Es un engaño y una burla hacia los empleados públicos el anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la devolución del 25 por ciento de la paga extra de Navidad suprimida por el gobierno del Partido Popular en 2012.

Y es que ese 25 por ciento equivale  a los 44 días devengados entre el 1 de junio  y el 14 de julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del famoso decreto “antidéficit” que suprimió nuestra paga) que los tribunales  de toda España están reconociendo en  todos los niveles de la administración.

Por lo tanto, esta decisión no es ningún regalo del Gobierno del PP a los empleados públicos, sino que simplemente  hacen el pago de algo a lo que les está obligando la Justicia por haber sido una medida ilegal durante 44 días.

Lo peor de todo es que mucho se habla desde el Gobierno de ese 25 por ciento pero nada se dice del otro 75 por ciento de la paga extra restante. ¿Piensan pagarlo alguna vez? La callada por respuesta es lo que recibimos desde el Ministerio de Administraciones Públicas.

Para colmo, con esta decisión del Ejecutivo se deja en el olvido a muchos empleados públicos que están fuera de la Administración General del Estado y que no tienen capacidad de negociación en sus respectivas administraciones (autonómica, local o universidad) para negociar la devolución del 25 por ciento de la paga extra que sí se reintegrará a los funcionarios estatales.

Todo lo que está sucediendo con la extra suprimida va en la única dirección de demorar lo máximo posible el pago de una cantidad económica suprimida de forma arbitraria por el Gobierno del partido popular. Un hecho perfectamente demostrable con la dilatación del pago de la extra a los funcionarios de la Administración de Justicia a los que sí se nos quitó de forma ilegal (los tribunales han dado la razón a los funcionarios para que se les devuelva) por la falta de previsión del ex ministro Gallardón.

Todo son excusas de mal pagador , el Ministerio de Justicia se agarra a que las sentencias que obligan a devolver la paga no se pueden aplicar de manera generalizada a todos los funcionarios y solo tendrán efectos para aquellos que obtengan ese reconocimiento en los tribunales.

Ante este despropósito en todas las provincias del Estado ya se han puesto, por parte de los sindicatos, los recursos oportunos para que les sea devuelta a todos los funcionarios de la Administración de Justicia. En cualquier caso, es intentar retrasar lo inevitable.