La reforma de la Ley de tasas, que ha anunciado el Gobierno, recoge muchas de las reivindicaciones ciudadanas de las últimas semanas, pero no todas las que afectan a los empleados públicos que volvemos a ser discriminados con respecto al resto de trabajadores por los responsables del Ministerio de Justicia.

Las modificaciones introducidas por el ministro Gallardón no pasan de ser muy tímidas en materia de función pública. Es verdad que  en el  orden Contencioso los funcionarios no pagaremos tasas cuando actuemos en defensa de nuestros derechos estatutarios y tendremos  una exención del 60 por 100 en la cuantía de la tasa que nos corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.

Sin embargo, y aquí está el meollo de la cuestión que más nos afecta, las cuantías fijas de la casación y la apelación no han sido modificadas y siguen siendo más altas que la suplicación y casación del orden social que es por lo que se rigen el resto de trabajadores. Así, los funcionarios seguimos pagando más por recurrir: 120 euros y 180 euros más respectivamente. 

Tampoco se  modifica el régimen de postulación que nos fue arrebatado hace unos meses y, en consecuencia, los funcionarios tendremos que pagar abogado y procurador cuando acudamos a defender nuestros derechos laborales. Una obligación que no tendrán el resto de trabajadores que sí podrán personarse sin esa representación legal.

Para colmo, los  empleados públicos seguimos sufriendo la amenaza de la condena en costas que no existe en el orden social para el resto de trabajadores. 

Lo que está claro es que con esta leve reforma del “tasazo” los funcionarios seguiremos estando en desventaja para defender nuestros derechos laborales en igualdad de condiciones que el conjunto de los asalariados.