Y es que los datos que ha hecho públicos un organismo dependiente del propio Ejecutivo, como es el Instituto Nacional de Estadística (INE), son claros: el  porcentaje de absentismo en el sector público a lo largo del último trimestre fue del 1,75 por ciento, respecto al 1,76 del sector privado.

Así, parece razonable decir que las recientes medidas aprobadas por el Gobierno contra el absentismo en la administración están injustificadas y fuera de lugar. Es más, deberían eliminar esta penalización a la que nos han sometido a los empleados públicos.

Unos datos que no son nuevos para el propio ministerio de Administraciones públicas porque, en el mismo periodo del año pasado (segundo trimestre de 2011) la diferencia entre ambos sectores ya era mínima, en concreto, 2,09 por ciento en el sector público respecto al 2,04 del privado.

Las cifras están claras, por lo que no es entendible la nueva instrucción de Jornada y Horarios, publicada el pasado 29 de diciembre, que penaliza con reducción de retribuciones las situaciones de baja que no comporten incapacidad temporal (las enfermedades leves, como catarros o lesiones que no requieren baja médica).

Esta orden es una nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en la administración. 

Los datos del INE desmontan esta tesis y evidencian que las ausencias al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal son muy similares en ambos sectores.

Por último indicar que estos nuevos criterios del Gobierno van a dar lugar a situaciones indeseadas, dado que por no perder dinero de su nómina, empleados públicos como médicos, policías, o profesores van a acudir a su puesto de trabajo en condiciones físicas mermadas o, por ejemplo, con los síntomas de un catarro, como fiebre o malestar. Una situación que afectará al servicio que damos a todos los ciudadanos.