A pesar de que, desde el Gobierno central, intenten convencernos de que  la reforma de las Administraciones Públicas no afectará a los empleados públicos, no será así. Nos afectará, mucho o poco pero será una vuelta de tuerca más.

Desde que la semana pasada se dio a conocer el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) quedan claras dos cuestiones. Una, la reducción de varios institutos y organismos públicos con lo que los empleados públicos de carácter laboral o eventual serán despedidos. Y dos,  los funcionarios de estos organismos serán “recolocados” en otros centros de trabajo de la Administración central o incluso podrán ser trasvasados o movidos a otras administraciones territoriales

Pero hay más motivos para la preocupación. Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tenían cierta doblez, por un lado  hablaba de que los empleados públicos  “han hecho un esfuerzo extraordinario” durante esta crisis, para a continuación deslizar que a partir de ahora, se va “a buscar una mayor movilidad de los trabajadores y una mejor planificación de los recursos humanos”. 

Ahora hay que saber de que forma se va articular esa movilidad, a quién va afectar o que criterios se van a seguir para mover a un funcionario sí y a otro no. De momento no han explicado nada más. Tan sólo que están “estudiando” formar  “bolsas” de funcionarios en cada ministerio que, en caso de necesidad, podrían ser transferidos temporalmente a otro departamento e incluso a otra administración ya sea autonómica o local pero en el caso de que no sea posible su estabilidad queda en el aire.

En este sentido, hay que hacer referencia a la contradicción existente en las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al decir que “el gasto público no es el problema de nuestro país y que los empleados públicos juegan un papel fundamental para mantener la cohesión con presentar un plan de recorte del gasto público y plantear medidas de recorte de personal”. 

Cabe que recordar que los empleados públicos ya han cubierto el cupo de despidos (más de 370.000 en el último año y medio) por lo que esta reforma sumada a la reforma de la Administración Local añade un nuevo hándicap a la estabilidad de decenas de miles de laborales de las administraciones.