Un total de 110 funcionarios de la Administración de Justicia que desempeñan su trabajo en los 21 Registros Civiles de Extremadura están muy preocupados, y no sin razón, por su futuro, gracias a la segura privatización de estos organismos, según una decisión del Gobierno central. Un hecho que además nos afectará a todos los ciudadanos porque nos obligará a pagar aranceles por obtener certificados que hasta ahora eran gratuitos.

Ahora se abren las puertas a la amortización de cientos de plazas y deja a los funcionarios de Registros civiles, sobre todos en los denominados  únicos y en el central, en la más inquietante de las incertidumbres. Además de regalo parece que está en marcha la modificación del artículo 528, en su apartado 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)  sobre la reordenación de efectivos que permite el traslado de municipio de estos trabajadores. En fin, supone un cambio de normas a mitad del partido.

La reforma  no menciona a los miles de funcionarios destinados en los Registros civiles. Lo que supone, en primer lugar, un desprecio inaceptable y, en segundo lugar, un insulto a quienes han estado sacando adelante este servicio, con muy buena voluntad, en medio de una escandalosa escasez de medios, por otra parte tan habitual en la Administración de Justicia española.

Y es que el anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros propone un cambio sustancial de los registros civiles, que dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los Registradores de la Propiedad y de los Registradores Mercantiles mientras que determinados trámites se reservarán a los notarios.

En cualquier caso, no hay que olvidar  que hasta hoy el Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad, y ahora,  la nueva ley contemplaría que los ciudadanos paguen  por determinados aranceles para obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil a los Registradores de la Propiedad y a los Registradores Mercantiles. También pagarán a los notarios que tramiten y celebren matrimonios civiles.

Además, es contradictorio que se hayan invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, el Gobierno asigne esta mejora a la gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores.

Como dato, los 21 Registros Civiles de Extremadura dieron un salto cualitativo hace un par de años al pasar del papel a guardar toda su información en formato digital. El Ministerio de Justicia ha digitalizado 2.823 manuscritos y 1.693.800 páginas. En total, el programa ‘Registro Civil en Línea’ ha digitalizado más de 2.800 tomos de los 21 registros civiles extremeños. En los 14 de la provincia de Badajoz se han aplicado técnicas de digitalización a 1.871 libros, mientras que en Cáceres se ha trabajado con 952 libros.