El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la retirada de la paga extra a los empleados públicos la pasada Navidad, planteadas por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona.

El que el TC haya considerado apropiado admitir estas causas abre la puerta a una leve esperanza para recuperar esa paga del 2012. Sin embargo, fijándonos en sentencias judiciales sobre recursos presentados en distinto ámbito de las tres administraciones, central, autonómica y local, lo que podría esperarse  es cobrar los  días devengados de la extra de Navidad (44 días los funcionarios y 16 días, los laborales).

El camino lo han abierto ya distintos juzgados e incluso ayuntamientos. Así, por ejemplo, en Palencia el  juzgado de lo contencioso Administrativo número 1 dictó una sentencia  firme el pasado 29 de mayo donde se da la razón a una funcionaria de la Diputación. Se da la circunstancia de que esta fue la primera sentencia favorable a un funcionario. Tras ésta vinieron otras dos el mes de Julio en Teruel y Valencia donde se reconocía el derecho al cobro también a los funcionarios de la Administración local.

En el ámbito del personal laboral, entre otras, el  juzgado de lo Social número 3 de Lugo emitió también una  sentencia firme, en el mismo sentido, el pasado 28 de junio de 2013.

Y evidentemente no nos podemos olvidar de lo sucedido en algunos ayuntamientos extremeños donde se han conseguido reclamaciones sin necesidad de llegar a los juzgados como en el caso de Villafranca de los Barros, Don Benito o Villanueva de la Serena.

Eso sí, actualmente todo está en manos del Tribunal Constitucional ya que al estar recurrida  en su totalidad la supresión de la extra de Navidad en el máximo tribunal del Estado ningún otro puede tramitar nada que esté relacionado con ese recurso de inconstitucionalidad.

Ahora no queda otra que aguardar al retraso que pueda generarse en el TC, que, entre otras cosas, se debe al déficit de personal que afecta al conjunto de la Administración de Justicia, lo cual obligará a hacer un ejercicio de paciencia a todo el personal de la Administración española.