Un total de 85.934 empleados públicos que trabajan en Extremadura verán incrementado su sueldo en 2016, tras 6 años de congelaciones sucesivas sobre una bajada media del 5 por ciento de su salario, si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cumple con lo anunciado en el Senado la semana pasada.

Esta medida afectaría a los  44.849 trabajadores de la Junta, 24.931 de la Administración Local, 13.229 pertenecientes al Estado y a 2.925  de la Universidad, que han perdido una media del 30 por ciento de su salario en los últimos 6 años como consecuencia de los recortes motivados por la crisis económica.

Estas nuevas condiciones salariales para los funcionarios que se negociarán, a partir de esta semana  en la Mesa General de Administraciones Públicas, cuyo coste irá a cargo de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2016, se aprobarán el próximo 31 de julio.

Una negociación que también incluirá la devolución del importe de la paga extra suprimida en 2012. Hasta ahora se ha devuelto un 25%, pero se debe reembolsar el 75%  restante, lo que se haría, en principio, de forma progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestaria. Esta medida supuso una pérdida porcentual del 7% en la nómina de los empleados públicos.

También está sobre la mesa la recuperación de los días de libre disposición o asuntos propios y los días adicionales de vacaciones por antigüedad.  El decreto ‘antidéficit’ de julio de 2012 incluía la reducción de días moscosos de seis a tres de los días y limitó los días libres por antigüedad (canosos). Desde entonces se han devuelto dos de estos tres días suprimidos.

Otro de los temas de negociación será  la descongelación de la oferta de empleo público en los tres últimos ejercicios, lo que ha implicado un recorte de 5.300 millones y la amortización de 13.297 plazas vacantes sólo en la Administración General del Estado. En Extremadura, sólo en la Administración regional hay un déficit de 2.400 plazas.

Otros cambios que han perjudicado al colectivo de empleados públicos afectan al régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal (sólo se cobra una parte del salario en una baja por enfermedad); la prohibición de realizar aportaciones a planes de pensiones, y la implantación, con carácter básico y mínimo, de una jornada de 37,5 horas a la semana.

Será el momento también de continuar negociando las medidas de conciliación de la vida laboral, el plan de igualdad de la Administración General del Estado, los protocolos de acoso  laboral y de violencia en los centros de trabajo, sin olvidar una financiación adecuada a las Mutuas de funcionarios para asegurar una correcta asistencia sanitaria.