario de lo que venía ocurriendo con los PGE anteriores, esta vez no se dice en ningún sitio que se hayan fijado inversiones adicionales para dar cumplimiento a la disposición estatutaria. Si pensáramos que los 20 millones de euros antes mencionados corresponden a este concepto, sería una cuantía irrisoria, pues la cláusula estatutaria exige unas inversiones adicionales del entorno de los 180 millones de euros.

No obstante, y llegados a este punto, habría que preguntar a los diputados y senadores que retocaron y aprobaron el texto definitivo de la reforma del Estatuto extremeño qué es eso de “inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional”. ¿Complementarias a qué? ¿Cuál es la referencia que hay que tomar para añadir el 1% del PIB o para saber si se está cumpliendo lo establecido?

De todas formas, todas estas cifras no son más que, como su propio nombre indican, presupuestos del Estado, que luego habrá que ir viendo si se ejecutan realmente. Muchos proyectos de inversión se retrasan, pero también se llevan a cabo otros nuevos que pueden compensar las previsiones. Dentro de no mucho tiempo, el Estado publicará los datos de ejecución de las inversiones reales correspondientes al ejercicio 2011. Comprobaremos entonces qué tal le fue a la región con las inversiones estatales del año pasado.

P.D.: Se me olvidaba señalar, al respecto del AVE, que no habrá línea de alta velocidad, como poco, hasta 2016, y no sólo porque la programación plurianual alargue la previsión hasta esa fecha. La inversión prevista para el AVE este año en Castilla-La Mancha sólo llega para finalizar la redacción de los proyectos de obra. Es decir, 2012 acabará sin que se haya producido ni un solo movimiento de tierras para la vía en la provincia de Toledo y en cuatro años (de enero de 2013 a diciembre de 2016) es imposible que se construya la infraestructura completa (plataforma, vía y electrificación), más aún cuando el paso por Talavera de la Reina es subterráneo. De poco sirve entonces que la construcción del AVE en Extremadura vaya más rápida, porque al tramo toledano le quedan muchos años por delante. A menos, claro, que aprovechemos la espera para poner unas lanzaderas que nos permitan ir de Navalmoral o Plasencia a Badajoz en poco más de una hora para darnos un paseo por El Corte Inglés o Leroy Merlin.