Cuidan de los ancianos en la residencias, de los niños en las guarderías o también se encargan, por ejemplo, de la limpieza de los quirófanos de los hospitales. Estas son algunas de las funciones que realizan en Extremadura muchos de los 20.000 empleados públicos, el personal laboral, que ahora pueden ser despedidos gracias a la publicación  en el BOE de un Real Decreto aprobado por el Gobierno. 

La Administración debe dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos mediante la eficacia y la eficiencia en el servicio al bien general, no pensando en unas razones económicas deficitarias que se han creado desde los distintos ámbitos políticos.

Y es que la Administración no puede moverse sólo por criterios mercantilistas porque comprometen el mantenimiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en cualquier ámbito. No se puede echar a la calle  a más profesionales con el único objetivo de reducir gastos, ni hacer el ajuste presupuestario a través de la reducción de personal.

De todos son conocidos los excesos cometidos por los distintos gobiernos en construcciones de aeropuertos en los que no aterrizan aviones, autopistas innecesarias o esculturas realizadas a mayor gloria del político de turno. Por eso, los recortes tienen que empezar por estos gastos innecesarios y no por los del personal, que al fin y al cabo acabarán repercutiendo en los servicios públicos que recibimos todos.

En definitiva, es una pena que los requisitos que se han establecido para iniciar los despidos colectivos  -contar con el déficit del año anterior y con un 5% menos de presupuesto-suponen en realidad que la Administración lo tenga muy fácil a la hora de reducir sus plantillas. Afectando por tanto a los ciudadanos a los que sirve.