Las amenazas verbales o físicas que sufran los empleados públicos en su puesto de trabajo serán catalogadas como agresión y se enviará un informe a la Fiscalía para que aplique el artículo 550 del código penal que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos.

Así lo ha decidido el Instituto Nacional de la Seguridad Social en un protocolo de actuación en casos de Agresiones a Empleados Públicos y que pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las Oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real para, posteriormente, extenderla a todo el Estado. El acuerdo recoge también la elaboración de un registro y estadística anual de las situaciones violentas que sufren los trabajadores  a efectos de prevenir y contabilizar esas agresiones.

Cualquier tipo de incidente que se produzca en el puesto de trabajo de los empleados públicos se notificará  mediante un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y su remisión a la Fiscalía para que actúe en consecuencia.

En este sentido, el protocolo  también establece  una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la  solicitud de  ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y  la atención del trabajador agredido.

Las principales causas de los incidentes, según el Ministerio de Empleo, son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el funcionario, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa.

Es de destacar que las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla. Además,  Empleo da cuenta de nuevas  situaciones que hasta ahora no se habían dado, como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales, o la realización de amenazas por dichas redes.

Hay que tener en cuenta que los funcionarios que trabajan de cara al público están expuestos al enfado y la tensión de muchos ciudadanos por culpa de la situación económica. Y tampoco hay que olvidar que los empleados públicos hemos sido objeto de una campaña de desprestigio, de una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente y ante la opinión pública de ser los causantes  de la recesión, poniéndose en cuestión nuestro trabajo.