Mientras que, Cristóbal Montoro,  ministro de Administraciones Públicas, asegura que el Gobierno central no aplicará  más recortes a los empleados públicos, la reforma de la Administración local sigue adelante, y pinta mal.

En Extremadura un total de 1.500 empleados públicos podrían ser despedidos como consecuencia de esa  reforma que está preparando el Gobierno Central para los ayuntamientos especialmente, aunque también podrían ser trasladados a otra administración local o ver modificadas sus condiciones laborales. 

Este anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo recientemente afecta de manera troncal a las condiciones laborales de  los 30.647 empleados públicos de la administración local extremeña,  pero lo hace de forma más directa a unos 1.500, los laborales. 

El problema de esta nueva ley es que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y pone en riesgo puestos de trabajo. Por eso, el Gobierno debería preparar un catálogo básico de servicios públicos con el que acotar las privatizaciones y que debería determinar aquellos servicios que deben prestarse única y exclusivamente por los empleados públicos. Si no, la merma  de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos está asegurada. 

Como dato, la administración local en Extremadura está representada en 385 municipios de los que un 95 por ciento son poblaciones menores de 10.000 habitantes, los más afectados por la reforma puesta en marcha. Además, las plantillas de trabajadores de los consistorios representan el 30% de empleo de administración pública en la comunidad.

Ante estas cifras y peores perspectivas imagino que los responsables de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) estarán trabajando ya en buscar soluciones, aunque a lo peor es mucho imaginar.