Tras haber congelado durante cuatro años la oferta pública de empleo (OPE), el Gobierno  incluye en los  Presupuestos Generales del Estado para el próximo año  una tasa de reposición de las plazas vacantes del 100%. Eso sí, únicamente en los servicios esenciales como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lucha contra el fraude y, por primera vez, Instituciones Penitenciarias, servicios sociales de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal. Para el resto de servicios, tanto del Estado como de comunidades autónomas, la tasa de reposición se situará en el 50%.

Serán la Policía, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias las que oferten un mayor número de plazas para el próximo año, aunque  insuficientes para la cantidad de jubilaciones que se han producido en estos años. Se espera una convocatoria de 2.600 plazas para el Cuerpo Nacional de la Policía, 1.700 para la Guardia Civil y unas 600 para funcionarios de Instituciones Penitenciarias, aunque en este cuerpo se cifra una pérdida de empleo de 2.000 plazas los últimos cinco años.

Mientras, está por determinar la OPE en el resto de servicios esenciales, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades que tienen esos servicios transferidos. Sin embargo, en Extremadura, según datos del sindicato  CSIF, en el ámbito de la Consejería de Sanidad existe un déficit estructural de 600 plazas y en el área de la educación deberían ofertarse 1.300 puestos de trabajo.

En cualquier caso llegar al 100% de la tasa de reposición en los servicios esenciales y al 50% en el resto no va a servir para cubrir las vacantes de todas las plantillas ya que actualmente el déficit de personal en la administración del Estado, en el conjunto del país, asciende a 50.000 personas y en la Junta de Extremadura a 2.400. Un extremo que ha ocasionado problemas de funcionamiento de muchos servicios públicos en los últimos dos años.

Como dato, cada vez es mayor el envejecimiento de la plantilla de  empleados públicos del Gobierno ya que casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42% tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.

Precisamente por esto el Gobierno debería establecer una tasa de reposición generalizada del cien por cien en el conjunto de las administraciones, es decir, que se cubran todas las jubilaciones. Y además, que se refuercen por encima de ese porcentaje aquellos sectores que tengan mayores necesidades de plantillas para recuperar la pérdida de personal que se ha producido a lo largo de los últimos años.