La discriminación a la que nos sometía a los empleados públicos la  polémica Ley de Tasas ha sido resuelta, a nuestro favor, por el Tribunal Supremo que ha establecido que los funcionarios y el personal estatutario de la Administración  no tendrán que pagar tasas cuando interpongan recursos de suplicación o casación en el Orden Social. 

Así lo ha acordado la Sala de lo Social del alto tribunal en un pleno no jurisdiccional en el que se ha pronunciado respecto a la eventual inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley de Tasas. El acuerdo también exime  de ese pago  a los sindicatos y beneficiarios de la Seguridad Social.

De esta forma, las cuantías fijas de la casación y la apelación, 120 euros y 180 euros respectivamente, son anuladas y los funcionarios nos igualamos al resto de trabajadores ya que en el en el  orden Contencioso tampoco pagaremos tasas cuando actuemos en defensa de nuestros derechos estatutarios.

El acuerdo del Supremo recuerda que la norma ha generado múltiples dudas a los órganos jurisdiccionales del Orden Social. Por ello, ha decidido fijar unas pautas interpretativas al respecto que sirvan de guía. 

La Sala de lo Social menciona la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita que establece que tendrán ese beneficio, con independencia de la inexistencia  de recursos,  los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social. Es decir, vuelven a tener el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

En el caso concreto de los sindicatos, el acuerdo menciona  la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que dispone que “los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social”. 

En definitiva, esta resolución del alto Tribunal restituye unos derechos que la Ley de Tasas había hurtado a funcionarios cuando tengan que pleitear ante la Justicia en defensa de sus intereses laborales.