La mesas vacías en los distintos departamentos de las Administraciones públicas en Extremadura están empezando a ser una realidad gracias a la decisión del Gobierno central  de reducir un 85 por ciento la oferta de empleo público para 2013.

Así, la propuesta de la Administración para la próxima convocatoria de empleo público (que se publicará antes de final de año) incluye aproximadamente 100 plazas para funcionarios en los subgrupos A1 y A2 (licenciados y diplomados), frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción de más del 85 por ciento.

Estas plazas se repartirán, a duras penas, en los siguientes cuerpos: inspectores de hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores (profesores, científicos y científicos investigadores) y agentes de Hacienda Pública.

Esto se debe a la política de amortización de vacantes, con una congelación generalizada de las ofertas de empleo público, salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del 10 por ciento. De esta manera, si el año pasado se dieron de baja 1.134 personas, únicamente se cubrirán una de cada diez. En lo que se refiere a la Promoción Interna, la Administración plantea tan solo 225 plazas, la mitad que el año anterior.

Un dato más,  en nuestra comunidad se espera que desde la Consejería de Educación  se anuncie la convocatoria de nuevas oposiciones en el sector educativo ya que es una necesidad real. Las plantillas de los centros escolares extremeños  habrán perdido 1.000 profesores entre septiembre de 2011 y agosto de 2013. No reponer esos puestos es un lujo que la calidad del servicio no puede permitirse porque repercutirá  en la educación de nuestros estudiantes. Además, en el resto de consejerías no hay previsión de convocatoria pública de empleo para el 2013.

Lo que está claro es que esta política de personal del Ejecutivo va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos públicos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo. Esta situación, sin duda, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, además de una severísima regulación de empleo.