El 40% de los empleados públicos que trabajan en España superan los 50 años de edad, y uno de cada dos funcionarios del Estado está a punto de jubilarse. Una situación que se traduce en un deterioro de los servicios públicos ya que los ciudadanos disponen de menos profesionales sanitarios, menos docentes, policías, bomberos o personal administrativo para cubrir sus necesidades.

Los recortes aplicados en la Administración pública,  tanto por el gobierno socialista como el del Partido Popular, han colocado las plantillas en una situación delicada ya que no se cubre el 100% de las plazas del personal que se jubila, lo que las va a abocar al colapso o la privatización. Y es que ni tan siquiera la ampliación al 50%  de la tasa de reposición va a solucionar el problema.

Hace falta que la tasa de reposición se amplíe al 100% ya que hasta la última EPA mostraba, en contra de la tendencia general,  que la ocupación en la administración pública ha descendido , tanto a nivel trimestral (3.900 ocupados menos), como con respecto al año pasado (17.700 personas menos). Se sigue destruyendo empleo, fundamentalmente interino de Sanidad y Educación, un personal que es necesario como se ha demostrado con la merma que se ha producido en la calidad de este servicio.

Estos datos revelan que es necesario un plan de recursos humanos en la Administración, que lleve aparejado una modernización de sus estructuras para ofrecer poder seguir ofreciendo un servicio público de calidad.

Además,  aunque es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo, comprobamos que en España la tasa de funcionarios por habitante es la menor de la Europa de los quince.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes, mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia, la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.