Esta desaceleración supone un cierto alivio frente a los malos augurios de principios de año, si bien habrá que esperar a ver en el último trimestre el comportamiento del IVA tras la subida de tipos del pasado mes de septiembre. Pero por el momento la evolución es positiva y ello se traduce en que Extremadura vuelve a mejorar posiciones con respecto a otras comunidades autónomas: ahora es la quinta región con mayor caída, por detrás de Cantabria (-23%), Asturias (-16,6%), Castilla y León (-13,2%) y Murcia (-12,2%).

Del total recaudado por la Agencia Tributaria en Extremadura, 489,1 millones de euros corresponden a impuestos directos, 134 millones a indirectos y 11 millones a tasas y precios públicos.

La mejora de la recaudación extremeña se debe, fundamentalmente, a la notable recuperación del IVA. Hasta junio acumulaba un descenso del 29,5%, pero en el tercer trimestre se limita al 11,7% (la media estatal es del 5,3%), con un total de 137,2 millones de euros. Buena parte de este cambio de rumbo se explica por la subida del impuesto, que animó el adelanto de compras al mes de agosto. No obstante, el verdadero efecto recaudatorio de la subida se constatará en lo que queda del año. En este sentido, la fuerte caída del comercio minorista registrada en septiembre (10% en Extremadura, 12,6% de media estatal) no invita al optimismo, a pesar de que el Gobierno confía en que el incremento del IVA tendrá resultados recaudatorios positivos.

Por su parte, el IRPF, que es la partida de mayor peso, mejora ligeramente y se sitúa en 427,6 millones, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2011, frente al aumento del 1,6% del total del país.

Todos estos datos corresponden exclusivamente a lo recaudado por la Agencia Tributaria estatal, no por la Junta. A este respecto, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de agosto, señalan que la caída interanual de la recaudación por impuestos cedidos es también muy notable: un 9,59% en el caso de Sucesiones y Donaciones y un 19,28% en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. No hay, sin embargo, datos detallados sobre la evolución de los tributos propios regionales.

Extremadura, además, deja de ser la región con la mayor caída de la recaudación tributaria del país, pues Cantabria, Asturias y Castilla y León han experimentado una peor evolución, aunque los ingresos impositivos en Extremadura se siguen viendo lastrados por la negativa marcha de la economía extremeña.

En total, las administraciones públicas han recaudado en la región 344,9 millones de euros, frente a los 394,3 millones del mismo semestre del año anterior. Por capítulos, 261,3 millones corresponden a impuestos directos, 76,6 a indirectos y 7 por tasas y precios públicos.

De nuevo, el IVA es, con diferencia, el impuesto con peor recaudación: 78,7 millones, un 29,5% menos que el año anterior, mientras que la media cae solo el 10%. El Estado prevé corregir esta reducción con la subida de tipos que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, aunque esa mejora está supeditada a una condición: que no se hunda el consumo.

Por el IRPF, que es la partida de mayor peso, se han obtenido 236,9 millones de euros, un 5,8% menos que en 2011, en contraste con el aumento del 1,9% del total del país.

Hay que recordar, no obstante, que estas caídas de la recaudación, que no incluyen la evolución de los impuestos cedidos (como Sucesiones o Transmisiones) ni los tributos propios (como el ‘impuesto a las eléctricas’), no tendrán una incidencia inmediata en los ingresos de la Junta de Extremadura, pues el Estado continuará realizando sus transferencia con arreglo a las previsiones presupuestarias. El efecto, si la tendencia negativa no se corrige, se notará dentro de dos años, cuando se liquide el actual ejercicio del sistema de financiación autonómica y, en su caso, haya que devolver lo ingresado de más.

De enero a junio, por operaciones no financieras (corrientes y de capital) se han reconocido unos derechos (ingresos) de 1.626.952.267,60 euros y unas obligaciones (gastos) de 1.778.853.460,99 euros. El resultado de estas operaciones no financieras arroja un déficit presupuestario de 151.901.193,39 euros. La cifra es alta, pero representa apenas un tercio del déficit no financiero previsto para todo el ejercicio (443 millones), es decir, el mismo nivel que la ejecución presupuestaria.

Esos casi 152 millones de euros serán la base que tomará la Intervención General del Estado para calcular, aplicando determinados ajustes, el déficit en términos de Contabilidad Nacional, que es la cifra oficial de referencia y se dará a conocer en septiembre. En el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Hacienda, Extremadura registró un déficit de 40 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB.

Si al déficit presupuestario no financiero se las variaciones de activos y pasivos financieros (estas últimas son las de endeudamiento), se obtiene un saldo presupuestario negativo de 110,2 millones de euros.

En cuanto a las operaciones relacionadas con la tesorería, en el primer semestre del año se ha registrado un déficit de caja no financiero de 11.860.383,39 euros. Sumadas las operaciones financieras, el saldo de caja es positivo en 34,3 millones de euros.

Hasta ahora, la Ley del Sector Eléctrico permitía incluir “un suplemento territorial” en los peajes de acceso o en las tarifas de último recurso para los consumidores de las regiones con tributos propios que gravan “las actividades eléctricas”. Pero “ante la proliferación de distintos tributos sobre las actividades de suministro eléctrico”, el Gobierno considera que se están provocando “distorsiones para la unidad de mercado”, porque las empresas incurren en distintos costes según la región donde se ubiquen sus instalaciones, y que el conjunto de consumidores de ámbito nacional pueden verse afectados por el coste adicional que suponen los tributos de determinadas autonomías. Por eso, ha decidido modificar la Ley para convertir en obligatorio ese “suplemento territorial” que pagarán los consumidores de las respectivas comunidades con tributo propio.

En el caso extremeño, este cambio normativo ya ha suscitado la crítica de todos los partidos políticos, que ya anuncian recurso de inconstitucionalidad porque afecta al impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (generalmente conocido como ‘impuesto a las eléctricas’). Pero la cuestión no reside sólo en la dudosa legalidad de que el Estado obligue a las eléctricas a repercutir el coste de este impuesto en la factura de los consumidores extremeños.

El problema es que la propia legislación autonómica impide que las empresas hagan recaer el coste en los ciudadanos. El artículo 16.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios señala sin lugar a dudas: “Queda expresamente prohibida la repercusión del presente Impuesto a los consumidores sin que esta prohibición pueda ser alterada mediante pactos o acuerdos en contrario entre las partes”.

Surge, por tanto, un choque de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, por la contradicción existente entre dos normas con rango de ley, una estatal y otra autonómica, lo cual obliga a apelar al Tribunal Constitucional.

Los letrados de la Junta de Extremadura y de la Asamblea tendrán que estudiar ahora si el mecanismo oportuno para defender los intereses de los extremeños es formular un conflicto positivo de competencias (en cuyo caso la iniciativa sería del Ejecutivo autonómico) o presentar un recurso de inconstitucionalidad (lo puede hacer tanto el Gobierno regional como el Parlamento). Pero lo que parece claro es que hay una intromisión del Gobierno central en la regulación de un tributo autonómico.

El establecimiento de impuestos de carácter regional es una potestad amparada en el artículo 156.1 de la Constitución -que reconoce que las comunidades “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los prinipios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”- y en los artículo 4.1 y 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece que las comunidades “podrán establecer y exigir sus propios tributos”, con la única limitación de que no recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por tributos locales. Sobre este aspecto ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional; sin ir más lejos, en la sentencia 179/2006 en la que declaró inconstitucional la redacción inicial del propio impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, creado en 1997 y modificado en 2005.

Tendrá que ser de nuevo el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre el ‘impuesto a las eléctricas’ (mal llamado así, porque también lo pagan las compañías de telecomunicaciones) para aclarar en esta ocasión si el Estado puede imponer una modificación como esta que afecta a la forma de aplicar un tributo propio de una comunidad autónoma.

Si a ese resultado se le suman las variaciones de activos financieros, se obtiene otra magnitud presupuestaria significativa, la capacidad o necesidad de financiación, que también muestra un resultado positivo de 43.225.833,33 euros.

En cuanto al saldo presupuestario total, que añade a la cifra anterior las variaciones de pasivos financieros (operaciones relacionadas con el endeudamiento), el superávit es de 83.225.833,33 euros.

Desde el punto de vista de las operaciones de caja (lo que entra y sale de la tesorería durante el periodo, al margen del ejercicio al que correspondan), en los tres primeros meses de 2012 se ha obtenido un superávit de caja no financiero de 111.539.123,98 euros.

Hay que señalar, no obstante, que el primer trimestre del año suele ser un periodo de baja ejecución presupuestaria. De hecho, tan sólo se ha ejecutado el 17,27% de los ingresos y el 15,59% de los gastos. Por eso,  estos datos no sirven para pronosticar cómo acabará el año, pero sí establecen un punto de partida, que siempre será mejor si es positivo, como ha ocurrido en 2012.

Este diferencial es 0,60 puntos superior al que el Gobierno regional paga por las obligaciones a 12 años emitidas en mayo del año pasado. Parece, por tanto, que la emisión se ha visto afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody’s ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3).

La entidad directora de la operación ha sido Citigroup, que ya se ha encargó hace un año de la colocación privada de otros 25 millones de euros.

Se trata de la primera operación desarrollada conforme a la Orden del pasado 22 de febrero por la que se establecía para 2012 un tope de 446 millones de euros en emisiones de deuda pública. Esta emisión es la primera de la etapa Monago y la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.

Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantienen como las únicas regiones sin títulos en negociación.

La emisión se está cerrando en estos días con la entidad o entidades directoras, puesto que, al igual que el año pasado, consiste en una colocación privada entre determinados inversores y no en una emisión abierta a cualquier particular (los llamados ‘bonos patrióticos’). Los detalles sobre la entidad que desarrolla la operación y los intereses se conocerán como muy tarde el próximo 21 de marzo, puesto que los títulos entrarán a negociación en el Mercado de Deuda Pública el día 22.

Esta operación será la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.

En principio, esta emisión podría verse afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody’s ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3). Sin embargo, esta circunstancia podría verse contrarrestada por la cierta relajación que están mostrando los mercados con la deuda pública española, pues las últimas emisiones del Tesoro se han resuelto con intereses más bajos que en anteriores subastas.

Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantenían hasta septiembre de 2011 (últimos datos del Banco de España) como las únicas regiones sin títulos en negociación.

Estaremos pendientes, porque mañana se conocerán los datos de endeudamiento de las comunidades autónomas a cierre de 2011.