Denunciar las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren los examinadores de tráfico, es el motivo por el que el próximo 21 de octubre irán a una huelga de 24 horas, acompañada por una concentración  en Madrid ante la sede central de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una protesta a la que están llamados 700 funcionarios de todo el Estado de los que 20 corresponden a Extremadura, 13 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres, y que se suma a los paros de 3 horas diarias que se llevan realizando desde el pasado 14 de septiembre y que ha provocado la suspensión de muchos exámenes.

Este colectivo de empleados públicos es el último que se suma las estadísticas de agresiones que vienen sufriendo, desde que comenzó la crisis económica, otros colectivos como los de los servicios de empleo, juzgados, las delegaciones de Hacienda o los funcionarios de prisiones.

Así , el año pasado se produjeron hacia los examinadores de tráfico ocho agresiones con lesiones y que llegaron a juicio, en tanto que en lo que va de año la cifra es ya de 15, a las que hay que añadir las verbales y otras menos graves.

Del total de agresiones físicas no se ha contabilizado ninguna en Extremadura aunque sí son muy habituales las amenazas verbales por parte de los alumnos suspendidos hacia los examinadores.

Ante esto, una solución que plantea el colectivo es no tener que dar el resultado al aspirante en “caliente”  e informar al alumno “en diferido”, es decir, al día siguiente, y en un lugar seguro. Y es que el actual sistema de informar al alumno dentro del coche en el que se ha examinado, en un habitáculo tan pequeño, conlleva un mayor riesgo de sufrir una agresión.

La pérdida de valores, la situación económica, el coste de las clases o la necesidad de contar con el carné para encontrar un puesto de trabajo son algunas de las razones que podrían explicar esas agresiones, que en su mayoría se producen en zonas aisladas, polígonos industriales o caminos alejados de las ciudades.

Como dato, señalar  que en el conjunto de todos los Ministerios según datos oficiales de 12 ministerios y organismos públicos, sobre las agresiones y la violencia contra empleados públicos, en 2014 se produjeron 357 casos de agresiones(insultos, amenazas, daños al mobiliario de la oficina…), de los que el 11% supusieron violencia física. Los datos del primer trimestre de 2015 muestran un agravamiento de la situación, porque sólo en esos tres meses ya se han dado 121 casos.