Un total de 218.900 personas perdieron su empleo en el sector público en 2012,  lo que supone un 7 % más respecto año anterior. De éstos,  en Extremadura el número de empleados públicos que se apuntaron a las listas del paro, durante el primer semestre, fue de 1.500 personas, según confirma la Encuesta de Población Activa (EPA).

Se trata del segundo año consecutivo en el que se destruyen puestos de trabajo en el sector público, con el agravante de que en este ejercicio la pérdida de empleos ha sido casi siete veces superior a la de 2011, cuando el empleo público descendió en 32.400 puestos de trabajo. Un hecho constable como es la no contratación de trabajadores interinos para sustituir a los titulares que se encuentren de baja médica o la no sustitución de los empleados públicos que se jubilan.

De hecho, por primera vez desde que estalló la crisis, el sector público supera porcentualmente al sector privado en la destrucción de empleo. La Administración redujo su número de trabajadores un 6,98% mientras que las empresas recortaron un 5,8%.

Esta destrucción de empleo  se está produciendo en sectores tan sensibles como la sanidad, los servicios sociales, la educación o la justicia.  En definitiva, uno de cada cuatro puestos de trabajo destruidos en la economía española durante el año pasado estaba ocupado por un asalariado público.

Todos estos datos, recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA)  son el reflejo de que estamos asistiendo a un ERE encubierto de empleo público. En estos momentos acceder al empleo público ya no es garantía de nada. 

Y es que el pasado 2012 el Gobierno del PP ha extremado las medidas que ya adoptó el anterior Ejecutivo socialista para recortar el gasto en personal de las Administraciones. A esto hay que sumar que la supresión de una paga extra a los funcionarios, las Administraciones han congelado la oferta pública de empleo, han restringido la contratación de personal temporal y funcionarios interinos y han elevado la jornada laboral.

Pero los dos factores que explican la aceleración de la destrucción de empleo en el sector público en 2012 son la reforma laboral y los ajustes autonómicos. El cambio legal aprobado por el PP facilita y abarata los despidos colectivos en el sector público.