Otro ataque más a los empleados públicos: la Ley de tasas judiciales esconde nuevas discriminaciones para el colectivo de funcionarios respecto al resto de trabajadores. Hasta ahora, tanto los trabajadores públicos como los privados estábamos en las mismas condiciones para acudir ante la justicia ordinaria para restituir nuestros derechos laborales. Sin embargo, a partir de ahora, este tasazo discrimina a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores ya que éstos últimos disfrutarán de una exención del 60% de éstas.

Y es que esta norma, cocinada íntegramente en el Ministerio de Justicia, elimina la posibilidad de comparecer al personal funcionario por sí mismo en defensa de sus derechos laborales, estableciendo la obligación de acudir con abogado y procurador, y por tanto asumiendo su coste. Sin embargo, el resto de trabajadores sí que pueden personarse sin esta representación.

De esta forma, los funcionarios estaríamos exentos sólo del pago de la tasa en la primera instancia debiendo abonar el cien por cien cuando recurramos  a la segunda instancia o en casación, mientras que el resto de trabajadores están exentos en la primera instancia y, además, tienen una exención del 60 por ciento en la segunda instancia y en la casación en el orden Social.

Así, lo que tendremos que pagar llegará a los 800 euros en segunda instancia y hasta 1.200 euros en casación. Es decir, si tienes narices, por muy cargado de razón que te sientas, recurre.

Además, la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es sensiblemente superior para los funcionarios que para un trabajador privado. En concreto, un funcionario pagaría 600 euros de más en segunda instancia y 900 euros de más en casación.