Los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo del 30 por ciento  de media desde que se inició la crisis, consecuencia de la bajada de sueldo decretada en 2010, la retirada de la paga extra, seis años consecutivos de congelación salarial, y las rebajas retributivas que se han producido en las diferentes administraciones.

Con esos antecedentes y, ante el anuncio de que se va a producir una subida de salarios en el ámbito privado, el Gobierno debe abrir la puerta de negociación a un incremento de sueldo para las Administraciones Públicas. Sería lo oportuno tras conocer que CCOO y UGT y la patronal han cerrado un acuerdo definitivo para la empresa privada con una subida salarial del 1 % para 2015 y del 1,5 % para 2016.

Así, el Ejecutivo Central debería convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas y tomar en consideración lo acordado entre sindicatos y empresarios y vincular el crecimiento del PIB a la recuperación de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos para que no se queden discriminados y al margen del nuevo ciclo económico.

Es el momento de negociar la recuperación de todos los derechos arrebatados a los empleados públicos, desde la recuperación del poder adquisitivo y de la paga extra íntegra de 2012, hasta los días de asuntos propios, sin olvidar el desarrollo de la carrera profesional. Se trata de abrir los cauces de negociación rotos durante estos años y retomar el Diálogo Social en el ámbito del empleo público, tal y como está sucediendo en el ámbito privado.

No se debe olvidar como el contrato a tiempo parcial se ha generalizado en las administraciones mientras que los servicios públicos perdían miles de puestos de trabajo, siendo los empleados públicos los que, gracias a su esfuerzo, han mantenido estos servicios de todos.