Un total de 134.714 empleos públicos ha perdido la Administración española los últimos dos años,  según los datos del registro de personal del Gobierno central. Una cifra que no se puede despreciar ya que corresponde a los trabajadores que sostienen el sistema de servicios públicos –Estado del Bienestar- en todo el territorio nacional.

Actualmente no hay ningún ámbito laboral que se libre de una destrucción de empleo tan alta. Así, en sanidad se han perdido 28.496 puestos de trabajo, en Educación no universitaria (-22.358), Educación Universitaria (-5.208),  Justicia (-32) o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (-2.979).

Además, la Administración General del Estado mantiene igualmente el descenso en el personal, con 14.116 personas menos en los dos últimos años. Además, se da la circunstancia de que más de la mitad tienen edades superiores a los cincuenta años, por lo que a medio-largo plazo, esta reducción de personal se agravará.

Mientras, Extremadura ha experimentado la destrucción de 6.328 empleos públicos entre 2009 y 2014, con lo que en la actualidad existen 87.713 trabajadores públicos, de los que 46.000 dependen de la Junta, 24.500 de la Administración local, 13.800 del Gobierno central y 2.400 de la Universidad.

Hay que destacar que el poco empleo público que se ha creado ha sido temporal o interino. El ejemplo lo tenemos en el sistema educativo en el que el pasado mes de junio, a nivel estatal, 39.000 personas se dieron de baja de la Seguridad Social coincidiendo con el inicio de las vacaciones, una situación coyuntural pero injusta que refleja la precariedad en el empleo en un sector básico para el futuro de nuestro país.

Estas cifras demuestran la grave situación que atraviesa el sector, en una doble vertiente, tanto en términos de ocupación, que continúa en caída libre, como en lo referido a la calidad de los servicios.

A ello hay que sumar,  una importante pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y su repercusión en el consumo y la demanda interna.

Ante esta situación el Ejecutivo debe plantearse volver a restituir los derechos suprimidos a lo largo de la crisis, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y generar un trabajo público neto, estable y con derechos ya que es la única forma de garantizar el Estado del Bienestar.