Una medida que el Gobierno central ha incluido en el documento  que ha firmado con Unidos Podemos para los próximos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siempre que se aprueben en el Congreso de los Diputados.

Los municipios que no hayan cumplido con los objetivos de estabilidad, deuda o techo de gasto solo podrán aumentar sus funcionarios en un 5 por ciento sobre su tasa de reposición en los servicios municipales que determinen que sean necesarios.

Así, según el documento del Ejecutivo, con el incremento de la tasa de reposición buscan que los ayuntamientos puedan “recuperarse de las restricciones que han sufrido” durante la crisis. Es decir, podrán reemplazar a todos los funcionarios que dejen o hayan dejado su plaza, vacantes y jubilaciones.

Además, los consistorios podrían alcanzar también una tasa de reposición del 100 por ciento en aquellos sectores prioritarios como pude ser policía local sean o no sean cumplidores con la totalidad de la estabilidad presupuestaria.

Jubilación de unos 150 policías locales en Extremadura

En este sentido, si el Gobierno aprueba el próximo mes de enero el decreto que permitirá la jubilación de los policías locales con 59 años muchos ayuntamientos extremeños se encontrarán sin agentes de policía. De esta forma desde la Junta y desde las centrales sindicales se apuesta por una convocatoria unitaria de oposiciones para todos los ayuntamientos de la región ya que la cifra de vacantes oscilaría, según los sindicatos, sobre las 150 plazas necesarias por jubilaciones anticipadas.

Eso sí, para que esta convocatoria conjunta pudiera realizarse a nivel regional, los ayuntamientos deberían “ceder” competencias a la Junta según ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, Begoña García.

Según los datos que maneja Bernal, si se aprueba el decreto, en 2019 un total de 301 policías locales extremeños cumplirían los 59 años y podrían jubilarse, de los cuales 135 tendrían los 36 años de cotización a la Seguridad Social.

Estas jubilaciones anticipadas podrían, según  la consejera de Medio Ambiente y Rural provocar una situación “complicada” para los municipios de Extremadura, al tiempo que ha recordado que la competencia sobre la Policía Local es municipal y, por ello, los ayuntamientos deberían dar su “consentimiento” para que la Junta convocase oposiciones.

Tras haber congelado durante cuatro años la oferta pública de empleo (OPE), el Gobierno  incluye en los  Presupuestos Generales del Estado para el próximo año  una tasa de reposición de las plazas vacantes del 100%. Eso sí, únicamente en los servicios esenciales como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lucha contra el fraude y, por primera vez, Instituciones Penitenciarias, servicios sociales de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal. Para el resto de servicios, tanto del Estado como de comunidades autónomas, la tasa de reposición se situará en el 50%.

Serán la Policía, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias las que oferten un mayor número de plazas para el próximo año, aunque  insuficientes para la cantidad de jubilaciones que se han producido en estos años. Se espera una convocatoria de 2.600 plazas para el Cuerpo Nacional de la Policía, 1.700 para la Guardia Civil y unas 600 para funcionarios de Instituciones Penitenciarias, aunque en este cuerpo se cifra una pérdida de empleo de 2.000 plazas los últimos cinco años.

Mientras, está por determinar la OPE en el resto de servicios esenciales, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades que tienen esos servicios transferidos. Sin embargo, en Extremadura, según datos del sindicato  CSIF, en el ámbito de la Consejería de Sanidad existe un déficit estructural de 600 plazas y en el área de la educación deberían ofertarse 1.300 puestos de trabajo.

En cualquier caso llegar al 100% de la tasa de reposición en los servicios esenciales y al 50% en el resto no va a servir para cubrir las vacantes de todas las plantillas ya que actualmente el déficit de personal en la administración del Estado, en el conjunto del país, asciende a 50.000 personas y en la Junta de Extremadura a 2.400. Un extremo que ha ocasionado problemas de funcionamiento de muchos servicios públicos en los últimos dos años.

Como dato, cada vez es mayor el envejecimiento de la plantilla de  empleados públicos del Gobierno ya que casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42% tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.

Precisamente por esto el Gobierno debería establecer una tasa de reposición generalizada del cien por cien en el conjunto de las administraciones, es decir, que se cubran todas las jubilaciones. Y además, que se refuercen por encima de ese porcentaje aquellos sectores que tengan mayores necesidades de plantillas para recuperar la pérdida de personal que se ha producido a lo largo de los últimos años.

La mesas vacías en los distintos departamentos de las Administraciones públicas en Extremadura están empezando a ser una realidad gracias a la decisión del Gobierno central  de reducir un 85 por ciento la oferta de empleo público para 2013.

Así, la propuesta de la Administración para la próxima convocatoria de empleo público (que se publicará antes de final de año) incluye aproximadamente 100 plazas para funcionarios en los subgrupos A1 y A2 (licenciados y diplomados), frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción de más del 85 por ciento.

Estas plazas se repartirán, a duras penas, en los siguientes cuerpos: inspectores de hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores (profesores, científicos y científicos investigadores) y agentes de Hacienda Pública.

Esto se debe a la política de amortización de vacantes, con una congelación generalizada de las ofertas de empleo público, salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del 10 por ciento. De esta manera, si el año pasado se dieron de baja 1.134 personas, únicamente se cubrirán una de cada diez. En lo que se refiere a la Promoción Interna, la Administración plantea tan solo 225 plazas, la mitad que el año anterior.

Un dato más,  en nuestra comunidad se espera que desde la Consejería de Educación  se anuncie la convocatoria de nuevas oposiciones en el sector educativo ya que es una necesidad real. Las plantillas de los centros escolares extremeños  habrán perdido 1.000 profesores entre septiembre de 2011 y agosto de 2013. No reponer esos puestos es un lujo que la calidad del servicio no puede permitirse porque repercutirá  en la educación de nuestros estudiantes. Además, en el resto de consejerías no hay previsión de convocatoria pública de empleo para el 2013.

Lo que está claro es que esta política de personal del Ejecutivo va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos públicos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo. Esta situación, sin duda, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, además de una severísima regulación de empleo.