Las administraciones públicas pretenden cubrir la falta de personal con empleo precario y contratos inferiores a un año. Así se desprende de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que fija un incremento de puestos de trabajo en el sector público de 25.300 personas pero el déficit real es de 349.900 perdidos desde finales de 2011, cuando empezó la sangría en la administración como consecuencia de los ajustes del Gobierno.

Estos datos muestran que este pequeño crecimiento en el empleo público no palia la  tremenda destrucción de tejido humano que se ha producido durante estos años. La administración local, la sanidad o la educación son los sectores en los que la pérdida de empleo ha sido más importante.  Sin olvidar el personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo), Administración de Justicia o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Todas las administraciones están aumentando la ocupación de sus centros de trabajo con empleo temporal y precario. En total hay 622.500 ocupados con un contrato temporal (21 por ciento). De estos, 213.300 tienen menos de un año de duración y un 62,9 por ciento son mujeres, lo que indica también la feminización en la precariedad del empleo.

La única forma de superar estas cifras de empleo interino es la convocatoria de oposiciones ya que el buen funcionamiento de la administración pasa por el refuerzo de sus  plantillas donde sea necesario y de manera estable. El Gobierno debe ampliar la oferta de empleo público,  así como las comunidades autónomas deben aplicar al máximo la tasa de reposición que les permite el Ejecutivo (hasta el 50 por ciento, dependiendo del sector).

No se debe olvidar que casi uno de cada dos empleados públicos de la Administración General del Estado se encuentra a punto de jubilarse lo que puede provocar un colapso de de los servicios que presta el Gobierno central. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años. Es decir, la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse y solicitar la jubilación anticipada.

Se trata de una situación delicada sector público en el que las plazas de aquellos trabajadores que se jubilan se quedan sin cubrir por la que la tasa de reposición aprobada por el Ejecutivo sigue sin ser suficiente lo que repercute en la calidad del servicio que se presta al ciudadano