La decisión del Ministerio de Justicia para privatizar el Registro Civil tendrá que esperar. La falta de acuerdo con los Registradores de la Propiedad para traspasarles este servicio público ha hecho que se agoten los plazos legales y se tenga que demorar esa privatización.

Así, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo,  se ha visto obligado a anunciar que se prorrogará en las próximas semanas la aplicación de la ley aprobada bajo el mandato del Gobierno socialista que desjudicializaba el Registro Civil para entregárselo a  los secretarios judiciales o a los funcionarios de la Administración de Justicia.

No obstante, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su gestión. Durante estos meses, ha barajado entregar los registros civiles a secretarios judiciales o registradores, a los cuales defiende como funcionarios públicos.

En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Bravo ha afirmado que el plazo de la entrada en vigor de esta norma, que se cumple el próximo 22 de julio, se prorrogará a través del mecanismo legal oportuno mientras  que ahora el Gobierno del PP estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de los actos de inscripción y emisión de certificaciones y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

No se puede olvidar que la presión que se ha ejercido desde todos los colectivos de la Administración de Justicia para evitar la pérdida de 3.500 puestos de trabajo en toda España de los que 110 corresponden a funcionarios en Extremadura  también ha contribuido a que se paralice esta privatización.

Los funcionarios de Justicia, que son los que ahora gestionan este organismo, han acreditado de sobra su capacidad y profesionalidad como única garantía de funcionamiento de este servicio público que por otra parte es gratuito y no le cuesta un céntimo al ciudadano.

En este sentido, cabe añadir  que  la única alternativa para que el Registro Civil siga siendo gratuito y mantenga los puestos de trabajo es que sean los propios funcionarios de justicia quienes lo gestionen como vienen haciendo desde hace 143 años.

Otra solución no garantiza el cien por cien de los puestos de trabajo puesto que el Ministerio solo puede hacerlo en el territorio que gestiona (cinco comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y Registro Civil central).

Precisamente por esto, es incomprensible que el Ministerio siga buscando fuera la solución que tiene en casa.