Si queremos una Administración de calidad que atienda, dignamente, a todos los ciudadanos hay que reponer las plazas de empleados públicos que queden vacantes. Si no se hace así se va agravar el efecto de los recortes sobre toda la población en general.

El Gobierno central acaba de aprobar la  Oferta de Empleo Público (OEP) para  2013, con un total de 722 plazas, pero es  absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades que tiene actualmente el Estado y deja a la Administración General bajo mínimos teniendos en cuenta la cantidad de interinos que se quedan sin trabajo y las jubilaciones que se quedan sin cubrir.

La oferta pública es insuficiente de por sí, pero además, las pocas plazas convocadas están mal distribuidas, limitándose fundamentalmente a empleados públicos de titulación superior y relegando a empleados relacionados con puestos de gestión y servicios.

El problema que trae aparejado esta nueva congelación de la OEP es que está provocando la entrada de forma lenta, pero constante, de la empresa privada a través de la externalización de servicios hasta  ahora reservados a los empleados públicos. Un hecho preocupante porque el Gobierno está modificando, de forma encubierta, el modelo actual de nuestra administración.

De hecho, ya se han ofrecido datos claros en los que consta que  ya se están externalizando también puestos estructurales de conductores y ordenanzas. Este es el caso, por ejemplo, de la Dirección General de la Seguridad Social en Barcelona, que recientemente, ha adjudicado a una empresa privada sus ordenanzas.

También es novedoso, y muy poco entendible, que este año se haya externalizado la vigilancia privada en los perímetros de algunas  prisiones. 

Sí quiero hacer una mención aparte, porque es especialmente sangrante, lo ocurrido con la Administración de Justicia, donde los sindicatos habían alcanzado inicialmente un acuerdo para que se ofertaran 1.000 plazas, en lugar de las 300 que se convocarán finalmente.