La no reposición de efectivos y el incremento de las jubilaciones anticipadas por los recortes, además de por la incertidumbre económica,  han llevado a la Administración General del Estado (AGE) a la cifra más baja de empleados públicos desde 2004.

Así, a fecha de enero de 2013 el número de trabajadores dependientes del gobierno Central se situó en 227.814 personas, la cifra más baja de toda la serie histórica, que comienza en 2004, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

De esta forma cada vez queda más dañada la atención al ciudadano desde los distintos servicios que presta la AGE en todo el  territorio nacional.  Una situación que  está ocasionando la privatización de muchas de estas prestaciones y que están llevando a la entrada progresiva de la empresa privada en puestos relacionados con la gestión y que hasta ahora estaban reservados a los empleados públicos. 

Un goteo de privatizaciones que no cesará mientras se mantenga la congelación de la oferta pública de empleo con la conocida tasa de reposición cero que está dejando a la administración bajo mínimos, lo que dificulta el que se pueda prestar una atención lo más eficaz posible al ciudadano. Además, la presencia del personal interino en la Administración Central es muy reducida.

Otro dato elocuente, sin necesidad de irnos hasta 2004 nos lo da el año 2010 que fue el del comienzo de la crisis y el inicio de los recortes al personal funcionario, con la primera bajada de sueldo del Ejecutivo de Zapatero. Así, desde enero de ese año hasta enero de 2013 se han perdido en la AGE 13.338 empleos.

Además, el salario de los empleados públicos sigue en plena recesión desde 2010, no se incrementa y se ha prohibido, por parte del Ejecutivo central, realizar aportaciones a planes de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencia por jubilación.

Las cifras son claras, tras la bajada del 5% del sueldo del 2010 la masa salarial de los funcionarios pasó de los 16.391 millones en 2011 a 15.343 millones en 2012, un 6,39 % inferior y 1.048 millones menos, mientras que el ahorro por el colectivo de laborales fue de 115 millones con un descenso de la masa salarial del 7,5 %.