El afán privatizador que está demostrando este Gobierno no tiene límites. Desde la Sanidad a la Justicia hasta llegar ahora a los centros penitenciarios españoles. El Ministerio del Interior ya ha puesto en marcha la primera fase para privatizar la seguridad exterior de las prisiones y sustituir a guardias civiles y funcionarios por escoltas privados o vigilantes de seguridad.

Un total de ventiuna cárceles, entre las que destacan Pamplona, La Coruña, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón o Huelva, cuentan ya con esta vigilancia privada, que se encarga de los accesos y de la vigilancia exterior por cámaras del perímetro del recinto, funciones encomendadas actualmente a los agentes de la Guardia Civil y funcionarios.

Hasta hoy nada se sabe de lo que sucederá en los centros penitenciarios extremeños pero todo apunta a que también podría privatizarse las seguridad exterior de sus recintos. Y es que el oscurantismo del que hace gala el Ministerio del Interior en este asunto no permite saber que planes tiene pensados para nuestra comunidad.

Con esta medida,  Interior podría vulnerarel Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que “la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que “establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas”.

Todo parece indicar que el Ejecutivo central se ha fijado en el modelo anglosajón de gestión privada de prisiones. Así, en el Reino Unido e Irlanda ya se han privatizado totalmente 5 centros siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

En España hay pendientes de inaugurar cinco nuevas cárceles y existen dudas sobre que modelo de gestión se va establecer, si público, privado o mixto. En cualquier caso, en estos momentos en los que la crisis ha llevado a que la oferta de empleo público siga congelada y que la tasa de reposición de efectivos sea de cero a pesar de la pérdida anual por jubilaciones de 350 funcionarios la privatización completa puede ser real.