No es un secreto que la crisis, con sus recortes y ajustes presupuestarios, ha puesto en el disparadero la labor de los empleados públicos que trabajan cara al público y especialmente al personal sanitario. Por eso, se ha organizado un grupo de trabajo entre la Administración central y los representantes de los trabajadores para crear un Observatorio nacional en el que se haga un seguimiento de las agresiones que sufren los profesionales de la sanidad española.

Y es que hasta ahora sí se hace, por parte de los colegios profesionales, un seguimiento más o menos puntual de las agresiones que sufren los médicos, pero no del resto del personal hospitalario. Con este nuevo organismo se pretende hacer un seguimiento de los insultos, amenazas y agresiones que afecten a cualquier profesional  del sistema nacional de salud, desde el personal de Admisión, de Urgencias, de centros de salud y hasta los médicos y las enfermeras.

Este nuevo Observatorio pretende unificar los criterios que utiliza cada comunidad autónoma a la hora de clasificar y documentar las agresiones a los empleados públicos que ejercen su trabajo en los distintos ámbitos hospitalarios del Estado. De esta forma, se regularizarían  los archivos existentes en una sola base de datos que incluya a todo el personal y no sólo a los médicos.

En este sentido, según el informe del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, el año 2012 se registraron 416 agresiones al personal sanitario en España, 23 de ellas en Extremadura (18 en la provincia de Badajoz y 5 en la de Cáceres).

Ante esta situación de insultos, amenazas y agresiones parece que la Administración General del Estado ha reaccionado y en breve pondrá en marcha un protocolo que incluirá, entre otras cosas, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistentes salvo en algunos sectores como el educativo y el del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. Un plan que también debería incluir planes de prevención, actuación y protección antes situaciones violentas.