Mientras desde el Tribunal Superior de Justicia en Extremadura (TSJEx) se piden más Juzgados y Funcionarios para el buen funcionamiento de este servicio básico y gratuito, desde el Gobierno central se piensa en todo lo contrario a tenor de la reforma que se está preparando de la Ley de Demarcación y Planta.

Una reforma que amenaza con suprimir el 26 por ciento del empleo público en la Administración de Justicia. Sólo en Extremadura se ponen en peligro unos 250 puestos de trabajo y 12.000 en todo el Estado. Y todo gracias a la futura eliminación de los Juzgados de Paz o a la privatización del Registro Civil a favor de Notarios, Registradores y Procuradores.

Es complicado entender una reforma que va alejar a la Justicia del ciudadano al optar por la supresión de los juzgados y agrupaciones de paz y  el cambio del mapa judicial al reformar la distribución de los partidos judiciales.Con estas medidas los habitantes de  pueblos y de zonas rurales lo tendrán muy difícil para acceder a la Justicia.

Con la privatización de distintos servicios, que hasta hoy son gratuitos, desaparecerá  el derecho universal a la tutela judicial efectiva convirtiéndose en un derecho al que sólo podrán acceder unos pocos ciudadanos además de las grandes empresas y corporaciones. Para los que no puedan pagarla les quedará una Administración de Justicia más precaria a la que se le están recortando los medios personales y materiales.

Mientras nos encaminamos hacia la privatización de la Justicia las necesidades se hacen más amplias y así lo ha dejado claro el TSJEx en su memoria anual en la que pide al Gobierno central siete nuevos juzgados, tres  con “carácter prioritario”: un Penal para Plasencia y otro para Badajoz, además de  uno de Primera Instancia e Instrucción para Mérida.

En cuanto a la plantilla de funcionarios de los Órganos Judiciales de la región, el Tribunal Superior, considera necesario el incremento de la misma en varios juzgados debido “a la carga de trabajo que soportan y que repercute en la eficiente prestación del servicio”.Por ello, pide al Ministerio que “implante soluciones definitivas a lo que constituye un viejo problema” y convoque oposiciones para suplir las carencias de personal.

En definitiva, parece que la hoja de ruta del ministro de Justicia, Alberto Ruíz- Gallardón, con su reforma, supone vaciar de contenido las funciones de los distintos cuerpos de funcionarios o eliminar puestos de trabajo.