Los funcionarios que incumplan el deber de vestir y comportarse con decoro adecuado a la función que desempeñan serán sancionados. Así lo recoge el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que introduce esa obligación  que será castigada como falta leve si no se cumple.

Esta nueva falta, que vendrá recogida en nuestro régimen disciplinario, si no se modifica durante su tramitación (algo probable, pero que marca lo rancio de una decisión así por parte del departamento que dirige Gallardón), no deja de ser absurda, trasnochada y acorde con otros tiempos. Es una falta extraída de los tratados más rancios de las buenas prácticas en los Tribunales españoles.

El pretender colar en la LOPJ una propuesta así, demuestra, tal y como se señala desde distintos ámbitos, la poca consideración del Ministerio hacia el colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia.

Y lo peor, tal y como se apunta desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ)  el texto presupone que los jueces sí visten con discreción y de forma adecuada a las funciones que desempeñan, pero no así  nosotros. “A los jueces les presume ese decoro cuando no cuentan con una falta paralela”.

Además del decoro en el vestir, el anteproyecto recoge otras medidas de gran calado y que afectarán gravemente tanto a los funcionarios de Justicia como a los ciudadanos, especialmente a los de los pueblos ya que desaparecen los Juzgados de Paz.

Se establece el partido judicial provincial con la creación de los Juzgados Provinciales de Instancia lo que conlleva la eliminación de todos los Juzgados de Paz suprimiendo así los destinos de los funcionarios que trabajan allí.  Esta media supone un ERE encubierto en la Administración de Justicia con la amortización de plazas y el despido de interinos.

Otra de los puntos controvertidos del texto es la privatización de los  Actos de Comunicación y Ejecución. Así, el texto que indica que “los Procuradores podrán realizar los actos procesales de comunicación judicial, embargos y ejecución, a excepción de los lanzamientos, así como otras tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales”.

Esta medida supondrá un coste que los ciudadanos tendrán que pagar y además supondrá la desaparición de miles puestos de trabajo de funcionarios judiciales que son quienes actualmente realizan estas funciones.

En definitiva las intenciones del Ministerio pasan, por lo que se va conociendo, por privatizar muchos de los servicios que se prestan desde la Administración de Justicia y que son gratuitos.