Los trabajadores laborales del Gobierno de Extremadura no deben  ver afectado su derecho al concurso de ascenso pero tampoco los 80.000 aspirantes a las 306 plazas de turno libre pueden ser perjudicados en su derecho a poder opositar.

Desde el respeto al auto dictado por la Sala de lo Social  del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que ordena al Ejecutivo regional paralizar la convocatoria atendiendo a “lo solicitado por la Unión Regional del sindicato Comisiones Obreras de Extremadura” habría que buscar una solución entre todas las partes implicadas y que el proceso no se paralice.

El Gobierno autonómico está a tiempo de convocar una mesa de negociación con todas las partes implicadas y acordar un calendario en el que se proceda a iniciar de forma inmediata el proceso de turno de ascenso de promoción interna para los trabajadores laborales y mantener el examen de oposición libre. Simplemente es acordar un calendario en el que se resuelva antes uno que el otro con una diferencia mínima de días, antes de que termine el año.

Es verdad que el auto es recurrible, pero también es cierto que los opositores deben tener certeza sobre este, y cualquier otro, proceso de selección.

En cualquier caso, la Administración debe ser la garante de que los procesos selectivos transcurran con total transparencia. Y es que en las convocatorias de oposiciones participan miles de personas que hacen un esfuerzo personal intelectual y físico, además de económico, muy importante.

En este sentido, señalar que todo proceso selectivo de empleo público debe estar condicionado por los principios de mérito, igualdad y capacidad. Pero también, la Administración no puede olvidar que  los empleados públicos tenemos nuestros derechos, y también nuestras obligaciones, garantizadas por la Ley.