El pleno de la Asamblea de Extremadura del pasado jueves, convocado fuera del periodo parlamentario, para modificar la Ley de Suelo extremeña, la segunda en menos de 6 meses, ha revelado la postura común que defienden PSOE y PP y que se resume en que ambos partidos son ecologistas hasta que deciden lo contrario y legalistas hasta que la norma no se amolda a su planteamiento. Como diría Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gustan tengo otros.

Todo el mundo con dos dedos de frente está de acuerdo en que debe conjugarse medio ambiente y desarrollo. La dictadura del ecologismo es como cualquier otra, pero utilizar este discurso para tratar de ocultar una metedura de pata legislativa raya en el esperpento.

El caso del complejo turístico de Valdecañas, la Marbella extremeña como la llaman algunos, se asemeja un tanto al del Cubo de Biblioteconomía en Badajoz, aunque éste último no relacionado con la salvaguardia del medio ambiente sino del patrimonio arquitectónico. Ni en uno ni en otro caso se debe coger por la calle de en medio derribando lo que está construido; llega un punto en que es mejor dejar las cosas como están que echarlas abajo, pero de ahí a tratar de hacernos pasar por ingenuos va un trecho.

Decir como se ha dicho que ‘a lo mejor está mal redactada la ley’ es reconocer que el poder legislativo extremeño hace tan mal las cosas que luego pasa lo que pasa, que los jueces no se enteran. Vamos, es como si a Zapatero le hubieran pillado a 120 kilómetros por hora por la autovía un día después de aprobarse la rebaja a 110 y decidiera cambiar la norma para que los guardias civiles se enteraran mejor de lo que tienen que multar.

Ya se sabe que los políticos llevan mal la conjugación del verbo dimitir, pero deberían reconocer, al menos, que se han equivocado en lugar de presentarse como adolescentes a los que el poder judicial no entiende.

La Junta de Extremadura -con el beneplácito del PP, no hay que olvidarlo-, ya ha dicho que la Ley del Suelo no se modifica para ‘legalizar’ el caso de Valdecañas, sino para atender a casos similares que puedan presentarse en un futuro. Sin embargo, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, no ha tenido reparo en reconocer que tal modificación persigue también «garantizar» que el proyecto continúe adelante.

Confía el Ejecutivo en que el cambio del plan general municipal de donde se asienta el complejo turístico, en el municipio cacereño de El Gordo, sea suficiente para que el Tribunal Supremo le dé la razón en el recurso de casación ya presentado, pero no hay que olvidar que el residencial se aprobó en base a un Proyecto de Interés Regional (PIR) que es justo lo que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura esta semana.

Recorrido va a tener esta cuestión y el asunto se puede decir que está más que abierto. De momento, lo que queda en el ambiente es que las instituciones parece que jugaran con distinta baraja que el resto de los mortales. Eso hace que los ciudadanos lleguen a pensar que sus políticos se burlan de la división de poderes y del propio estado de derecho. Razones tienen.