En total, hubo 474.836 declarantes (el 72,6% en la modalidad individual y el 27,4% en conjunta), por lo que el impuesto salió a una media de 2.045,65 euros. Ahora bien, el 43,7% de esas declaraciones no llegó a generar cuota (es decir, no tenían que contribuir por IRPF) por efecto de los mínimos, las reducciones y las deducciones, de modo que la cuota media para quienes resultaron contribuyentes efectivos (267.115 declarantes) fue de 3.635,68 euros.

La Campaña de la Renta de ese ejercicio, realizada el año pasado, se cerró en Extremadura con más devoluciones que pagos. En concreto, Hacienda devolvió 92,7 millones de euros, con una media de 200,41 euros por declarante. Solo a uno de cada cinco extremeños le salió como resultado ‘a pagar’.

En general, el panorama de los contribuyentes extremeños apenas registró cambios con respecto a 2010: el 77,01% declaró rentas inferiores a los 21.000 euros, mientras que el ejercicio anterior fue el 76,97%. Si ampliamos el foco hasta los 30.000 euros, se alcanza el 88,98% de los declarantes extremeños, frente al 81,58% de la media nacional. El 11% restante, que agrupa a 52.334 contribuyentes, carga con el pago del 56,5% de lo recaudado en la región.

Buceando en las distintas partidas se obtienen datos interesantes. Por ejemplo, los asalariados extremeños declararon, de media, unos rendimientos brutos del trabajo de 17.444,72 euros, que se quedan en 14.447,88 euros netos (un 0,4% menos que en 2010) tras descontar las cotizaciones sociales y otros conceptos, lejos de los 19.262,12 de la media española. Entre quienes declaran por actividades económicas, el rendimiento neto medio fue de 2.945,86 euros por las actividades agrícolas, 7.736,6 euros en el caso de los autónomos que se rigen por el sistema de estimación directa y 10.682,72 euros para quienes se ajustan al sistema de módulos.

Por otro lado, los extremeños hacemos menos aportaciones a planes de pensiones en comparación con el conjunto nacional. En total fueron 82,4 millones de euros, con una media de 1.046 euros por contribuyente, frente a los 1.402 euros de media del país. También nos deducimos menos por inversión en la vivienda habitual: mientras la media nacional alcanza los 732 euros, en Extremadura nos quedamos en 593 euros, aunque la clave de esta diferencia está en que los precios de las viviendas son los más bajos del país. Entrando más en detalle, la deducción media por las hipotecas para los 113.931 contribuyentes que la declaran es de 590 euros, mientras que la deducción por cuentas vivienda se sitúa en 869 euros, aunque solo 992 declarantes hicieron aportaciones ese año.

En cuanto a las deducciones autonómicas, el número de beneficiarios (63.073) se disparó un 57,4%, sobre todo porque se recuperó la cifra de extremeños solicitantes de la deducción por trabajo dependiente (54.302, con 106 euros de media), que había venido bajando en ejercicios anteriores, aunque también se notó la entrada en vigor de un amplio paquete de deducciones: madres o padres de familias monoparentales (3.137 beneficiarios, con 100 euros de media), ayuda doméstica (168 euros), autoempleo de mujeres (123 casos, con 300 euros), autoempleo de jóvenes (69 beneficiarios, con 250 euros), adopciones internacionales (223 euros), partos múltiples (55 casos, con 393 euros de media), adquisición de ordenadores de uso doméstico (784 beneficiarios, con 56 euros), obras de mejora en la vivienda habitual (203 euros) y donaciones con finalidad ecológica (33 euros).

En total, estas deducciones supusieron una rebaja de 7,2 millones de euros en la cuota autonómica del impuesto. Una vez descontadas estas cantidades y otros ajustes, el importe recaudado por la Administración autonómica extremeña fue de 489,5 millones de euros, algo más de la mitad de los 971,1  millones aportados por los extremeños.

Y para terminar, tres datos curiosos: primero, los extremeños declararon una media de 1,61 hijos, frente a los 1,58 de la media nacional; segundo, 4.558 extremeños declararon el pago de pensiones alimenticias a favor de sus hijos en cumplimiento de decisiones judiciales; y tercero, 35.569 mujeres trabajadoras tuvieron derecho a la deducción de 100 euros al mes correspondiente a cada hijo menor de tres años.

Son los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, que cada diez años publica el estudio más exhaustivo sobre el patrimonio inmobiliario del país, en este caso como resultado del Censo de Población y Viviendas 2011, cuyos datos sobre edificios se han conocido hoy. Es, sin duda, una de las estadísticas más curiosas, como veremos en los siguientes números.

En total, en Extremadura existen 648.350 viviendas familiares, de las que dos tercios (424.980) son viviendas habituales. El resto se divide entre viviendas secundarias (118.197), que son las que se ocupan en vacaciones o fines de semana y las que se alquilan por cortos periodos, y viviendas vacías, que ya hemos comentado. En comparación con la media nacional, la región tiene mayor proporción de segundas viviendas (el 18,2%, frente al 14,6%) y viviendas vacías (el 16,2%, frente al 13,7%). Con respecto a 2001, el número total de viviendas ha subido un 13% en Extremadura, frente al 20,3% nacional. La distancia se amplía con respecto a primeras viviendas: crecieron un 15,8% en la region y un 27,5% en el país.

Entrando en el detalle de los municipios mayores de 2.000 habitantes, los que mayor crecimiento en número de viviendas han experimentado en la última década han sido La Albuera (74,4%), Almendralejo (35,6%), Don Benito (33,7%), Lobón (32,9%), Cabezuela del Valle (30,5%), Valverde de Leganés (28%), Zafra (26,5%), Olivenza (25,9%), Llerena (25,6%) y Quintana de la Serena (25%). En el lado contrario, hay 13 localidades que han visto reducido su número de viviendas familiares, con Losar de la Vera (35,8%), Talayuela (34,6%) y Jarandilla (36,4%) a la cabeza. Las tres grandes capitales han registrado crecimientos casi idénticos de entorno al 22%.

En cuanto al uso de las viviendas, Zahínos destaca como el municipio con mayor proporción de viviendas vacías: el 29,2%. Le siguen Navaconcejo (27,7%), Barcarrota (26,3%), Herrera del Duque (25,1%) e Higuera la Real (24,7%). Mérida se sitúa algo por encima de la media regional, con el 17,6%, mientras que Badajoz y Cáceres no llegan al 15%. En contraste, la localidad con menos viviendas vacías es Talayuela, con solo el 1,2%. Aldeanueva de la Vera, Calamonte, Madroñera, Garrovillas de Alconétar, Ceclavín y Herván son las siguientes, con menos del 10%.

Para muchos habitantes de ciudad y para otros muchos que viven fuera de la región, es habitual contar con una segunda residencia en el pueblo de origen, en la que pasar fines de semana o temporadas de vacaciones. ¿Y cuál es el pueblo que tiene mayor porcentaje de estas viviendas? Aldeanueva de la Vera, con el 55,5% del total de viviendas familiares de la localidad. Por detrás están Garrovillas de Alconétar (45%), Madroñera (39,9%), Ceclavín (38,7%), Siruela (38,2%), Hervás (37,2%) y otros dos pueblos de La Vera: Villanueva (36,3%) y Losar (36,4%). Todo lo contrario que en Talayuela (1,3%), Valdelacalzada (1,4%) y Valverde de Leganés (2,8%).

Y otro dato curioso: en seis de los cien pueblos mayores de 2.000 habitantes, las viviendas habituales no llegan a sumar la mitad de las totales. En Aldeanueva de la Vera, seis de cada diez son segundas residencias o están vacías. Prácticamente lo mismo sucede en Logrosán, Villanueva de la Vera, Guadalupe, Garrovillas de Alconétar y Siruela. Si ampliamos el margen, 28 de esas 100 localidades tienen más del 40% de las viviendas de uso secundario o desocupadas.

La estadística del INE nos da también información, aunque no detallada por municipios, sobre el número y el estado de los edificios. En Extremadura se han contabilizado 422.952 edificaciones, de las que el 91,3% se encuentra en buen estado, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional (90,5%). Con respecto a las demás, el 6,7% son edificios que presentan deficiencias, el 1,6% están en malas condiciones y el 0,4% se encuentra en estado ruinoso.

Y un último apunte. Al margen de las viviendas familiares, el INE ha registrado también 253 establecimientos colectivos, entre los que se incluyen residencias de mayores o discapacitados, prisiones, cuarteles,…