La subida de los salarios de empleados públicos no estará ligada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC), según contempla el Gobierno en su nuevo paquete de medidas de recorte y que aprobó en el Consejo de Ministros del 26 de abril. A los salarios hay que sumar las subvenciones y las becas que tampoco subirán automáticamente igual que el IPC.

Este hecho ha pasado bastante desapercibido y más, cuando la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no lo aclaró en el último consejo de ministros en el que anunció entre el nuevo paquete de medidas una Ley de Desindexación de la Economía, con la que desligará la actualización de rentas públicas del IPC.

Se trata de una de las medidas clave del Plan Nacional de Reformas y afectará a los salarios de los 94.000 empleados públicos que trabajamos en las distintas administraciones públicas en Extremadura.

Soraya Sáenz de Santamaría no dio pistas sobre si esta medida tendrá carácter temporal o si se consolidará en el tiempo, estableciendo un índice de evolución de las rentas que paga la Administración por distintos conceptos simplemente diferente al del IPC.

Al parecer las intenciones del Gobierno son que la nueva Ley contemple que ni salarios de empleados públicos, ni ayudas como becas o subvenciones suban en adelante conforme al IPC. En definitiva, se trataría de una nueva bajada de sueldo de todos los funcionarios y además, nos llevará a una eterna congelación de nuestros salarios. Volvemos a ser los pagadores de una crisis que nosotros no hemos originado.

En nuestro caso, la aplicación de esta nueva ley romperá por completo el esquema de incremento de los sueldos anuales en función del coste de la vida.

Ahora, desde el Ministerio de Economía dicen que la indexación al IPC en el ámbito de las administraciones públicas debe contemplarse, no como norma sino como excepción, pero no aclara si dejará de utilizar el IPC de noviembre como referencia para compensar a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo.

La vicepresidenta del Gobierno sólo aclaró tras el último consejo de ministros de abril que la nueva normativa se aplicará a todos los contratos públicos, de forma que dejarán de estar automáticamente indexados al Índice de Precios al Consumo (IPC), como hasta ahora, es decir, su prórroga no conllevará la consolidación de la inflación directamente.