El personal de confianza o de libre designación, llámense asesores o de cualquier otra forma, deberán ser sustituidos por funcionarios para profesionalizar el gobierno de los Ayuntamientos. Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local que también limitará el número total de este tipo de nombramientos.

De esta forma, el Ejecutivo Central contempla que el gobierno de los ayuntamientos esté más tecnificado y no dependa tanto del vaivén político. Por eso,  el borrador de esta norma recoge que a partir de la categoría de director general y asimilado hacia abajo serán puestos ocupados por funcionarios de carrera.

Este apartado de la futura ley no ha sido muy del gusto de la Federación Española de Municipios y Provincias que ha conseguido limitar algo el impacto de esta medida al incluir una cláusula en la que  se dice expresamente que el personal de confianza será funcionario excepto “que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario”.

En cualquier caso, se explica desde el Gobierno que, sólo se autorizará para casos excepcionales y siempre que no exista un funcionario –cosa extraña- en ese ayuntamiento que tenga la cualificación exigida para poder hacer un trabajo muy determinado.

Con la reforma del administración local se pretende que los cargos de confianza sean controlados de forma férrea. Por eso el estudio aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero limita de forma drástica el personal eventual que pueden nombrar los ayuntamientos. De hecho, en la mayoría de los consistorios no habrá posibilidad de disponer de esta categoría, ya que el anteproyecto que maneja el Gobierno pone como límite de población los 5.000 habitantes para disponer de, al menos, un asesor.

Como dato, en el conjunto de todas las administraciones públicas españolas se baraja la cifra de 20.000 cargos de confianza, colocados a dedo, cuyo coste para el Estado es cerca de 1.000 millones de euros anuales.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene la intención de que el texto definitivo de la nueva Ley de  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sea aprobado por el Consejo de Ministros a lo largo del próximo mes de julio.