Minimizar y preveer las agresiones, insultos y amenazas a los empleados públicos es el objetivo de la próxima puesta en marcha por parte de la Administración central de un protocolo de actuación para atajar este tipo de violencia.

Y es que desde el inicio de la crisis las agresiones se han incrementado de forma notable como consecuencia del recorte de las partidas dedicadas a los servicios públicos y a la disminución  de personal lo que ha hecho que la atención al ciudadano se haya resentido de forma notable y se preste en muchas ocasiones en situaciones muy adversas.

Hay que tener en cuenta que los funcionarios trabajamos de cara al público y estamos pagando los platos rotos del “cabreo” y la tensión de muchos ciudadanos por culpa de la situación económica. No hay que olvidar  que los empleados públicos hemos sido objeto de una campaña de desprestigio, de una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente y ante la opinión pública de ser los causantes  de la recesión, poniéndose en cuestión nuestro trabajo.

En estos momentos, los “puntos calientes” son los servicios de empleo, a los que los ciudadanos llegan en muchas ocasiones afectados por situaciones personales y familiares especialmente graves; las sedes judiciales; las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda y las prisiones.

Ante esta situación parece que la Administración General del Estado ha reaccionado y en breve pondrá en marcha un protocolo que incluirá, entre otras cosas, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistentes salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. Un plan que también debería incluir planes de prevención, actuación y protección antes situaciones violentas.