La oferta de empleo público aprobada por el Gobierno central para este año es insuficiente a pesar de las 7.416 plazas convocadas porque no cubre la totalidad de las jubilaciones. El Ejecutivo debería ofertar, como mínimo, las mismas plazas de las personas que se jubilan si quiere solucionar las necesidades de la Administración.

Es más, un total de 3.834 plazas que también se ha ofertado corresponden a las destinadas a la promoción interna de los empleados públicos. Es decir, funcionarios y trabajadores que ya están en la Administración del Estado y que, por lo tanto, van a ascender en su puesto. No son  plazas que vengan a reforzar la plantilla sino más bien al contrario, ya que volverá a quedar otra cantidad similar vacante.

Así, que el Gobierno pase del 10% al 50 % en la tasa de reposición de efectivos en algunos colectivos de la administración -especialmente en la Agencia Tributaria-, no deja de ser  un intento de justificar como incremento neto lo que es sólo reducción de empleo.

En este sentido, indicar que la tasa de reposición supone la destrucción de la mitad de las plazas de personal que se jubile este año, que se suman a los puestos de trabajo que ya se han destruido desde que comenzó la crisis (400.000). Así, el Ejecutivo está enredando con las cifras de empleo púlbio porque  cada año se pierden en torno a 15.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado; solo en Sanidad se han perdido 40.000 puestos de trabajo desde el pasado verano, y en la Enseñanza, 20.000 en los últimos cuatro años.

Lo que está claro es que, ante la falta de una oferta de empleo público adecuada a las necesidades de la Administración, el primer afectado es el ciudadano que es el que  va a sufrir la falta de seguridad en la calle, menores niveles de calidad en las escuelas, hospitales y centros de trabajo, o una justicia más lenta.

Por último, indicar que  sumadas las plazas de las dos ofertas, la ordinaria y la extraordinaria, las plazas del turno libre se reparten en 3.058 para la Administración General del Estado, 1.430 para Justicia, 1.374 para la Policía Nacional, 820 para la Guardia Civil, 484 para la Agencia Tributaria y 250 para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En la promoción interna destacan las 2.708 plazas en la Administración General del Estado, 596 en Justicia y 480 para Policía y Guardia Civil.