“Reorganización de guardias, reducción de retribuciones, supresión de consultas de Atención Primaria por las tardes o la no sustitución de bajas”. Éstas son algunas de las medidas de ajuste que la consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha, prácticamente, sin negociación alguna.

Como dato, en nuestros centros sanitarios se ha incrementado la jornada de trabajo de los empleados públicos, en lo que se refiere a turnos y nocturnidad, muy por encima de la media nacional, lo que ha dado lugar a un exceso de horas trabajadas (un 20% más).

Unas medidas que afectan tanto al colectivo de los empleados públicos de la sanidad extremeña (unos 15.000) como a los usuarios de la misma que ven como se va reduciendo la calidad de los servicios sanitarios que reciben por unos ajustes severos.

No podemos olvidar que en Extremadura se ha impuesto, por resolución, la nueva jornada laboral para los profesionales del SES, aplicándola de forma arbitraria y poco homogénea. Un hecho que se constata en el reparto desigual de las horas del personal médico y de enfermería en atención continuada así como para el resto de los trabajadores de centros sanitarios.

Tampoco dejar de ser menos problemático que muchos centros de atención continuada permanezcan cerrados durante horas, por la ausencia de celador, cuando los equipos médicos tienen que salir. O peor todavía, vamos camino de la figura del “médico-celador” lo que  afectará sin duda a la calidad asistencial. El facultativo está para lo que está, atender a los enfermos y no para otras labores.

Y es que, muchas veces, a quienes nos gobiernan se les olvida que cualquier cambio que afecte a los trabajadores públicos y al sistema regional de salud debe ser negociado porque no se puede gobernar mediante imposiciones y decretos.

El diálogo es primordial para llegar a acuerdos que no sean perjudiciales para los trabajadores y que afecten a la calidad de los servicios sanitarios extremeños.

El impacto de éstas y de otras medidas de ajuste debe servir para visualizar los recortes sistemáticos emprendidos en nuestra comunidad contra uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.