El Gobierno central haría bien en tomar buena nota de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de Portugal y proceder a la devolución de la paga extra confiscada a los empleados públicos españoles el pasado mes de diciembre.

Así, los funcionarios españoles tenemos que estar satisfechos por esta sentencia del alto tribunal portugués porque nos abre una puerta de esperanza y confianza hacia los tribunales españoles, que creo terminarán dándonos la razón en las diferentes y numerosas reclamaciones presentadas. 

No se puede olvidar que, en buena parte, los argumentos esgrimidos por los empleados públicos de nuestro país vienen recogidos en la sentencia del tribunal portugués, dado que la retirada de la paga extra vulnera el principio de igualdad a la hora de afrontar los sacrificios en las medidas adoptadas para la salida de la crisis, como ha ocurrido en España.

De hecho, atendiendo a las reclamaciones colectivas presentadas ante la justicia, la Audiencia Nacional ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto de recortes del Gobierno, en este caso, porque las medidas aplicadas por el Ejecutivo vulneran las garantías constitucionales que impiden aplicar una norma con carácter retroactivo y confiscatorio. 

En cualquier caso, la sentencia del Constitucional portugués no deja de ser  un aviso más para el Gobierno de Rajoy que debe tomar nota también de lo que está ocurriendo en Extremadura, donde  algunos ayuntamientos están considerando los recursos de reposición presentados por los sindicatos y han acordado la devolución de una parte de la paga extra que nos confiscaron.

Y es que la decisión de los ayuntamientos de Villafranca de los Barros, Campanario, Don Benito y Villanueva de la Serena se ha basado en la recomendación que hizo en su día  la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, por la que se pedía que se devolviera a los empleados públicos, “por lo menos”, una parte de la paga extra no devengada, teniendo en cuenta que el Real Decreto se publicó el 13 de julio de 2012 y la paga extra se empieza a calcular a partir del mes de junio del mismo año.

En definitiva, todos son señales para que el Ejecutivo central reconozca la injusticia que supuso la retirada de esta retribución a los funcionarios españoles.